Los inversores huyen de los centros de datos: la deuda se hunde y las salidas a Bolsa se cancelan
El mercado recela de las complejas estructuras de financiación que sostienen las inversiones masivas. La mayor empresa de alquiler de capacidad de cálculo se desploma un 25%
En el bum bursátil de la inteligencia artificial empiezan a aflorar las primeras grietas, y no se trata de las habituales dudas sobre si el mercado se ha excedido en su optimismo. Ahora, los inversores, calculadora en mano, recelan de las finanzas de parte del ecosistema construido en torno a esta tecnología en el último lustro. Los centros de datos son el cerebro físico de los modelos de IA, y su desarrollo requiere cantidades ingentes de dinero. Tanto, que a la industria se le ha secado el dinero barato.
El eslabón débil de la cadena son las complejas fórmulas de financiación de estos centros de datos. Los inversores están huyendo de la deuda emitida por estas sociedades ante la incertidumbre sobre si los ingresos futuros permitirán devolverla. CoreWeave, el mayor proveedor independiente de capacidad de cálculo para inteligencia artificial (compra procesadores, los instala en centros de datos y vende en el mercado esta capacidad) y participado por Nvidia, se desplomó en Bolsa un 25% la semana pasada. Sus bonos pagan intereses del 15% y los seguros de crédito reflejan una probabilidad de impago del 60% en cinco años.
No es la única. Cotizan por debajo de su valor nominal los bonos de las sociedades que financian el megaproyecto Hyperion de Meta en Luisiana y su campus de El Paso, el de Microsoft en Georgia, el de Oracle en Michigan y dos instalaciones de la minera de bitcoin Hut 8 en Texas y River Bend. Han sufrido hasta empresas que no han llegado a cotizar. Cuatro salidas a Bolsa de esta industria se han caído en tres semanas y en tres continentes. La primera fue española: Ignis, desarrollador renovable que ha hecho de los centros de datos su principal negocio, aplazó a 2027 su estreno en Bolsa, como publicó CincoDías el 28 de septiembre. Luego se cayó la australiana Firmus, participada por Nvidia, que el 9 de octubre retiró una colocación de 5.000 millones de dólares (4.450 millones de euros), al no encontrar demanda al precio que solicitaba; después, la filial de centros de datos de la filipina PLDT; y el día 13, AirTrunk, de Blackstone, que aplazó al próximo año su debut en Singapur. Solo en España, las empresas cotizadas vinculadas de alguna forma a los centros de datos han perdido unos 13.000 millones de euros de valor bursátil en mes y medio.
El Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), conocido como el banco de los bancos centrales, ha advertido de un entramado financiero que puede estallar alrededor de la financiación de los centros de datos. Algunas de estas instalaciones, valoradas en miles de millones de euros, se pagan con la deuda de sociedades instrumentales cuyos ingresos están garantizados por contratos a largo plazo con empresas como Amazon, Oracle, Meta o la propia CoreWeave. Dado que estos gigantes tecnológicos son buenos pagadores, estos bonos se han podido vender en el mercado financiero. En paralelo, los suministradores de chips, principales beneficiarios de esa fiebre, participan en el esquema mediante avales cruzados. Por ejemplo, Nvidia es a la vez proveedor, accionista y cliente de CoreWeave: el dinero sale de su caja y regresa en forma de ingresos. Pero, como avisa el BIS, este esquema tiene sus riesgos: “Un inversor que también es proveedor está doblemente expuesto a la misma contraparte: un problema en el cliente reduce tanto el valor de sus acciones en él como los futuros ingresos por la venta de productos”.
Morgan Stanley calcula que las sociedades propietarias de los centros de datos han colocado bonos por unos 46.000 millones de dólares (unos 40.000 millones de euros), y por ese dinero pagan intereses que llegan al 15%, los niveles de los denominados bonos basura. Pero en las últimas semanas a los inversores les han entrado las dudas, y no solo por estos estrechos vínculos. El crecimiento de los ingresos de los gigantes de la IA va ralentizándose, como han apuntado recientemente OpenAI o Anthropic, y estos bonos son, para algunos, el canario en la mina de carbón.
