Las nuevas reglas fiscales de la UE tienen la fórmula para evitar errores pasados
El viejo pacto de estabilidad era un molde que no encajaba bien. Un marco adecuado puede reactivar el crecimiento
El nuevo juego de reglas fiscales de la Unión Europea debe responder a dos preguntas sencillas: ¿ayudarán a que crezca la economía de la Unión?, y ¿los países van a seguir realmente estas reglas?
La fórmula antigua, es decir, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no salió bien parada según cualquiera de estos dos criterios. La estipulación de que los Estados miembros debían limitar sus déficits anuales al 3% del PIB y su deuda pública total al 60% del PIB se soslayó de manera rutinaria, y luego se descartó por completo durante la pandemia: en marzo de 2020, la Comisión Europea invocó una “cláusula general de escape” para permitir que los países gastasen con libertad durante la crisis. La exención expira a finales de este año.
Las reglas fiscales se hallan en la encrucijada de la unión monetaria de la UE y la soberanía presupuestaria. Dado que los Gobiernos nacionales controlan las decisiones fiscales, mientras que los tipos de interés y la reputación del euro son aplicables a todos, la UE decidió que necesitaba guardarraíles para evitar que sus miembros fuesen por libre, incluso aquellos que hasta ahora han mantenido su propia moneda.
Aun cuando los límites oficiales para el déficit y la deuda están consagrados en los tratados de la UE, los gobiernos nacionales no se han ceñido a ellos. La UE tiene registros de “exceso de déficit” para cada país que alguna vez haya sido miembro. Las versiones pasadas de sus reglas fiscales han incluido la amenaza de fuertes sanciones, pero quienes tenían que aplicar esas sanciones no lo pudieron hacer. En 2003, la UE se abstuvo de multar a Francia y Alemania por superar los límites y, en 2019, las amenazas de multar a Italia con hasta 3.400 millones de euros también se quedaron en nada.
Todas las partes están de acuerdo en que las reglas deben cambiar, pero no se ponen de acuerdo sobre el aspecto que deba tener el nuevo régimen ni quién hará que se cumpla. En noviembre, la Comisión expuso su visión y está previsto que presente un borrador de la legislación en las próximas semanas. Según los planes, los países presentarían un plan de ajuste fiscal para cuatro años y negociarían su trayectoria con las autoridades de la UE. Los gobiernos nacionales podrán solicitar más tiempo para cumplir sus objetivos si pueden justificar los gastos adicionales mediante compromisos de inversión y reforma.
Los halcones fiscales son reacios a dejar que Bruselas acapare demasiado poder para llegar a acuerdos y les preocupa que la flexibilidad de los objetivos pueda llevar a compromisos poco sustanciales. El Fondo Monetario Internacional y países como Alemania quieren que al menos haya unos objetivos firmes que la Comisión no pueda alterar. Christian Lindner, el ministro de Finanzas alemán, ha afirmado que apoyaría una mezcla de políticas. “Abogo por reglas más vinculantes, pero de una forma realista”, declaró en agosto. “Casi como en Halloween: truco o trato”.
Algunas propuestas han insinuado que se añadan policías de tráfico nacionales, al estilo de los consejos fiscales independientes respaldados por el FMI. Pero una mayor responsabilidad no vendrá del hecho de que se señale con el dedo a escala local. Igualmente, algunos ministros de Hacienda de la UE han sugerido que sería más fácil desplegar multas más pequeñas, pero la verdadera mejora no llegará como consecuencia de que las multas sean más llevaderas.
La UE debe recurrir más a la zanahoria que al palo. Si quieren prosperar, los países deben invertir en educación, nuevas tecnologías y mejores infraestructuras. También necesitan animar a los fabricantes mundiales a que vean a Europa como un núcleo industrial, como ha hecho Estados Unidos con los 369.000 millones de dólares en subvenciones y créditos fiscales previstos en su Ley de Reducción de la Inflación.
