Las barreras del coche eléctrico en España
La receta para cumplir con los objetivos fijados para 2030 implica un esfuerzo doble, tanto por parte de la industria como de la Administración Pública
Como la industria del motor ha venido recordando con periódica insistencia en los últimos años, impulsar el coche eléctrico exige contar con una red de puntos de carga lo suficientemente extensa como para garantizar seguridad y autonomía al usuario. La primera dificultad para conseguir ese objetivo en España a día de hoy es cuantitativa, y pasa por la imposibilidad de alcanzar la poco realista cifra de 100.000 puntos de recarga en lugares públicos que los planes oficiales prevén para 2023, dado que actualmente existen poco más de 25.000. Pero a ese reto hay que sumar otro más, el lograr que los puntos ya instalados puedan ser utilizados en un plazo razonable, y que no se mantengan inactivos a la espera de una autorización administrativa que se retrasa de forma desmesurada. Empresas del sector energético, como Cepsa o Endesa, cifran el plazo medio para que una estación de recarga pública ultrarrápida esté activa en dos años, un periodo que otras fuentes del sector elevan hasta cuatro, y que contrasta llamativamente con las escasas semanas que conlleva la instalación en sí. En el caso de Endesa, por ejemplo, el problema afecta al 60% de sus puestos de recarga.
La explicación a este desmesurado cuello de botella administrativo no está tanto en la dificultad del proceso, como en la multiplicación de las administraciones involucradas en él, locales y regionales y estatales, cada uno de ellas con un procedimiento diferente y unos plazos de respuesta también distintos, un problema sobradamente conocido en España y que constituye una barrera poderosa para la actividad diaria de muchas empresas. El sector se queja de que tampoco existe una regulación lo suficientemente clara en lo que respecta a la negociación con las distribuidoras, lo que se traduce en que cada una de ellas pueda imponer sus condiciones, una dificultad que influye en los retrasos.
Desde el Gobierno se ha declarado de utilidad pública la instalación de los puntos de recarga para facilitar su puesta en marcha. La CNMC tiene, además, pendiente de aprobación una regulación que permitirá homogeneizar el acceso a la red de energía y que puede estar lista antes de fin de año.
Aunque la activación de las estaciones de carga resulta imprescindible para impulsar el coche eléctrico, no es la única barrera para el crecimiento del sector en España, que tiene, entre otros retos, el de mejorar la competitividad en materia de precios. La receta para cumplir con los objetivos de crecimiento fijados para 2030 implica, por tanto, un esfuerzo doble tanto por parte de la industria como de una Administración Pública española que tiene pendiente una reforma profunda desde hace mucho tiempo.
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