El respaldo de Amazon, Nvidia, Oracle o Meta ya no vale tanto. El riesgo reside en que las instalaciones se quedan desfasadas antes de que devuelvan el dinero. Es decir, las empresas de centros de datos financian con bonos a cinco y siete años unas máquinas que caducan en tres o cuatro, que es cuando llega al mercado la siguiente generación de chips. Así lo ha advertido la consultora Gartner en un informe publicado la semana pasada y que cayó como una espada sobre la deuda y las acciones del sector.
La firma puso en duda también las expectativas de facturación de la IA, que en el fondo es quien debe pagar las deudas. “Los propietarios de centros de datos necesitarían generar 8,5 billones de dólares (7,4 billones de euros) de ingresos hasta 2030 para cubrir la inversión anunciada, su financiación y una rentabilidad del 12% (...). Sin embargo, se prevé que los ingresos atribuibles a esos centros no superen los 3,6 billones (3,1 billones de euros)”, vaticina. Con todo, su peor pronóstico es otro: “Los proveedores que posean infraestructura significativa ganarán menos de la mitad de los ingresos de la IA”. Los inversores han dejado de asumir como ciertas todas las promesas y han comenzado a mirar con lupa los contratos, uno por uno. “La deuda de los centros de datos vive su momento Darwin, en el que los créditos más débiles pelean por sobrevivir”, declaró al Financial Times Ludovic Subran, director de inversiones de Allianz.
El temblor ha llegado a la Bolsa española por partida doble. Seis empresas cotizadas tienen un pie en el negocio. Son Ferrovial y ACS, que levantan estas instalaciones, principalmente, en Estados Unidos; Merlin, que las alquila en España; y Grenergy, Solaria y Acciona, que venden la electricidad sin la que no funcionan. En conjunto, valen unos 13.000 millones de euros menos que a finales de agosto, y varias de ellas están en mínimos de los últimos 12 meses.
Spiro Dounis, analista de Citi, escribe en un informe publicado el pasado viernes que “prácticamente todo el que tiene una gran exposición a los centros de datos lo ha hecho peor que el mercado”. La lectura positiva llega desde UBS. Amal Patel, analista del banco suizo, asegura en un informe sobre ACS que “el mercado está descontando un desenlace mucho más grave del que respalda el actual marco regulatorio”.
Cambian los culpables
En España, no obstante, la caída de los valores fue inicialmente una historia eminentemente local: el borrador de real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica establece que los centros de datos tienen que cubrir el 80% de su consumo con renovables generadas en esa misma hora, y fija en seis meses el plazo para acreditar que cumplen con los requisitos los proyectos que todavía no están enchufados. La aprobación de la norma está vinculada a que España reciba 25.000 millones de fondos europeos, como publicó EL PAÍS el pasado 8 de octubre.
El ingrediente regulatorio se ha unido a las protestas de los ciudadanos en varios países, como Estados Unidos, Francia, India o Irlanda. También en España se producen las quejas, con el epicentro en Zaragoza, donde Blackstone tiene prevista una inversión de más de 7.000 millones de euros en centros de datos. En la mayor economía del mundo, presidida por Donald Trump, la normativa avanza estado por estado, con el horizonte puesto en las elecciones de medio mandato que se celebrarán el 3 de noviembre. Ese día, nueve estados eligen los organismos que aprueban las tarifas eléctricas y deciden si el coste de reforzar la red para alimentar un centro de datos lo paga el centro de datos o lo pagan los vecinos en su factura. Las coordenadas ideológicas no sirven para explicar, en esta ocasión, la situación. Los frenos llegan tanto de filas demócratas como republicanas.