Gran empresa busca pyme para financiarse gratis

Las pequeñas y medianas empresas pagan mejor que las grandes compañías, por mucho que algunos se empeñen en negarlo y ocultarlo

Los procesos inflacionarios traen consigo subidas de los tipos de interés. Empresas y familias ven cómo se encarece el crédito y se dificulta su obtención. Sin embargo, este proceso natural no afecta a todos por igual: algunos de los jugadores del mercado cuentan con posibilidades de las que otros carecen.

Las empresas más grandes acumulan poder negociador que les permite, por ejemplo, alargar los plazos de pago a sus proveedores sin que esto les suponga ningún tipo de penalidad ya que España no dispone de un sistema de vigilancia y de sanciones que ataje el incumplimiento de la ley. Financiarse a través de las pymes es muy sencillo y sale gratis.

Por el contrario, cargar a la pyme con un excesivo coste de financiación impide su crecimiento, su tarea de investigación y la mejora de su competitividad. El sistema financiero, por su parte, no ayuda. Les gusta otorgar créditos a corto plazo. Además, las pymes, en general obtienen poco crédito de sus proveedores, necesitan pagar en plazo.

El resumen final es que las pymes pagan mejor que las grandes empresas, por mucho que algunos se empeñen en negarlo y ocultarlo.

Esto que menciono es muy fácil de comprobar: el Observatorio de Márgenes Empresariales del Banco de España nos muestra, en base al análisis de los estados financieros de cientos de miles de empresas, unos plazos medios de pago increíblemente divergentes en función del tamaño de las empresas analizadas. En el sector de la construcción, por ejemplo, las empresas grandes pagaron en 2021 a 160 días y las pymes a 84. Dado que los volúmenes de deuda comercial son enormemente significativos, este hecho genera un círculo vicioso del que no todas las pequeñas empresas pueden escaparse. Ya lo vimos en anteriores crisis. La consecuencia: masivos cierres empresariales y pérdida de puestos de trabajo.

En la Unión Europea lo vieron venir. Es por ello que han iniciado el proceso de modificación de la directiva europea sobre plazos de pago y han creado un Observatorio Europeo de la Morosidad, que ya está en marcha.

En España, por el contrario, y pese a ser uno de los países más afectados por este problema, los avances se ralentizan, permitiendo enfangar aún más una situación ya podrida de antemano.

Es muy significativo analizar lo que ha sucedido con las medidas encaminadas a reducir la morosidad puestas en marcha por la Ley Crea y Crece. Una de las aportaciones estrella de la ley en materia de morosidad era la creación de un procedimiento que impidiera otorgar subvenciones públicas a aquellas empresas que incumplan los plazos legales de pago a sus proveedores. Algo similar a los consabidos requisitos previos de estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social o con Hacienda, solo que en este caso es más difícil de demostrar.

Esta novedad generó en unos pocos meses un montón de quebraderos de cabeza a los ministerios, precisamente en el momento en que la lluvia de millones de los fondos Next Generation debían distribuirse entre proyectos empresariales. Vamos, que no se podían entregar fondos europeos debido a que pocas empresas podían presumir de cumplir con los plazos de pago legales.

A grandes males, grandes remedios. Por ello, el Gobierno se apresuró a promover una reforma de la ley aprobada flexibilizando las condiciones de acceso en lo relativo a los plazos de pago, lo que limitaría este efecto no deseado. Finalmente, la convocatoria de elecciones anticipadas frenó su tramitación, por lo que tuvo que aprobarse in extremis vía Real Decreto. Veremos cómo se utiliza y funciona este arreglo de última hora.

La segunda medida estrella de la Ley Crea y Crece establecía la puesta en marcha de un observatorio nacional de la morosidad comercial. El objetivo era conocer la magnitud y ubicación del problema para poder actuar contra él. Sobre la creación del nuevo organismo les puedo informar que aún ni está ni se le espera.

Por si todo lo anterior fuera poco, la campaña electoral truncó también la proposición de ley para implantar un régimen sancionador que debía castigar los largos plazos de pago. Curiosamente, aunque en el momento de la toma en consideración de esta norma todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo -hubo unanimidad para admitir su necesidad- su tramitación se fue alargando de manera inexplicable hasta acumular 960 días de prórrogas del periodo de enmiendas. Mediten solo un segundo sobre a quién beneficia este hecho: cuanto poder tienen unos pocos sobre el interés general. No tenemos remedio.

Para los que sufrimos la morosidad y luchamos contra ella toda esta concatenación de hechos es muy relevante. Pone de manifiesto algo que nuestros políticos no parecen querer ver. Y es que en España paga muy mal y no parece haber nadie dispuesto a arreglarlo.

A veces creemos que hay desafección entre la sociedad y los partidos políticos. De hecho, la mayoría de los programas electorales ni siquiera mencionaron el problema de la morosidad. Más del 99% de las empresas españolas son pymes, las que lo sufren. Y nada. Hubo alguna divagación, sin propuestas concretas.

Nos dirigimos ahora a un nuevo Gobierno. Sea del color que sea, es necesario que se enfrente con la situación real del problema de nuestras pymes, atajándolo de una vez por todas, que solo produce empobrecimiento a la parte más frágil de nuestro tejido empresarial. Otros países de nuestro entorno ya lo han hecho.

Antoni Cañete es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)

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