Los neobancos se preparan para ofrecer ya las nuevas cuentas Financia Europa
Aplauden la exención fiscal de los 10.000 primeros euros de plusvalías y la inclusión de fondos cotizados


Los comités de dirección de los neobancos y las firmas de inversión que operan en España no salen de su asombro. Pocos de sus miembros terminan de creer que hoy mismo podría aprobarse en el Congreso —incrustado en el llamado decreto Maricarmen, con un marcado perfil progresista— la creación de una nueva cuenta de inversión que promete revolucionar el sector. Se trata de la medida más audaz adoptada en 15 años para el fomento del ahorro y la inversión. Los expertos legales y de desarrollo de negocio de entidades como InbestMe, MyInvestor, Trade Republic o N26 escudriñan el texto del real decreto y confían en poder lanzar pronto una propuesta comercial que se adapte a las nuevas cuentas Financia Europa. Eso, si finalmente el Parlamento convalida el decreto.
La parte más atractiva de estas cuentas es su fiscalidad. El ciudadano puede invertir hasta 150.000 euros. Los activos financieros que adquiera desde la cuenta (acciones, fondos de inversión o fondos cotizados, ETF en la jerga) se pueden comprar y vender sin pagar impuestos. Si el cliente mantiene la inversión durante cinco años, cuando venda no tributará por los 10.000 primeros euros de plusvalía. Esto supone un ahorro impositivo de unos 2.000 euros. Además, las ganancias que pasen de este importe tan solo tributarán al 80%. Es decir, que si alguien obtiene 20.000 euros de rendimientos, solo tributa por 8.000 euros.
¿Cuál es la explicación de esta generosidad fiscal? Que las inversiones que se canalicen a través de las cuentas Financia Europa tienen que destinarse al menos en un 50% a comprar Bolsa (ya sea directamente con acciones o a través de fondos o ETF). Y mayoritariamente en renta variable europea (al menos 35% de todo lo invertido). De esta forma se pretende que los ciudadanos europeos participen en el llamado “capital productivo” de la Unión Europea, y no prioricen la inversión en Estados Unidos, como ocurre ahora.
“Es un planteamiento interesante, en línea con la cuenta PEA francesa, y nos parece que para nuestros clientes puede ser atractivo”, reconoce François Derbaix, consejero delegado de Indexa Capital, la empresa de gestión automatizada de activos, que cotiza en la Bolsa de Madrid y administra más de 6.000 millones de euros. Derbaix, como el resto de los directivos consultados, es muy cauto sobre el posible desarrollo de este producto. “Preferimos ser prudentes y no avanzar nuestros planes hasta que no esté definitivamente aprobado”.
Desde el Ministerio de Economía explican que las entidades interesadas (bancos, agencias y sociedades de valores y empresas de asesoramiento financiero) “ya pueden comenzar a diseñar el producto, porque las características esenciales de la cuenta están definidas”.
Si finalmente el pleno del Congreso aprueba hoy el Real decreto-ley 26/2026, solo quedaría pendiente un desarrollo reglamentario a través de una Orden Ministerial de Hacienda “que detalle los últimos flecos sobre la información tributaria que deben recabar de sus clientes”. Una vez que se apruebe, en unos meses, las entidades ya podrían comenzar a vender las cuentas Europa.
Jordi Mercader, fundador y CEO de la firma InbestMe, cree que el formato de las nuevas cuentas se puede adaptar muy bien a su perfil de cliente y a su propuesta de valor. “Nos atrae especialmente que hayan incluido a los ETF, porque son el producto más eficiente y nosotros siempre hemos defendido su adopción”, explica. Mercader y su equipo están analizando con detalle cómo podría ser el encaje de las cuentas Europa en su cartera de productos. “Me parece que pueden tener muy buena acogida”, vaticina.
Los neobancos también esperan con máxima expectación la aprobación definitiva de las cuentas Europa. En LinkedIn, la red social más utilizada por los directivos, son muchos los que se han hecho eco de la aprobación del real decreto. “Por fin se aprueba la cuenta de ahorro e inversión Financia Europa”, anunciaba en su perfil Antón Díez Tubet, director general de N26 (una firma con más de un millón de clientes en España). A su juicio, “es un gran paso para movilizar el ahorro hacia la inversión, pero su éxito real dependerá de los detalles”.
Autoservicio y asesoramiento
Uno de los aspectos que más se están analizando en el sector es si los clientes tendrán plena libertad para comprar y vender los activos financieros con perfil europeo o si tendrán que contar con un asesoramiento profesional. Desde Economía subrayan que las entidades interesadas podrán optar por cualquiera de esas dos vías.
Pablo López Gil-Albarellos, director general para España y Portugal de Trade Republic, cree que el desarrollo de las cuentas Financia Europa “va en la dirección correcta, aunque podrían haber sido más ambicioso”. Al igual que sus competidores, considera que su banco —que ya ofrece acciones, ETF y fondos de inversión— “tiene todas las herramientas para desarrollar y comercializar en poco tiempo este nuevo producto, que está muy en línea con iniciativas similares en Alemania o Francia”.
También en Myinvestor —un neobanco español, con un volumen de negocio de más de 20.000 millones de euros, y propiedad de Andbank, El Corte Inglés y varias familias adineradas— llevan dos días analizando en profundidad el real decreto-ley. “El encaje con nuestra plataforma de venta de productos financieros es total, y podríamos implementar una solución para vender esta cuenta Europa en muy poco tiempo”, explican desde la entidad.
Si finalmente el decreto se convalida, empezará el desarrollo del negocio. ¿Con qué entidades contratar la gestión de las subcuentas de valores —donde estarán los fondos o las acciones— y con quién contratar la subcuenta operativa, que no puede bajar nunca de 1.500 euros? ¿Qué precio poner al servicio? ¿A qué público ofrecérselo? Mientras tanto, desde el sector financiero mirarán hoy hacia el centro de Madrid, con un ojo puesto en la Carrera de los Jerónimos y otro en la Puerta del Sol, donde la movilización ciudadana presiona para la aprobación de un real decreto-ley histórico.