La paz en los juzgados, tarea del nuevo Gobierno
Los pequeños despachos y las empresas y ciudadanos involucrados en las causas pendientes son los damnificados de una conflictividad laboral cada vez más tensa
La paralización que han sufrido los juzgados por las huelgas del personal de Justicia está generando daños económicos serios, algunos de los cuales van más allá del funcionamiento interno de los tribunales. La huelga realizada por los letrados de la administración de Justicia a principios de año, que duró aproximadamente un mes, y la de los funcionarios de Justicia, que comenzó con paros parciales en abril y siguió con una huelga indefinida que finalmente ha quedado en suspenso a la espera de un nuevo Gobierno, no solo han congelado miles de causas, sino que también han asfixiado a muchos pequeños despachos de abogados y procuradores, cuyos ingresos dependen del avance de los procedimientos y del dictado de las sentencias. Estos profesionales se han visto obligados a recurrir a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y a cierres temporales como fórmulas para aguantar el tirón de un conflicto que amenaza directamente su supervivencia.
Tras las huelgas de personal de los juzgados subyacen problemas estructurales, como la ausencia de una verdadera política de función pública en la Administración de Justicia, una asignatura que España arrastra desde hace años y cuyos efectos se agravan por la confusión de competencias judiciales entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas. En el caso de los letrados de la administración de Justicia –los antiguos secretarios judiciales– el conflicto hunde sus raíces en 2009, cuando la reforma procesal aprobada durante aquel año aumentó las competencias del cuerpo y lo dotó de mayor responsabilidad, pero no satisfizo las reivindicaciones estatutarias y salariales de sus miembros.
La justicia española acumula retrasos endémicos que han generado un atasco monumental, el cual en 2021 sumaba más de tres millones de causas. Los pequeños despachos de letrados y procuradores, que componen el grueso de la profesión en España y no tienen la capacidad financiera de las grandes firmas, así como las empresas y ciudadanos involucrados en esas causas pendientes, se han convertido en los grandes damnificados de un clima de conflictividad laboral cada vez más tenso y que corre el riesgo de cronificarse.
Será tarea ya del nuevo Gobierno poner todos los medios necesarios para restablecer el diálogo, avanzar hacia un modelo efectivo de función pública en el sector y solucionar de forma permanente una fuente de tensiones que constituye una amenaza para la competitividad de la economía.
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