Por qué BBVA apartó a auditoría interna, una línea de defensa clave ante Villarejo
El banco confió la investigación a Garrigues y PwC, decisión que la sacó de la órbita del consejo y derivó en un ‘forensic’ parcial para Torres y otros ejecutivos
La moderna teoría académica sobre compliance hizo fortuna con un concepto que las organizaciones se han esforzado en aplicar casi al milímetro. Se trata de las denominadas Tres líneas de defensa, una estrategia dirigida a blindar las compañías ante amenazas de toda índole. La primera línea la formarían quienes ejecutan y desarrollan el negocio. En la segunda se situarían las estructuras que les dan soporte, véase los departamentos legales, financieros o de recursos humanos. Finalmente, la tercera es la que tiene el estricto objetivo de defender y blindar a la firma, constatando que las dos primeras líneas hagan su trabajo de forma correcta. Es esencial, y ahí se sitúa auditoría interna.
Como ha publicado CincoDías, BBVA prescindió de esta área en su comité de corporate assurance (o de prevención de delitos) y la relegó en su investigación forensic, encargada a una consultora y un bufete externos. Eso sucedió en un momento capital del caso Villarejo, asunto que desde hace cinco años instruye la Audiencia Nacional por presunto cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Como telón de fondo, la contratación de Cenyt, la red empresarial del comisario, y un pago de facturas que ascendió a 10,3 millones de euros.
Según las actas del citado comité de assurance, a las que ha tenido acceso este diario, el 18 de enero se celebró la primera reunión presidida por Carlos Torres en su condición de máximo mandatario de la entidad tras la salida de Francisco González. En ese cónclave estuvieron presentes el nuevo responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari, y su antecesor en el cargo, José Luis de los Santos. Seis meses después, en la siguiente constitución de la mesa el 27 de junio, ya no quedó ni rastro de esa división.
Llama la atención porque, de hecho, en la reunión del 18 de enero se le había encargado de forma fehaciente, dentro del governance de la investigación, “la revisión de correos, cuentas corrientes y análisis de patrimonios”. Preguntadas por la decisión, fuentes oficiales del banco reconocen de forma implícita la ausencia de esta estructura y el carácter estratégico de la decisión, al asegurar que “a partir de mediados/finales de enero de 2019 se decidió ampliar el alcance de la investigación y contratar a PwC, a través de Garrigues y Uría, para que a partir de entonces realizaran ellos la investigación/forensic frente a auditoría interna hasta entonces”.
Sin entrar a valorar si tiene o no sentido dejar la investigación en manos externas, lo cierto es que una decisión de ese calado tuvo consecuencias. Desde el punto de vista teórico, es evidente que se prescindió de un pilar clave en la gestión de la gobernanza de la sociedad, según constata cualquier guía de gobierno corporativo. No en vano, auditoría interna cuenta tradicionalmente entre sus atribuciones con asesorar y reportar directamente al Consejo de Administración.
De hecho, en su declaración como testigo en julio pasado, el secretario general del banco, Domingo Armengol, deslizó que las comunicaciones que recibió el máximo órgano de representación de la sociedad respecto al caso Villarejo tuvieron un contenido más formal que de fondo. “Se ha venido reportando al consejo de administración de forma consistente y relevante (...) Primero se explicó el caso porque no se conocía, y luego sobre cómo se ha ido desarrollando la estrategia directa del grupo, que le corresponde a la directora de los servicios jurídicos [María Jesús Arribas], se ha venido explicando junto con los abogados externos del grupo, que son quienes determinan la estrategia procesal, qué es lo que se ha venido haciendo (…) Por supuesto esto es un tema que corresponde al ámbito ejecutivo, ellos lo deciden y se informa al consejo. Y es más una cuestión de procedimiento que de contenido”.
La declaración de Armengol no tiene desperdicio, en tanto alumbra cuestiones más prácticas. Según confirma, quien asume el control de la investigación forensic externa es la responsable de Asuntos Jurídicos, María Jesús Arribas. De hecho, ella sí conservó su posición en el comité de corporate assurance en todo momento, es decir, estuvo en enero y permaneció con posterioridad. También se constata la particularidad de su estatus, es decir, que a diferencia de auditoría interna y su relación estrecha con el consejo de administración, Arribas reportó directamente al presidente y al poder ejecutivo del banco.
Las reflexiones del secretario general son consistentes con otra documentación que obra en la causa. Fue Arribas quien, en una nota interna remitida el 14 de enero de 2019, nada más sustituir a Eduardo Arbizu al frente del departamento, revelaba el nombre de los directivos que debían ser priorizados en las indagaciones llevadas a cabo por el banco para depurar responsabilidades por la contratación del policía. Finalmente, los correos, archivos y datos del presidente del BBVA y del que fuera su hombre de confianza durante años en el banco, Ricardo Forcano, no fueron cruzados con otros ejecutivos ni constan en su integridad en el sumario. De Forcano, por ejemplo, dependió entre 2016 y 2018 el área de Seguridad, en la que operaba Julio Corrochano, uno de los principales imputados. Tampoco se encuentran íntegros los datos de Juan Asúa, senior advisor de Torres.
Fuentes próximas al proceso aseguran que la pretensión estratégica del banco de excluir a auditoría interna del procedimiento comenzó con José Luis de los Santos, antecesor de Gortari, en la parte final de 2018. Finalmente, Gortari se habría mostrado más proclive a rubricar y formar parte de esa decisión. Ni el banco quiso pronunciarse oficialmente sobre ese hecho concreto ni el propio Gortari quiso atender las preguntas de CincoDías. Se produjera o no ese plácet, verbal o por escrito, auditoría interna pasó a un segundo plano y la investigación externa tomó el control y diseñó el forensic. Arribas, al ser llamada como testigo por el juez García-Castellón, se acogió al secreto profesional y prefirió no declarar. De esa negativa salió la citación de Torres para el próximo lunes. El juez siente que “la necesidad de conocer lo sucedido internamente en el BBVA en la fase posterior a junio de 2018 resulta de especial importancia en el presente procedimiento”. Torres, tras un lustro de instrucción sin pasar por el juzgado, tiene una oportunidad de oro.
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