Un nuevo guardián para el cliente financiero
El nuevo organismo para defender a los consumidores ha mejorado el modelo de su financiación, pero su diseño genera dudas
El texto de la futura ley que creará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero fue aprobado ayer por la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, como paso previo a su tramitación en el Pleno, aunque con sustanciales modificaciones, fruto de las contundentes críticas que ha recibido en los últimos meses. La más importante se refiere a la financiación del organismo, que inicialmente se nutría del pago de una tasa fija de 250 euros por parte de las entidades por cada reclamación recibida, independientemente de cuál fuese el resultado final del expediente. Un diseño que no solo fue rechazado con virulencia por el sector financiero, sino también por la CNMV y por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
El modelo salido de la Comisión de Asuntos Económicos carga el grueso de la financiación sobre las espaldas de las entidades que reciban un mayor número de reclamaciones resueltas en su contra, para eliminar así el presumible efecto incentivador de la queja que generaría el castigar inicialmente con una tasa automática a toda entidad denunciada. Como complemento, el texto incorpora también un sistema de gradación de multas para los clientes que presenten quejas en las que se aprecie mala fe, cuya cuantía aumentará con la reincidencia.
Los cambios introducidos en la Comisión del Congreso parecen razonables y han mejorado los aspectos más problemáticos de la financiación, pero no resuelven la polémica de fondo que ha acompañado al proyecto desde el principio. El hecho de optar por crear un organismo nuevo diseñado a modo de ventanilla única para resolver las quejas del cliente financiero, con carácter vinculante y jurisdicción horizontal, en lugar de apostar por un modelo twin peaks, conformado por dos únicos supervisores, uno dedicado a la solvencia y otro a la conducta, unas tareas que desempeñarían el Banco de España y la CNMV, respectivamente. A esa crítica se sumaba ayer Fedea, al posicionarse a favor de ese esquema twin peaks en lugar de optar por “otra burocracia con funciones parajudiciales”.
Entre las ventajas que a priori ofrece la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya presidencia es un caramelo que muy probablemente despertará tensiones e intereses políticos, figura la mayor agilidad y cercanía que ejercerá respecto al consumidor, el cual podrá dirigirse directamente a un único organismo sea cual sea la naturaleza del producto o servicio sobre el que verse la reclamación. Pero esa agilidad no depende en última instancia únicamente del modelo, sino de unos procedimientos y una gestión lo suficientemente eficientes como para reducir y no aumentar la litigiosidad en el sector.
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