Francia, Bruselas y el maldito largo plazo: adaptarse o perder el tren
Es difícil creer que la modernización de la industria gala se pueda realizar a la par que se aplica una política fiscal austera
El pasado 19 de junio, el ministro de economía y finanzas francés, Bruno Le Maire, esbozó en Bercy (París) el plan presupuestario nacional para el próximo año 2024 durante las jornadas de las finanzas públicas (Les Assises). En un acto que involucró a agentes sociales, representantes de los distintos organismos institucionales de la nación y a la primera ministra, Élisabeth Borne, se fijaron los distintos objetivos a afrontar en los siguientes años. Y si bien puede parecer que en principio el plan pasa simplemente por estabilizar la economía de cara a la crucial cita electoral de 2027 –que no por ser lejana tiene menos importancia–, lo cierto es que está realmente relacionado con la estrategia económica y productiva nacional en el largo plazo: a saber, el Gobierno está comprometido con la estabilidad presupuestaria y unas cuentas nacionales saneadas con miras a los retos que presentan las décadas 2030-50. Esto implica hacer esfuerzos para reducir la ratio deuda/PIB, que actualmente se encuentra alrededor del 110% y se consolida como uno de los más altos de la eurozona (con permiso de España, Italia o Portugal, entre otros). Si bien los datos son del año 2021, los niveles no han variado demasiado para el caso francés.
Los objetivos de deuda son verdaderamente importantes para la administración Macron, y en parte explican su negativa a ceder terreno ante las protestas derivadas de la reforma de las pensiones, que llevaron al límite la vida parlamentaria y a punto estuvieron de costarle el puesto a la primera ministra. La reunión de Bercy nos dejó, por tanto, algunos puntos interesantes, aunque dio poco margen a la sorpresa colectiva.
. Retorno a la senda del 3% del déficit público.
. Bajar la deuda del 111, 6% al 108,3% para 2027.
. Eliminación progresiva de los paquetes expansivos surgidos para paliar los efectos del Covid-19 y la crisis de los mercados energéticos de 2022.
. Una reducción del gasto público que no implique subir los impuestos a los hogares, con la intención de no afectar al poder de compra de los hogares.
Las declaraciones de Le Maire y de Borne lanzan un mensaje a Bruselas y sus colegas europeos: el compromiso con las nuevas reglas comunitarias de gobernanza fiscal es claro. Todo indica, por tanto, que el Gobierno pretende enarbolar la bandera de la gestión responsable frente a la efervescencia de la izquierda política y la agresividad de Rassemblement National, esta última es la verdadera oposición en el Parlamento y el rival a batir en 2027.
No obstante, surge el interrogante sobre si la reducción de la deuda debe ser tan prioritaria y si, en el caso específico de Francia, es factible alcanzar este objetivo sin desestabilizar la economía. Según las últimas proyecciones del Banco de Francia, se estima que el déficit público se sitúe alrededor del 4,5% para el año 2025, con niveles de deuda/PIB similares a los actuales. Esto contrasta significativamente con los datos del resto de la eurozona, que muestran una perspectiva mucho más optimista e indican que otros Gobiernos han demostrado un compromiso real con esta meta.
Además, asumiendo todo lo demás constante, el ahorro generado por el progresivo abandono de las medidas de recuperación se irá en otras partidas de gasto tan o incluso más importantes en el largo plazo, en concreto en la Estrategia Francia 2030 y los conocidos como los fonds vert. Estos proyectos, que sin duda merecen un análisis más profundo y detallado en las próximas semanas, pretenden revolucionar tanto el sistema productivo como la infraestructura social a nivel nacional. Por un lado, el primero quiere situar a Francia a la cabeza de la independencia industrial en el seno comunitario, al generar una industria completamente descarbonizada y de alto valor añadido. Al mismo tiempo, los fonds vert inciden en la adaptación de las ciudades y pequeños municipios a la transición ecológica, mediante el autoabastecimiento de los edificios (remodelaciones, independencia energética, etc.), habitabilidad, gestión de residuos o de tráfico, etc.
Se estima que solo para la Estrategia 2030 se destinarán cerca de 30.000 millones de euros, de los cuales la mitad debe obligatoriamente dedicarse a incentivar la descarbonización de la industria. Uno de sus aspectos fundamentales es establecer una industria de pequeños reactores modulares (SMR) eficiente, la cual aseguraría un suministro de energía adecuado para el país, al aprovechar las inversiones en investigación nuclear realizadas desde los años 60. Asimismo, se busca el liderazgo mundial en la producción de hidrógeno verde para la década de 2030. Estos logros, en conjunto con lo mencionado previamente, situarían a Francia como una economía sólida, energéticamente autónoma y altamente competitiva.
Es, por tanto, difícil creer que la modernización de la industria francesa se pueda realizar a la par que se aplica una política fiscal austera y restrictiva cuyo único objetivo es la reducción de la deuda, lo que no quiere decir que las políticas ligadas al crecimiento tengan que ser necesariamente ineficientes en el gasto e irresponsables en términos de gestión. El retorno de la política industrial implica que los Estados se comprometan y adopten un rol activo, como bien analizaba Roy Cobby, Clara García y Rafael Fernández Sánchez, y eso obligará más tarde o más temprano a la Administración Macron a mojarse, decidir qué quiere hacer, y explicar detalladamente cuál es el plan. En definitiva, tendrá que decidir si subirse al tren y liderar la transición industrial europea en el largo plazo o persistir en la idea de que la única forma de reducir la deuda pública pasa por reducir los gastos y no en aumentar los ingresos. Y es que, al final, 2027 es una etapa más de esta carrera de fondo, pero para poder superarla hace falta convencer y, sobre todo, empatizar con aquellos a los que decepcionaste.
Miguel Ángel Ortiz-Serrano es profesor de Historia de la Empresa en Cunef y colaborador de Agenda Pública
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