Es hora de modernizar la negociación colectiva del sector postal y la paquetería

Urge abrir el debate sobre la necesidad de reordenarlo económica y regulatoriamente

La digitalización está produciendo un proceso de profunda transformación económica. Avances vinculados a esta, como las plataformas, están cambiando nuestras vidas. Gracias a ellas, hoy es posible tener en nuestros hogares, en poco tiempo, una amplia variedad de productos con tan solo tocar la pantalla de un teléfono móvil. La revolución de las plataformas y la logística no solamente está desarrollando de forma exponencial las actividades de transporte y paquetería, sino que está cambiando su morfología.

El resultado final de este proceso es un mercado cada vez más heterogéneo en cuanto a las actividades que se desarrollan, las estrategias que se aplican y los sujetos que concurren. Tal rasgo no se ve amortiguado por la regulación legal, que no propicia un deslinde de actividades claro, lo que en parte se compensa con la posibilidad de que diferentes sujetos puedan prestar de forma flexible servicios postales y de paquetería o transporte. Esta opción flexible a priori no resuelve todos los problemas, pues el concreto encuadre de la actividad que se realiza es una cuestión relevante en algunos sectores del ordenamiento jurídico.

Tal es el caso, por ejemplo, del laboral y social. La estructura de la negociación colectiva del sector postal y de la paquetería traslada miméticamente la heterogeneidad denunciada al ámbito de las condiciones de trabajo. Así, tres convenios estatales y un sinfín de convenios provinciales, con situaciones jurídicas, orígenes históricos y contenidos muy diversos muestran muy a las claras cómo ha evolucionado y cómo es al sector, pero no sirven a la que debiera ser su principal función: propiciar un marco único, claro y estable para el desarrollo de las relaciones de trabajo y productivas.

Esta es una cuestión no menor si se tiene en cuenta que las condiciones de trabajo en ellos regulados determinan una parte importante de los costes de las empresas, como son los que tienen que ver con los recursos humanos. La falta de homogeneidad regulatoria en el ámbito laboral termina por generar condiciones de competencia desiguales entre los sujetos concurrentes, lo cual no es solamente contrario a las reglas más elementales en materia de libre competencia, sino que puede terminar por lastrar el dinamismo económico y el grado de competitividad del conjunto del sector.

Para alcanzar un marco de competencia más justo se impone la necesidad de dotar al sector postal y de la paquetería de reglas idénticas o similares en materia laboral, de tal forma que las empresas concurrentes compitan en las mismas condiciones, a la vez que se eviten fugas a subsectores con menores costes y peores condiciones de trabajo, propiciando una suerte de carrera o competición a la baja.

A este respecto, mientras que la alternativa legal presenta pocas posibilidades de actuación, la negociación colectiva emerge como una herramienta idónea para alcanzar esta meta. Varias son las alternativas que podrían proponerse, aunque las que a nuestro juicio resultarían más eficaces serían las que tienen que ver con la capacidad de la negociación colectiva estatal para reordenar, simplificar y actualizar el sector.

Por una parte, la constitución de un acuerdo marco o convenio único que no solamente estableciera unas condiciones de trabajo homogéneas a nivel estatal, sino que articulara el conjunto de la estructura negocial del sector. La opción ideal, pero más difícil de alcanzar, sería la existencia de un único acuerdo estatal para todo el sector postal y de la paquetería que actualizara la estructura de la negociación colectiva a los nuevos tiempos y que refundiera los contenidos normativos de los tres existentes en este nivel.

Por otra parte, y alternativamente, la mejora de la delimitación y de la estructura de la negociación colectiva de los convenios estatales actuales, deslindando la regulación de los estatales vigentes y estableciendo una estructura clara para con los de ámbito inferior. Si la simplificación de la estructura a nivel estatal no fuera viable, sería necesario limitar las situaciones de confluencia conflictiva entre los tres textos.

En relación a esta segunda opción debe observarse, no obstante, que la situación en que se encuentran estos tres convenios desde un punto de vista jurídico no es homogénea, lo que debe tenerse en cuenta a efectos prácticos. Para empezar, la vigencia del convenio colectivo de mensajería es una cuestión controvertida, lo que no lo convierte en el mejor referente a la hora de actualizar los contenidos y estructura del sector. Al menos no se observa un especial interés de las partes negociadoras en este convenio del que se pudiera aclarar su situación jurídica. De ahí que pueda pensarse en que los referentes sean los convenios colectivos de transporte y entrega domiciliaria. Razones de especialidad, debieran hacer centrar el foco en este último, el de entrega domiciliaria, por más que una mejor delimitación entre uno y otro es, sin duda, necesaria.

En definitiva, el momento actual que atravesamos no solamente ha puesto al sector en el ojo del huracán, sino que, lo que es más importante, ha descubierto sus debilidades. De ahí que resulte absolutamente necesario hacer emerger el debate acerca de la improrrogable necesidad de proceder a una reordenación económica y normativa del sector postal y de paquetería y de tejer alianzas para alcanzarlo.

María Emilia Casas Baamonde/ Daniel Pérez del Prado son Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Patrona de la Fundación Alternativas/ Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

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