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Opa hostil
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El pecado original que esconde el relevo de De Cos en el Banco de España

El sector financiero asume que el Gobierno podría saltarse el consenso con el PP ante el bloqueo en el CGPJ y nombrar a toda la cúpula del supervisor

El gobernador del banco de españa, Pablo Hernández de Cos.
El gobernador del banco de españa, Pablo Hernández de Cos.Pablo Monge

Arrancaba el mes de febrero de 2023 y una crisis inesperada sobrevolaba el Banco de España. Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, no estaba demasiado convencida de que el Partido Popular debiera retener la potestad de nombrar consejero para el supervisor. Tocaba sustituir a Fernando Eguidazu, elegido en su día por los populares y a quien vencía mandato. Supuraba, sin embargo, la herida de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y empezaba a fraguar la idea en los cuadros socialistas de no mantener artificialmente otros consensos que tradicionalmente habían funcionado en organismos clave de la arquitectura institucional del Estado. Finalmente, tras el trabajo de algunos hombres buenos y las llamadas a la responsabilidad de perfiles de su confianza, la hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) daba su brazo a torcer y Cuca Gamarra entraba en la negociación. Tras el fiasco que supuso la designación inicial de Antonio Cabrales, catedrático de la Carlos III que en 2018 había firmado una carta de apoyo a la prófuga independentista Clara Ponsatí, Génova terminó decantándose por el economista Fernando Fernández, actualmente en la cúpula de la institución.

Un año después de aquel episodio, la tragedia amenaza con alumbrar un segundo acto todavía más cruento, en tanto es mucho más trascendente lo que se dirime. No en vano, el próximo mes de junio vence el mandato de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España y, para su sustitución, está en juego el proverbial acuerdo según el cual el partido en el Gobierno escoge a la cabeza visible del supervisor, mientras que la oposición se encarga de designar al subgobernador. Aunque la fórmula en sí misma chirría, en la medida en que la ley que regula el funcionamiento del organismo es una ley “de autonomía”, que le deja formalmente al margen de cualquier instrucción del Gobierno o del ministerio económico de turno, lo cierto es que los partidos han tenido históricamente altura de miras en los nombramientos. De Luis Ángel Rojo a Jaime Caruana, pasando por Luis María Linde o el propio De Cos, los elegidos han sabido, por lo general y salvo excepciones bien documentadas, actuar con templanza y no menoscabar el prestigio de una institución que, al final del camino, no solo vela por la salud del sistema financiero, sino que cuenta con, probablemente, el mejor servicio de estudios del país.

Fuentes al corriente del proceso exponen que, en este punto de la ecuación y a apenas dos meses de que De Cos haga las maletas, cualquier acuerdo entre los principales partidos parece una utopía, después de que las conversaciones para la renovación de la justicia no solo no hayan avanzado, sino que acumulen retrocesos casi diarios. El mutis por el foro anunciado esta semana por Didier Reynders, el conservador comisario de Justicia designado para mediar entre los dos principales partidos, supone el último clavo en el ataúd de una proceso que se encamina hacia los seis años y amenaza con enfangar toda la legislatura. La decisión del político belga de adelantar su excedencia para optar a presidir el Consejo de Europa escenifica el fracaso de su mediación y obligaría a volver a empezar, con los efectos colaterales que puede provocar en el resto de consensos.

Desde el sector financiero se apunta, sotto voce, que si el Gobierno decide tirar por la calle de en medio y nombra a gobernador y subgobernador manu militari, el mandato de los elegidos, por muy conspicuos que sean los nombres, empezaría con un pecado original difícil de difuminar. No radica tanto el problema en la supervisión bancaria, eminentemente técnica y bajo el manto de Fráncfort, sino en cuestiones más domésticas y siempre susceptibles de interpretación. Pese a su probada independencia y su innata capacidad pedagógica, no ha estado ajeno a la crítica el propio De Cos cuando sus reflexiones en actos públicos o a través de los propios informes del supervisor interferían en un debate político cada vez más polarizado. No hay que hacer un gran esfuerzo para imaginar la subida de decibelios que puede producirse en la refriega si el tándem que asuma el cetro en el Banco de España responde a una elección partidista y sin contrapesos.

Desde los entornos socialistas se apunta sin ambages a la falta de liderazgo económico en el Partido Popular para apuntalar un eventual trágala. Nada, por otra parte, que no se reconozca entre bambalinas por reputados asesores de Génova. No falta quien señala, de hecho, la compleja convivencia de Juan Bravo, vicesecretario del PP a cargo del área económica en la estructura de la formación, con perfiles vinculados a la Fundación Reformismo21, el think tank promovido por la nueva dirección del partido y que encabeza Pablo Vázquez, ex director ejecutivo de Fedea. Su sombra y la del economista Luis Garicano, que en mayo de 2023 se incorporaba al proyecto, planea sobre el discurso económico popular sin que Feijóo termine de decantarse por una cara visible reconocida que marque la línea económica en su hoja de ruta. La consecuencia más inmediata es que el brío inicial de Feijóo en la materia, con largas charlas para exponer sus planes en entornos señeros como el Círculo Ecuestre catalán, ha terminado por esfumarse, también a lomos de debates más mediáticos, como el de la amnistía.

El debate en torno al Banco de España parece focalizado en los nombres para ­reemplazar al gobernador y en los temores entre alguno de los llamados a que negativas pasadas a Pedro Sánchez les jueguen una mala pasada y terminen por penalizarles. La designación de Carlos Cuerpo como ministro de Economía, sin ir más lejos, estuvo precedida de exploraciones previas que no cuajaron. El problema de fondo, empero, es el daño reputacional que amenaza a una institución que ha sido tradicionalmente un faro de la economía. Con otros organismos, como la autoridad de Competencia, varados por las mismas causas, es de esperar que el Banco de España concite más altura de miras. Solo cabe dar tiempo al tiempo.

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