Populismo fiscal o justicia social: esa es la cuestión
El problema de España no es la presión fiscal, sino su distribución entre los diferentes percentiles de renta. No se trata de recaudar mucho más, sino de hacerlo de forma más equitativa
Muchas son las voces que reclaman la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, y muchas son también las críticas al impuesto sobre las grandes fortunas. Aunque personalmente puedo compartir muchas de ellas, ninguna plantea la necesidad de reconsiderar la fiscalidad de la riqueza. Sin duda, los políticos no contribuyen a ello. Para ellos, la justicia social es una especie de lucha de clases. De ricos y pobres. Una especie de Robin Hood o cruzada fiscal.
Sin embargo, la justicia social es el objetivo de cualquier sociedad. Cosa distinta es qué entendemos por una sociedad justa; cuestión, nada más ni nada menos, que es el objeto central del debate de la filosofía política.
Pero sea cual sea nuestra concepción sobre la misma, creo que estaremos de acuerdo en que uno de sus pilares es la igualdad de oportunidades. Igualdad, sin embargo, que no garantiza por sí sola una equitativa distribución de la riqueza.
Esa falta de equidad distributiva produce una desigualdad económica que, por sí sola, no es justa ni injusta. Desigualdad que obedece, entre otras razones, a que la riqueza fruto del crecimiento económico no se distribuye de forma equitativa entre quienes contribuyen a crearla.
La igualdad de oportunidades no es, pues, suficiente para que la riqueza se reparta equitativamente. El mercado, el azar, nuestros orígenes, nuestro entorno, y un cúmulo de circunstancias, producen una desigualdad tan injusta como natural. Y por ello, uno de los objetivos que la política fiscal tiene es corregir tales desigualdades en la medida que produzcan exclusión social.
En este contexto, una sociedad justa requiere ayudar a quienes por las razones que fuere se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esto no significa castigar a los ricos en favor de quienes no lo son. Significa una distribución más equitativa de la riqueza a través de políticas de gasto dirigidas a los más desfavorecidos.
Se trata, por tanto, de un problema de justicia social en el contexto de una sociedad orientada al bien común y no a maximizar el bienestar material e individual de cada uno de nosotros. El objetivo, por el contrario, es el bienestar de la sociedad en su conjunto, y de un reconocimiento, insisto, de que la igualdad de oportunidades formal se aleja, por circunstancias ajenas a cada uno de nosotros, a la igualdad de oportunidades real.
En este contexto, el gravamen sobre la riqueza no persigue penalizar a quienes más tienen, sino a corregir aquellos casos de vulnerabilidad que la igualdad formal de oportunidades no ha podido evitar.
Llegados a este punto, hay que tener también en cuenta que la riqueza fruto del trabajo no es comparable a la riqueza fruto de la especulación. Mientras que la primera contribuye socialmente al bien común, es más difícil sostener que la segunda contribuye al mismo de idéntica forma. Es, pues, necesario primar también el factor trabajo; el capital humano.
Por tal motivo, es necesario que la fiscalidad discrimine positivamente la riqueza procedente del trabajo, con relación a la que tiene su origen en otros factores distintos, como la especulación, y de aquella otra que no cumple con la función social que la Constitución atribuye a la propiedad.
Y de ahí la injusticia, entre otros, del Impuesto sobre el Patrimonio en su actual configuración. Y de ahí, también, el engaño del impuesto sobre las grandes fortunas. Engaño, digo, porque no es cierto que grave todos los patrimonios en donde la riqueza se concentra con mayor intensidad. Buena prueba de ello es la poca recaudación que el impuesto ha tenido. Y de ahí, también, que la progresividad del sistema tributario en su conjunto sea una verdadera farsa.
Nuestro problema no es de presión fiscal, sino de su distribución entre los diferentes percentiles de renta. No se trata por tanto de recaudar mucho más, sino de hacerlo de forma más justa.
Se trata, pues, de que la presión fiscal se distribuya mejor en términos de progresividad. Y eso solo se consigue aumentando la tributación de unos y disminuyendo la de los otros.
La solución no es fácil. Y no lo es porque no se trata tan solo de la progresividad en el IRPF, sino de la progresividad del sistema fiscal en su conjunto, situación que exige una revisión global de nuestro sistema tributario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, que no son más que un impuesto más sobre el trabajo.
Esta desigual distribución de la presión fiscal es la consecuencia del esfuerzo fiscal al que reiteradamente se apela. Pero esto no significa, como se dice, que paguemos muchos impuestos, sino que se distribuyen de forma desigual, concentrándose más en rentas medias y bajas.
Todo ello exige un replanteamiento de la fiscalidad en su conjunto y de la riqueza en particular, y una fiscalidad orientada a la justicia y no a la recaudación. Una fiscalidad que no sea el resultado de compromisos electorales, sino de un modelo en concreto de sociedad.
Los impuestos hacen ganar y perder elecciones. Pero estos no pueden ser el resultado de compromisos clientelares interesados, sino de un debate social sobre su necesidad, destino y distribución. De un debate sobre los valores en los que cualquier modelo fiscal se ha sustentar.
Lo importante no es recaudar. Lo importante, para mí, es un sistema tributario que se perciba como justo y que sea el reflejo de un modelo de sociedad justa. Pero para ello hay que dejar a un lado los populismos, el clientelismo, y los intereses particulares, y poner sobre la mesa la inequidad de nuestro sistema tributario en su conjunto.
Antonio Durán-Sindreu Buxadé es profesor de la UPF y socio director de DS
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