“Ahora mismo no hay ninguna empresa en el mundo que no esté pensando en trasladarse a Estados Unidos”, afirmaba Ann Mettler, anterior jefa del grupo de expertos interno de la Comisión, en una reunión en marzo. “Muéstrenme un solo caso en el que Bruselas haya propuesto algo que haya llevado a todas las empresas a pensar tengo que estar ahí, tengo que estar en Europa”.
Las nuevas reglas presupuestarias deberían fomentar el crecimiento a largo plazo. Si hacen hincapié en recortar en vez de avanzar, volverán a la senda de los errores pasados.
El viejo régimen exigía tanta austeridad que se vuelve prácticamente irrelevante. Por ejemplo, a los países que han superado el límite de deuda se les exige que enderecen el rumbo rápidamente, recortando su deuda anualmente en una vigésima parte de la diferencia entre dónde se sitúa su deuda y dónde tendría que estar al final. Si se siguiera esta regla de manera estricta, un país cuya deuda se situase en el 150% del PIB tendría que reducir esa cifra en un 4,5% anual. Los recortes presupuestarios y las subidas de impuestos necesarias para alcanzar ese ahorro ahogarían a la economía.
“Francamente, no es una regla significativa. Si la regla no es significativa, nadie la sigue, no es creíble, así que mejor será reformarla”, dijo el gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, a finales de marzo de Bruselas. Las críticas de Rehn son reseñables porque él fue el Comisario de la UE a quien se le encomendó defender la regla cuando entró en vigor en 2011.
El plan de la Comisión de apartarse del cumplimiento a rajatabla que no tiene sentido práctico es un paso en la dirección adecuada. Pero los países también necesitan razones positivas para ordenar sus cuentas.
Un mejor acceso a los mercados de deuda globales es uno de los alicientes. Para poder atraer a inversores, un país necesita una gestión de deuda sostenible y una moneda que goce de credibilidad. Las buenas prácticas fiscales podrían reducir los costes de endeudamiento para todos los países, sobre todo si se combinan con otras iniciativas fortalecedoras del euro como completar la unión bancaria que se inició con un movimiento hacia la supervisión financiera común. También ayudaría que el debate sobre las políticas de la UE virase hacia el tratamiento de los mercados de bonos como herramientas económicas rutinarias en vez de alimentar los temores de que, por poner unos ejemplos, Italia o Grecia estén a punto de llegar al impago de su deuda.
Otra prioridad es ayudar a que la tecnología inventada en la UE mantenga su fuerza comercial en la UE, en vez de marcharse a pastos financieros más verdes. El impulso de la UE para lograr la unión de los mercados de capitales tiene más de eslogan que de objetivo real: las empresas europeas siguen dependiendo de los préstamos bancarios, y las condiciones varían muchísimo dependiendo de dónde esté radicada una empresa. Los países de la UE necesitan fomentar la financiación a mayor escala y permitir que haya más cooperación transfronteriza. Las reglas presupuestarias pueden propiciar que se gaste en infraestructuras, junto con mejoras reglamentarias que respalden estos objetivos.
Por lo menos el sistema antiguo no volverá con toda su fuerza. La Comisión Europea tiene planes de usar solo parcialmente el marco para 2024, saltándose algunos de los requisitos más detallados en favor de un planteamiento a medio plazo que espera esté en sintonía con las directrices futuras.
Los ministros de Finanzas de la UE se pronunciaron el mes pasado, respaldando el objetivo global, al tiempo que señalaban que hay debates antiguos sin resolver. Por ejemplo, pidieron a la Comisión que considerase permitir un mayor margen de maniobra para el gasto en defensa, así como para las inversiones en productividad.
Habrá más peleas antes de que acabe todo esto. La UE aún no ha aceptado del todo las compensaciones inherentes entre el endeudamiento y el gasto, y entre el fomento del crecimiento en vez de proteger los intereses heredados y la grandilocuencia legalista. Para que las nuevas reglas tengan alguna posibilidad de funcionar, deberán anteponer el futuro a la filosofía.
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