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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Una decisión clave para el consumidor financiero

El dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE sobre la demanda colectiva contra las cláusulas suelo puede ser la antesala de una sentencia de gran envergadura para todo el sector

CINCO DÍAS
Sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en Luxemburgo. Reuters
Sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en Luxemburgo. Reuters

El respaldo del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE a la macrodemanda presentada por Adicae contra las cláusulas suelo, que actualmente está siendo examinada en el Tribunal Supremo, puede ser la antesala de una decisión judicial de gran envergadura y con efectos en todo el sector financiero español. El dictamen del abogado general, cuya postura suele seguir el tribunal comunitario, señala que las demandas colectivas, como la de Adicae, pueden utilizarse para solicitar el control de legalidad y transparencia de cláusulas incluidas en múltiples contratos –como es el caso de las cláusulas suelo– lo que permitiría prohibir judicialmente no solo su uso actual, sino también futuro en todo el sector.

El abogado general responde así a una consulta planteada por el Tribunal Supremo, enfrentado por primera vez a la necesidad de decidir sobre la legalidad de una multiplicidad de cláusulas contractuales similares mediante una demanda colectiva. La doctrina del alto tribunal español sobre el control judicial se centraba hasta ahora en la revisión de contratos concretos, una tutela que resulta más difícil de realizar, sostiene el Supremo, si la demanda hace referencia a una multitud de acuerdos, como es el caso de la planteada por Adicae, dirigida contra más de un centenar de instituciones financieras y que afecta a numerosos contratos.

Para calibrar el alcance del dictamen del abogado general europeo hay que recordar que las acciones colectivas se utilizan para la reclamación de daños y perjuicios por parte de una pluralidad de damnificados, no para solicitar la declaración de ilegalidad de acuerdos o contratos. La ventaja de utilizar este instrumento para impugnar las cláusulas suelo es que no solo permitiría cuestionar los contratos ya existentes, sino también impedir en el futuro pactos o acuerdos similares.

Si el Tribunal de Justicia de la UE hace suya la postura de su abogado, y declara que no hay nada en la normativa europea sobre cláusulas abusivas que impida revisar su transparencia mediante una demanda colectiva, el Supremo puede abrir la puerta a la posibilidad de impugnar de forma masiva y con mayor efectividad cláusulas contractuales que perjudiquen a una pluralidad de consumidores. Una decisión que reforzaría notablemente la protección de estos y mejoraría el control judicial de los posibles excesos de la contratación en masa.

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