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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Responsabilidad y transparencia con el precio de los alimentos

Cualquier caída de los costes de producción debe reflejarse en la factura final de los productos en un sector que tienen entre sus ventajas la inelasticidad de la demanda

CINCO DÍAS
Diferentes frutas en una frutería en un puesto de un mercado, a 15 de marzo de 2023, en Madrid (España).
Diferentes frutas en una frutería en un puesto de un mercado, a 15 de marzo de 2023, en Madrid (España).Eduardo Parra (Europa Press)

La relajación que están experimentando desde principios de año algunos de los costes de producción de la cadena alimentaria arroja un poco de luz sobre la posibilidad de un cambio de tendencia en un sector clave para el consumo y severamente golpeado por la inflación. Después de un año de alzas constantes en los lineales, los datos del Ministerio de Agricultura muestran un cierto alivio, incluso un retroceso, en algunas partidas de costes, como es el caso de cierto tipo de piensos, fertilizantes y cereales, a lo que se une también la rebaja de la factura energética. Desde la patronal del gran consumo se reconoce no solo esta realidad, sino también que esa rebaja debería acabar trasladándose a los precios de los productos en la cesta de la compra. Así lo ha hecho, por ejemplo, Mercadona, al anunciar la rebaja del precio de 500 de sus referencias, una decisión que la compañía relaciona con el alivio que se está experimentando en algunos de los costes de producción.

Desde el sector agrario se confirma también esta tendencia, aunque se advierte de que el traslado al consumidor de la rebaja no se notará de inmediato, entre otras razones, por la vigencia de contratos de suministro firmados previamente o por tratarse de productos adquiridos hace meses. También hay imponderables con capacidad para neutralizar la caída y tensionar aún más las presiones inflacionistas, como la persistente sequía que están soportando los agricultores, cuyo impacto puede ser especialmente alto en alimentos como el aceite de oliva, entre otros.

Tanto el Ministerio de Agricultura como el sector agroalimentario reconocen que el problema del aumento de la factura de los alimentos está muy relacionado con la compleja estructura de costes del sector, en el que operan no solo costes de producción y transformación, sino también las peculiaridades de un sistema de fijación de precios que resulta específico para cada alimento, y en el que el coste de origen aumenta a medida que el producto pasa por cada una de las fases de la cadena de distribución.

Pero, más allá de ese extremo, la caída de los costes de producción tiene que reflejarse en la factura final de los productos de un sector que tienen entre sus ventajas la inelasticidad de la demanda. No se puede exigir a la industria agroalimentaria y la gran distribución la solución mágica al control de los precios, pero sí una actuación transparente, leal y responsable en una batalla que atañe a todos.

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