El nuevo INI 2.0 que prepara Sánchez y los tres polos industriales que vienen
El nuevo holding público, apoyado en participaciones en Telefónica o una Indra que mira a Hispasat, coincide con cambios en un pilar industrial como Criteria
No era fácil pasar inadvertidos. Representantes de la saudí STC se personaron la semana pasada en el Distrito C para acercar posturas con la dirección de Telefónica tras su irrupción en el accionariado de la operadora española hace ya seis meses. Desde entonces, con el 5% del capital en el zurrón, el debate se ha establecido en torno al otro 5% que la firma árabe controla vía derivados. Esa cuota adicional es la que le obliga a pasar por las horcas caudinas del Consejo de Ministros, un paso que no parece razonable dar sin un guiño previo por parte del Ejecutivo. En esa calma chicha se mueven con sigilo y paciencia ambos jugadores, con movimientos sutiles pero significativos. Si inicialmente y de la mano de las empresas nacionales, el Gobierno llegó a contemplar un mapa accionarial en el que STC pudiera plantarse en el 5%, con un 15% en manos de inversores españoles (BBVA, Criteria y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), hoy por el Ejecutivo no pasa otra opción que no sea alcanzar el 10% del capital, en línea con el mandato otorgado a la SEPI por el Consejo de Ministros. Como adelantó hace apenas días el diario ABC, Santander tendría ya el encargo por parte de la entidad pública para avanzar en la adquisición de ese porcentaje. De hecho, fuentes conocedoras del proceso certifican que ya se están sondeando paquetes de títulos.
En paralelo, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, anunciaba en Barcelona, durante el pasado Mobile World Congress, la creación de un nuevo vehículo público, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), una suerte de repositorio para los fondos comunitarios destinados a la innovación tecnológica. De forma más o menos interesada, Escrivá dejó caer que englobar la participación en Telefónica en esa especie de holding tendría sentido. Siguiendo el hilo argumental, el 25% que atesora el Estado en Indra también encaja en ese proyecto. Esta misma semana, en la actualización de su plan estratégico, la compañía que preside Marc Murtra abrazaba la compra de Hispasat dentro de su programa de inversiones millonarias en defensa aeroespacial y tecnologías industriales. Solo esas dos inversiones, Telefónica e Indra, con una valoración conjunta cercana a los 3.000 millones de euros, se configuran como punta de lanza de un polo industrial con interés estatal que no asomaba en España desde el drástico proceso de privatización de los monopolios públicos iniciado allá por el año 1997. Está por ver que la SEPI, heredera del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) y bajo el bastón de mando de la vicepresidenta Montero, se rinda con armas y bagajes a los designios de Escrivá para crear un INI 2.0. Sus mayores tendrán que decidir entre control del gasto y sentido estratégico. Eso sí, más allá de cómo se estructuren las nuevas inversiones, el Gobierno de Sánchez, en línea con el nuevo proteccionismo que recorre Europa y que nunca abandonaron países como Francia, parece decidido a convertir al Estado en un nuevo player industrial.
En esta línea, en el sector privado también se señala a un foco de posible mayor actividad. El nombramiento de Ángel Simón como consejero delegado de CriteriaCaixa, un auténtico gigante con activos en cartera por valor de 26.400 millones, apunta a dinamizar la estrategia y la política inversora de la casa, que este año contará con 600 millones vía dividendos para la obra social. Lejos de otros tiempos marcados por dolorosas desinversiones, como las de Veolia o Abertis, o más recientemente por asistir como un actor de reparto a las tribulaciones de los fondos en Naturgy, no sería de extrañar que Simón dotara al grupo de un papel más activo y protagonista en la conformación de las políticas industriales. La incorporación de un gestor de larga trayectoria para desarrollar la operativa de CriteriaCaixa tampoco debería pasar por alto al Ejecutivo, que va a contar en su acervo con participaciones relevantes que no deberían moverse en función del interés político o partidista de turno sino, más bien, en función del criterio de ejecutivos profesionales. Ancla industrial y a menudo albacea de la esencia de proyectos empresariales controlados por los fondos -la evolución y los recientes cambios en la cúpula de Cellnex son un claro ejemplo-, la potencia de fuego de la entidad -también principal accionista de CaixaBank con un 30-%, está llamada a jugar un papel incluso de mayor influencia en la política industrial si así lo decide.
Frente a esos dos nuevos polos emergentes, un tercer frente viene a complicar la ecuación. El tejido empresarial español, por el reducido tamaño de las compañías, sus capitalizaciones bursátiles e incluso por la falta de núcleos accionariales nacionales, no deja de estar al albur de opas hostiles o de compañeros de viaje no deseados. Se pudo comprobar con la irrupción de los australianos de IFM en Naturgy -”entraron por la ventana”, comentaba entonces con ironía una fuente cercana al proceso- o con el órdago en Telefónica de los saudíes, para quienes el desembolso por ese 10% -unos 2.100 millones- apenas supone peanuts. Se suman a episodios históricos como Endesa, Altadis, Iberia o la propia Abertis. La apuesta de la húngara Magyar Vagon por tomar el control de Talgo es el último ejemplo de esas interferencias. La reacción del Ejecutivo, de oposición abierta a la transacción, se compadece bien con la política industrial más intervencionista que apunta y con no perder empresas ligadas a la innovación, si bien su disgusto abre el debate sobre dónde marcar en rojo la línea de lo estratégico.
Al margen del futuro de la empresa ferroviaria, un referente en desarrollo tecnológico y reconocido objeto de deseo de los propios inversores húngaros por su know-how y sus ingenieros, ya es malo en sí mismo que, actualmente y sin la opa magiar, Talgo carezca de salidas a sus problemas de entregas y lleve años en manos de fondos de inversión. Para sostener la prédica industrial, nuevo paradigma de la legislatura, no basta vetar, toca dar trigo. Veremos la fórmula que elige el Gobierno.Un auténtico tour de force.
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