Adiós al software de doble uso: hacia una mayor transparencia empresarial
La herramienta ha permitido a las empresas ocultar a Hacienda las ventas e ingresos reales y ha facilitado las contabilidades B
El pasado 5 de diciembre se aprobó el Real Decreto 1007/2023, conocido como Reglamento de la Ley Antifraude, que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos utilizados para la facturación de empresarios y profesionales. El objetivo de esta normativa es combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, poniendo especial atención en la utilización del denominado software de doble uso o de supresión de ventas, que permite alterar u ocultar datos. Pero más allá de este propósito, la aprobación de este Real Decreto supone un paso más en un escenario normativo en constante evolución que impulsa la transformación digital del tejido empresarial y, en consecuencia, el desarrollo económico y la competitividad.
Esta nueva regulación establece requisitos para los sistemas y programas informáticos de facturación con el fin de que puedan garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación conforme a la Ley General Tributaria. Así, tras su aprobación, se requerirá la generación de un registro de facturación de forma simultánea o inmediatamente anterior a la emisión de cada factura, detallando toda la información fiscal relevante; también se deberá generar un registro de anulación en caso de errores, y todos ellos deberán ser firmados electrónicamente. En el caso de utilizar sistemas de emisión de facturas verificables que permitan la remisión automática de registros a la Administración Tributaria (sistemas VeriFactu), se presumirá que cumplen los requisitos y se eliminaría la obligación de la firma electrónica.
Las empresas y profesionales que utilizan software de facturación deberán tener sus sistemas adaptados antes del 1 de julio de 2025, mientras que los fabricantes de software deben adaptar sus soluciones en un plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial que concretará especificaciones técnicas y funcionales y que debe aprobarse próximamente.
El software de doble uso permite a las empresas ocultar a Hacienda las ventas e ingresos reales, facilitando así la realización de contabilidades B. Esta práctica plantea serios desafíos a la integridad del sistema tributario y afecta directamente a la transparencia de los registros de facturación. Con la prohibición de este tipo de software, se fortalece la honestidad empresarial y se fomenta un entorno fiscal en el que las operaciones se reflejen de manera veraz, promoviendo la confianza en el ámbito empresarial.
La Ley Antifraude demuestra un firme compromiso por parte del Gobierno en la lucha contra los pagos en negro que afectan a numerosos negocios en España. Así, la medida será de vital importancia para la integridad del tejido empresarial español en su conjunto: al erradicar prácticas que propician el fraude fiscal y la economía sumergida, esta normativa contribuirá no solo a mejorar la transparencia financiera de las empresas, sino también a fortalecer la confianza en el entorno empresarial. La prohibición del software de doble uso en los sistemas de facturación no solo asegura la legalidad y la integridad en las operaciones comerciales, sino que también impulsa un ambiente empresarial más justo y equitativo.
Con la regulación de la utilización del software de doble uso, las empresas desarrolladoras de software emergen como actores centrales en la implementación de la nueva normativa. Al establecer requisitos precisos para los sistemas y programas utilizados diariamente en la facturación por parte de empresarios y profesionales, los productores y comercializadores de software desempeñarán un papel protagonista, con una responsabilidad fundamental al proporcionar a las empresas programas adaptados a los criterios establecidos en la nueva normativa.
De esta forma, las entidades públicas, las empresas de software y el colectivo empresarial convergen hacia un mismo propósito: dar un paso hacia la mejora del cumplimiento tributario y la lucha contra el fraude fiscal a través de la regulación del software. Más allá de ser un desafío, esta normativa se revela como una oportunidad para las empresas, ya que no solo garantiza transparencia, sino que también impulsa la digitalización y fortalece la competitividad de los negocios. Este Real Decreto refleja un compromiso con un entorno empresarial transparente, eficiente y honesto, pero también marca el camino hacia un escenario digital y competitivo en el que las compañías pueden dibujar una nueva era empresarial más sólida y dinámica.
Èlia Urgell es Senior Product Manager de Fiscalidad, Contabilidad y Facturación en Wolters Kluwer Tax & Accounting España
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