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Para pensar
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Hablemos de pensiones, no de votos

La actual reforma representa una disrupción sobre las anteriores al incrementar gasto en lugar de reducirlo y al fiar el equilibrio sobre un aumento de cotizaciones e ingresos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (c), sale de la comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, el pasado 15 de marzo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (c), sale de la comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, el pasado 15 de marzo.Ricardo Rubio (Europa Press)

Tanto metes, tanto sacas de acuerdo a unos criterios definidos y ajustables por ley en el Parlamento, que deben respetar una regla de prudencia: garantizar la sostenibilidad financiera a medio plazo del sistema contributivo de reparto, mayoritario en todo el mundo…donde hay sistemas públicos de pensiones. Con un matiz importante: una generación es la que contribuye para que sea otra generación la que cobre.

Las dos reformas de pensiones aprobadas en esta legislatura han incrementado lo que se mete (subiendo cotizaciones de forma selectiva y progresiva) y lo que se saca (revalorizando por IPC, más otras mejoras menores). Los críticos (Airef, Banco de España, Fedea, Funcas, EsadeEcPol…) señalan que no garantizan ni el equilibrio financiero (se proyectan déficits del 4% del PIB), ni la sostenibilidad financiera a medio plazo de un sistema aquejado de dos datos ciertos: descenso en el número de activos y aumento de los mayores inactivos, además, con mayor esperanza de vida, lo que reducirá, drásticamente, lo que se mete e incrementará lo que se saca.

Por eso se hacen las reformas. Para que no todo siga igual. Y el debate hoy es si las últimas modificaciones serán suficientes o no, si estas van a ser reformas estables en el tiempo o una nueva patada a seguir, adoptada más por razones electorales que técnicas.

En las últimas décadas nos hemos enfrentado a este problema en varias ocasiones y, de una forma u otra, el sistema ha resistido bien. En momentos, con déficits coyunturales cubiertos por préstamos desde los Presupuestos Generales del Estado, en otros momentos, con importantes superávits recogidos en el Fondo de Reserva, pero siempre se ha pagado las pensiones debidas.

La primera reforma estructural del sistema fue la aprobada en 1985 por un Gobierno socialista, con un aumento de años en el periodo de cálculo para tener derecho a pensión, en la práctica, un recorte de gastos abusivos (la compra de pensiones cotizando solo los dos últimos años). En 1995 se firmó el Pacto de Toledo, por el cual los grupos parlamentarios tomaban conciencia de la necesidad de ajustar, de forma recurrente, los criterios del sistema de pensiones para garantizar su fortalecimiento y sostenibilidad y se comprometían a sacar este asunto de la confrontación partidista y resolverlo por consenso político. Las recomendaciones de reformas incluidas en el Pacto se actualizaron por el Congreso en 2020, con un único voto en contra. Entre medias, el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma con el solo voto a favor de su mayoría absoluta y centrada en un recorte del gasto en más de 30.000 millones de euros. Y ahora, con más votos a favor que la del PP, se deroga esta reforma y se aprueba otra en dos etapas, con una parte del Parlamento en contra y anunciando modificación si cambia el signo del Gobierno.

Hemos caído, pues, en lo que quiso evitar el Pacto de Toledo: convertir en un pim-pam-pum partidista los ajustes necesarios a realizar en una pieza esencial de nuestra convivencia, de esas que hacen patriotismo, ya que afecta, como cotizantes o pensionistas, a más de treinta millones de ciudadanos, de varias generaciones y condición.

A ello han contribuido algunos agoreros que vienen insistiendo desde hace treinta años en que nuestro sistema no garantiza su viabilidad, ni la equidad intergeneracional y suelen proponer cambios que incentivan la alternativa privada de pensiones, rebajando el atractivo en rentabilidad del sistema público.

Y este es el centro del debate: nuestro sistema público de pensiones ¿es demasiado generoso, a la hora de calcular la pensión a que se tiene derecho, en función de lo cotizado? Dicho de otra manera: ¿sacamos, individualmente, mucho, en relación con lo que hemos metido? Y todos los datos avalan que sí, a pesar de todas las reformas hechas desde 1985, incluida la actual: que un euro cotizado al sistema como salario diferido obtiene, en España, una rentabilidad en euros de pensión muy superior a lo que proporcionan otros sistemas europeos similares y a lo que ofrece, hoy, una alternativa privada, incluidos los planes de empleo, que por eso no despegan. Ya en 1995, el Parlamento propuso que “las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado”. (Boletín Congreso Diputados Núm. 134. 12/abril/1995).

En España, la tasa de reposición, la proporción entre la pensión y el salario, está en un 70%, una de las más altas de la UE donde la media está en 50%. Y eso es compatible con que haya un 65% de pensionistas que cobran menos que el actual SMI. Tenemos pensiones bajas, porque hay salarios bajos. pero la tasa de reemplazo es muy generosa.

Sobre esto, vuelan asuntos coyunturales que tienen que ver con el ciclo económico o con la evolución de la población: así, el número de cotizantes ha crecido en ocho millones desde 1995 (muchos inmigrantes) y con ellos los ingresos de la Seguridad Social, mientras que el gasto en pensiones, en igual periodo, ha subido tres puntos de PIB. Lo relevante, pues, no es solo la relación activos/pensionistas, sino también, cuánto ingresan y cuánto gastan los que hay en el sistema.

La actual reforma representa una disrupción sobre las anteriores al incrementar gasto, en lugar de reducirlo y, sobre todo, al fiar el equilibrio sobre un aumento de cotizaciones e ingresos. Sin embargo, es cierto que no garantiza el equilibrio del sistema, deja sin resolver el problema de la sostenibilidad a medio plazo, ignora la posibilidad de vincular pensiones con un impuesto general progresivo sobre la riqueza y, por último, incumple el Pacto de Toledo al haber optado por pactarlo con la Comisión Europea y los sindicatos, devaluando el Parlamento y a la oposición.

Seguiremos, pues, hablando de pensiones. Hay muchos votos en juego.

Jordi Sevilla es economista

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