Privilegios, igualdad y financiación
A los políticos no les interesa explicar bien el sistema autonómico, que es profundamente desigual y asimétrico
El relato político de este tiempo de estío y de mucha incertidumbre política se centra quizá en la cuestión más compleja y entreverada de emociones y egoísmos que vive el sistema autonómico, la financiación. Bien es verdad que esta España de las autonomías se ha ido construyendo, desde el primer momento, a impulsos, desde las tres nacionalidades históricas, la cuasiasimilación andaluza, las autonomías de segunda vía que fueron adquiriendo más competencias, el falso relato de una palabra en sí misma neutra, pero perversa en sus significantes, encaje, y el privilegio.
España ha vivido la gobernabilidad en cierto modo condicionada, legítimamente, por el apoyo y el voto nacionalista. Tanto con derecha como con izquierda, en los años noventa, con González y Aznar, pero también Zapatero, Rajoy y, sobre todo, Sánchez, el peso de los partidos nacionalistas catalanes y vascos y las concesiones del Gobierno central han sido el denominador común.
La España autonómica es una España, guste más, guste menos, desigual. Para politólogos y algunos constitucionalistas se acuñó un término que inunda el derecho privado de los contratos, la asimetría. La España asimétrica puede ser eufemismo; puede que, en verdad, no lo sea, sino la constatación de una realidad y una forma de entender y para algunos vertebrar este país. Otra cuestión es plantearnos el coste de esa vertebración, pero sobre todo, las formas en cómo se ha ejecutado.
Hoy la financiación autonómica está sobre la mesa de los votos absolutamente imprescindibles para una investidura aún incierta e inmadura. Tema manido, debatido, arrinconado y mancillado. Usado y ultrajado. Y donde no interesa tener todas las cartas boca arriba. Privilegio y derecho. Historia y confusión. Actualizaciones que no lo son. Cupos y conciertos que se parapetan en la sacralidad del pasado y el reconocimiento. Líneas rojas para unos, intocables e inderogables para otros.
Pero la España autonómica, no solo en financiación, es profundamente desigual y asimétrica. Y ahora el precio de un Gobierno sube de escala. Algunas comunidades guardan silencio, otras ya dicen que quieren lo mismo y que no se conformarán con lo menos. Algunos hablan del monto de la deuda. Otros recuerdan el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y los miles de millones. O los corsés a los gobiernos regionales para no endeudarse sin límite. Dependerá del color del partido que gobierne aquí y allí. Pero la realidad de España es la que es, y ese relato a nadie le importa que sea transparente. Al contrario. Silencios cómplices. Vivir en uno u otro sentido tiene y genera más oportunidades, más acceso a lo público, a lo que se financia con lo de todos, a otras infraestructuras, también sanitarias, educativas, y así, podríamos hasta el infinito repetir un abecedario que no tiene versiones pero sí distorsiones.
La España rica y la España pobre, o por mejor decir, la España financiada y la subvencionada, la España vacía y la amontonada. La España de las dos velocidades o, quizá, tres. Se habla sin tapujos de la condonación de deuda para alguna comunidad que simplemente ni quiero serlo ni sentirse como tal, mientras muchos callan allí. Quién controló y fiscalizó en verdad y de verdad gastos y endeudamientos, por qué se permitió traspasar ciertos umbrales y límites. Y el juego sigue, en esa noria no cansina y perennemente con la soflama y el discurso victimista, de la provocación, el insulto o la ruptura de toda regla y marco político y constitucional. Pero aquí no pasa nada. Solo estamos silentes y expectantes ante espectáculos que al ciudadano ya no le interesan y que solo se airean cuando conviene y cómo conviene a políticos y partidos. Nada cambiará, porque sencillamente nadie quiere que nada cambie. Como el príncipe de Salina en su Sicilia, que más bien parece Barataria.
Régimen común y régimen foral. Sí, vieja historia, norma y ley. Pero quién explica en verdad al ciudadano la estructura de cada uno y la semejanza versus disparidad de sus contenidos y umbrales económicos y financieros. Nadie lo hará. La estratagema no lo permite en un momento de componenda y suma y donde todo depende de un hilo. Se les llamará inversiones. Nunca compensaciones al precio de un voto.
¿Quién o qué comunidad autónoma aporta más a la financiación autonómica? No es Cataluña ni es País Vasco. ¿Pero quiénes piden más y preservar singulares estatutos? Lo decimonónico interesa para lo que interesa. Como aquella España que un día fue industrial en dos regiones. No en las otras, que proveyeron mano de obra simplemente.
Hace muchos años, pasada la década de los treinta, un profesor alemán escribió aquello de que “el privilegio es el enemigo del derecho”. Pero el privilegio sí tiene en ocasiones su razón de ser si sobre la base de su aplicabilidad hay una homogeneidad y una diferencia que lo permita o una razón social que rompa la regla de la igualdad o paridad. Lo preferente, lo privilegiado mata o rompe lo distributivo. Solo la ley lo crea, salvo en el derecho privado. Pero la ley no hará nada. Porque es el político. Y ya desde los noventa nos avisaban con repique de campanas tañidas con la energía de quien guarda y esconde sus tesoros que de “café para todos” nada de nada. Solo lo bilateral para unos, y el resto, a guardar silencio o aceptar repartos mínimos.
En esta España de bloques, el griterío siempre suena por los mismos lares. Y el estruendo oculta un anhelo: que no haya equidad y transparencia. Y este es el error. La diferencia de renta per cápita entre unas y otras regiones y provincias es la que es. La España dispersa y geográficamente diseminada no tiene nada que ver con las grandes urbes ni allí donde el capital asienta su sede social y reparte su dividendo. Pero las alfombras y moquetas, como quiénes las pisan, son muy disímiles en un país acostumbrado a mirar hacia otro lado.
Abel Veiga es profesor y decano de la facultad de Derecho de Comillas Icade
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