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Opa hostil
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El adiós de Calviño y el superministro que vendría para controlar la SEPI

La vicepresidenta puede presidir el BEI o salir en junio hacia la Comisión. Su sustituto gestionará el papel del Estado en las empresas y el ‘affaire’ catalán

Nadia Calviño
a vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño,Juanjo Martín (EFE)

El plácet de Junts a la investidura de Pedro Sánchez permite pasar de las musas al teatro y derivar el foco a la esperada formación de Gobierno. Con una vacante de relumbrón marcada en rojo por el líder socialista. El casi seguro adiós de Nadia Calviño, en directo o en diferido, abre un hueco de notables proporciones en el gabinete, frente a un escenario de creciente desaceleración económica y ante la nueva relación que se abre del Ejecutivo con las empresas. “La comisión de servicio ha terminado”, se asegura sotto voce desde el entorno de la vicepresidenta para dar a entender que el paso de la economista gallega por la política española ha tocado a su fin. Harta de estar harta de las informaciones periodísticas sobre los presuntos tratos de favor a su familia, a menudo percibidas como tendenciosas y parte de una campaña, y sin haber perdido nunca sus vínculos bruselenses, está decidida a buscar pastos más verdes. Tampoco irá mal el cambio de aires a sus finanzas, a tenor de los más elevados sueldos que perciben los funcionarios comunitarios, además, libres de impuestos.

El cambio puede producirse en directo si finalmente su candidatura para el Banco Europeo de Inversiones (BEI) sale adelante. El nuevo presidente de la institución debe estar operativo el 1 de enero y la cercanía de esos plazos le alejarían de participar, si Sánchez así lo decidiera, en cualquier plan de transición dentro del nuevo Ejecutivo. No obstante, fuentes al tanto del proceso explican que su designación no está ni mucho menos cerrada. La derrota de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, a manos de la alemana Buch, para dirigir el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), no pone la alfombra roja a Calviño, por mucho que en determinados círculos políticos y económicos se vendiera ese sacrificio para allanar el camino de la ministra de Asuntos Económicos. El fiasco con la subgobernadora, que la diplomacia económica española explica entre bambalinas por las malas artes de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, prueba una vez más el peso alemán y francés en estas designaciones, un mando en plaza que podría escenificarse de nuevo y hacer caer la balanza de un lado o de otro en el BEI. Es ya lugar común que la sede de la agencia Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA por sus siglas en inglés), anhelada por París, podría jugar un papel como moneda de cambio. Además, Francia desea certezas sobre la financiación de proyectos nucleares por parte de quien asuma la presidencia del organismo. Más inconfesable sería el deseo galo de que la comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, principal competidora de Calviño, acceda al cargo y pase a mejor vida su celo como azote de las operaciones de concentración, para algazara de su colega en el principal órgano de gobierno comunitario, Thierry Breton.

Si a corto plazo Calviño pierde la pelea por el BEI y Sánchez la mantiene como ministra de primeras dadas, es más que probable que salga del Gobierno en diferido, tras las elecciones al Parlamento Europeo del mes de junio. No en vano, después de esos comicios seguirá la formación de una nueva Comisión, para la que abandonará el puesto de vicepresidente Josep Borrell. Ese escenario permitiría a Sánchez orquestar una sucesión más sosegada y, quién sabe si, tal vez, matar dos pájaros de un tiro. Precisamente en el mes de junio vence el mandato de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España, un cargo para el que no existe prórroga posible. Hay candidatos, de hecho, que por formación y curriculum podrían aspirar legítimamente a ambas demarcaciones. En boca de todos quienes hacen quinielas está el nombre de José Luis Escrivá, actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, economista que, durante el último Ejecutivo del Partido Popular, ya ocupó un órgano independiente de las administraciones públicas y de control del Gobierno como la Airef. Para liderar el supervisor, es habitual escuchar nombres ilustres como José Manuel Campa o David Vegara, ambos con responsabilidades en el área económica de pasados gabinetes socialistas y con puestos de primer nivel en el FMI o las instituciones comunitarias. Tampoco se descarta el ascenso de Margarita Delgado, con un perfil técnico a prueba de bomba en el área de supervisión.

Por otra parte, al elegido para coordinar el área económica, además del obvio hilo directo con Bruselas y Fráncfort, se le atisba en esta legislatura un marcado carácter político, un desempeño donde Calviño no siempre se ha sentido cómoda y a menudo sonó impostada. Para empezar, el hecho de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita orgánicamente al Ministerio de Hacienda, parezca llamada a convertirse en un herramienta cada vez más utilizada para el blindaje de empresas estratégicas obligará a un mayor esfuerzo de gestión entre bambalinas por parte del área económica, también de la mano de Moncloa. No tiene sentido que sea Hacienda, un mero controller del gasto, el departamento clave en la gestión de esa instancia. De hecho, el Estado no solo atesora un 17% en CaixaBank, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), o un 25% en Indra, sino que, con el argumento de respaldar la españolidad de las firmas, estudia entrar en el accionariado de Telefónica tras la irrupción en la teleco de la operadora saudí STC. Más allá de la tesis de ciertos sectores liberales, según la cual parece razonable dar entrada a otros países a través de sus fondos en empresas estratégicas y no a España a través del suyos, lo cierto es que la aparente involución al proceso de privatizaciones arrancado hace más de dos décadas obligará a hilar fino para moverse en las complejidades y la gobernanza de empresas cotizadas.

Además, el plan para “promover” el regreso a Cataluña de las empresas que se fueron por el procés pactado por PSOE y Junts precisará de enorme talento y mano izquierda, con la vista puesta en el medio y largo plazo. Las firmas de histórica presencia en la región se marcharon tras el 1-O por razones de realpolitik y, aunque ilustres ejecutivos y accionistas de esas casas nunca han superado el desgarro de la partida y con seguridad abrigan en su fuero interno la posibilidad de retornar a sus raíces, la realidad es que no se dan las condiciones de estabilidad y seguridad jurídica que respalden un movimiento que podría poner en riesgo el valor de sociedades en muchos casos cotizadas. La política del palo y la zanahoria, para los socios de gobierno, y el cortejo a las empresas, en paralelo, requerirá liderazgo. Un nuevo paradigma frente a un mar de presiones.

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