Una regulación de los VTC equilibrada, armonizada y racional
Más allá del resultado de las demandas patrimoniales del colectivo contra las comunidades autónomas, urge abordar una reforma de la caótica normativa actual
Cuando el pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia de la UE declaró contrarias al derecho comunitario las limitaciones impuestas en Barcelona a las licencias de los VTC (vehículos de transporte sin conductor), restricciones que se aplican también en otras regiones de España, se sentaron las bases para una hipotética lluvia de demandas contra la Administración por parte del colectivo. Apenas dos meses después, el Tribunal Supremo afirmaba en otra sentencia que la instancia administrativa a la que las compañías de VTC podrían reclamar presuntos daños –tanto por restricciones ilegales como por la ausencia de normativa– no era el Estado central, sino las comunidades autónomas, a las que el denominado decreto Ábalos de 2018 transfirió las competencias en esta materia.
La combinación de ambos fallos ha abierto la puerta a la preparación de las primeras demandas por este motivo. De momento, Moove Cars, participada en un 30% por Uber, y Auro planean interponer reclamaciones por unas 2.250 licencias en total, lo que podría traducirse en la petición de indemnizaciones por unos 120 millones de euros, calculados en función del valor de las licencias en cada región. Por su parte, Cabify no ha hecho pública todavía cuál será su estrategia, aunque no es improbable que se sume a esa cascada de reclamaciones, dado que la sentencia del Supremo se dictó precisamente en respuesta a una demanda de una filial de esta compañía.
Pese a que el fallo del Tribunal Supremo respaldó la legalidad del decreto Ábalos, fue esa regulación de 2018 la llave que abrió la puerta al caos regulatorio que rige actualmente en la actividad, y que comprende territorios donde no hay regulación, territorios con regulación favorable a las VTC y otros en los que existen restricciones ilegales, como es el caso de Barcelona, tal y como declaró el Tribunal de Justicia de la UE. El denominado decreto Ábalos, que se aprobó para mediar en el conflicto abierto entre el taxi y los VTC, creó una paz frágil, precaria y temporal, y trasladó finalmente a las comunidades autónomas y ayuntamientos la potestad para regular el sector tras una moratoria de cuatro años. El final de la moratoria, que se produjo en septiembre de 2022, inauguró la etapa actual, caracterizada por la multiplicidad de regulaciones en unos territorios y la ausencia de ellas en otros.
Más allá del resultado de las demandas patrimoniales, parece evidente la necesidad de abordar una reforma de la regulación actual de los VTC frente al taxi que resulte equilibrada, armonizada y racional, y que garantice la competencia, evite los abusos y proteja los derechos del consumidor.
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