¿Qué Europa queremos, la de los lobbies o la de la ciudadanía?
El retraso de la entrada en vigor de la norma Euro 7 es una señal más de que las decisiones en la UE están secuestradas por grandes grupos económicos
El Consejo de Ministros de Industria y Comercio de la Unión Europea (UE) ha aprobado este lunes el retraso de la entrada en vigor de la norma Euro 7 sobre emisiones de vehículos para coches y furgonetas, como continuidad a la Euro 6 de 2014. Esto supone un retardo en el avance hacia la sostenibilidad de la movilidad y el transporte, de la descarbonización de la economía y del proceso de erradicación de la de...
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El Consejo de Ministros de Industria y Comercio de la Unión Europea (UE) ha aprobado este lunes el retraso de la entrada en vigor de la norma Euro 7 sobre emisiones de vehículos para coches y furgonetas, como continuidad a la Euro 6 de 2014. Esto supone un retardo en el avance hacia la sostenibilidad de la movilidad y el transporte, de la descarbonización de la economía y del proceso de erradicación de la dependencia de los combustibles fósiles. Otra zancadilla más que nos impedirá cumplir los compromisos asumidos para luchar contra el cambio climático.
La decisión se ha adoptado por la presión del lobby empresarial de fabricantes de automóviles y supone retrasar dos años los objetivos establecidos, poniendo en duda la fecha de 2035 que marca el fin de la comercialización de vehículos de combustión interna con combustibles de origen fósil. Aunque de forma tímida, el Consejo ha dicho que la fecha de 2035 se mantendría, pero, a tenor de la capacidad y fuerza demostrada por el lobby automovilístico para retrasar la Euro 7, se abren muchas incertidumbres sobre que no se vaya a producir una nueva marcha atrás.
Esta decisión se adopta en paralelo al reconocimiento de que las ayudas a la industria china para la movilidad eléctrica están suponiendo que nuestra industria automovilista no pueda competir en precios con la oferta de vehículos procedentes de este país, situación que intentamos combatir sin aumentar nuestra ambición y velocidad de cambio y sí reforzando el mantenimiento del pasado.
Esta situación no es nueva; hemos visto como el Grupo Magritte, que acoge a las mayores empresas eléctricas europeas, fue el gran promotor del mantenimiento del marginalismo en la fijación de precios del mercado mayorista europeo, a pesar de los esfuerzos desarrollados por el Gobierno de España para adoptar un modelo de fijación de precios con una mayoría de generación de electricidad no fósil, que hubiera supuesto no solo poder aprovechar los efectos de la reducción de costes de generación de electricidad con fuentes renovables, sino también evitar la transferencia de rentas que se ha producido de los consumidores al sector eléctrico tradicional. Hemos decidido que la solución a esta situación era la aprobación de un impuesto extraordinario sobre las ganancias extras obtenidas, antes que resolver el problema del mal funcionamiento del mercado que ha permitido esta transferencia de rentas.
Europa siempre ha sacado pecho por la existencia y la operatividad de los lobbies sectoriales, aduciendo que su reconocimiento y actuación en abierto está en línea con las exigencias de gobernanza y transparencia de sus logros. Pero, se olvida de que ese poder va en detrimento de los derechos que la ciudadanía europea tiene para que se defienda el bien común frente a los intereses particulares de unos pocos que, además, están anclados a un pasado que no quieren abandonar hasta haber extraído el último euro de beneficio, aunque esto suponga ahondar en el retraso del cambio tecnológico e industrial que brinda la transición ecológica.
Mientras China y Estados Unidos apuestan por apoyar presupuestariamente de forma decidida las nuevas tecnologías, como pueden ser la fabricación de vehículos eléctricos, de aerogeneradores, de paneles fotovoltaicos, de baterías, de electrolizadores, de electrónica de potencia…, en Europa levantamos la señal de disconformidad y de ilegalidad de las ayudas de estado para la protección de la nueva industria en el exterior y amenazamos con medidas arancelarias, en lugar de destinar, de forma decidida, fondos para consolidar nuestra apuesta no solo como usuarios que somos de las tecnologías sostenibles, sino también como propietarios de la industria que las sustenta.
Estamos viendo cómo, año a año, nuestra industria de aerogeneradores o de paneles fotovoltaicos presenta resultados negativos por la existencia de un mercado que hemos generado nosotros mismos, presionando las características de la oferta de equipos con el único fin de reducir el coste de generación del kWh. Y esto pasa sin que la Comisión Europea (CE) ni los ministros de industria y comercio hayan hecho nada para solucionarlo, pensando que la solución es incrementar los objetivos de potencia en un mercado en el que se vende a pérdidas, tanto por su mal diseño como por permitir que parte de la oferta venga dopada desde el exterior.
Necesitamos una UE que impulse que los Estados miembros sean emprendedores para que tutelen una industria que vaya a favor del futuro y no se quede anclada en la defensa del pasado. Si no es así, estas medidas solo favorecen la ineficiencia y trasladarán una señal de que los lobbies tienen suficiente poder como para seguir doblando el brazo de los diferentes estados miembros.
Europa ha asumido, con las diferentes directivas en materia de transición energética, el liderazgo para cambiar el modelo energético, como demuestra la última Directiva 2023/1791 de eficiencia energética recientemente aprobada. Estas decisiones del Consejo de ministros solo sirven para introducir dudas sobre nuestro verdadero empeño y sobre quién manda, en definitiva, en la UE.
Hemos evolucionado y pensamos en Europa como una defensa de lo común, como una apuesta por el bienestar de la ciudadanía, por no dejar a nadie atrás, por la solidaridad con los que llegan, pero, desgraciadamente, cada vez con más frecuencia, nos damos cuenta de que, como defendía Polanyi, la sociedad está subordinada a un mercado regido no por criterios de utilidad, sino por mantener el crecimiento y la rentabilidad.
En junio de 2024 se celebrarán elecciones europeas y será el momento para que los diferentes partidos políticos nos digan qué Europa quieren: una que represente a sus orígenes como defensa exclusiva de intereses económicos y monetarios o una Europa más social en la que se anteponga el bien común de todos al interés económico de unos pocos. La decisión adoptada esta semana es una señal más de que las decisiones políticas están secuestradas por los grandes grupos económicos y que la Europa de hoy dista mucho de ser la Europa que todos anhelamos.
Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovables
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