Las energéticas lideran las caídas en la Bolsa española en medio del debate sobre los impuestos
Redeia retrocede hasta un 4% en una jornada de ligeros avances en las petroleras y ‘utilities’ europeas
Las compañías energéticas han liderado las caídas en la Bolsa española lastradas por el debate sobre la fiscalidad en España, bajo la posibilidad de que el impuesto extraordinario que grava al sector se haga permanente. Redeia se ha dejado un 3,9% en Bolsa, seguida por Endesa y Naturgy, que recortan un 3,5% y un 1,3% respectivamente. Tampoco se han librado de las caídas Enagás e Iberdrola, que han cedido un 2,3% y un 1,7%, respectivamente, mientras que Acciona ha corregido un 4,5% en una jornada en la que los sectoriales europeos de petroleras y energéticas han registrado ligeras alzas. El único valor energético español que se ha escapado de las caídas ha sido Repsol, que ha subido un 0,1% gracias al fuerte repunte del precio del crudo Brent (3%).
La posibilidad de la reconversión de los impuestos extraordinarios a las energéticas y a la banca en permanentes, algo que se apuntaba ya desde finales del año pasado y ha ido ganando presencia a medida que avanza la negociación presupuestaria de 2025, ha golpeado al sector. Si bien la medida precisaría de modificaciones legislativas y de la luz verde parlamentaria, una tasa permanente supondría una merma de beneficios de carácter estructural. Además del impuesto especial para las energéticas, las medidas supondrían la prórroga de la tasa extraordinaria a los bancos. Los dos impuestos son desembolsados por las empresas a año vencido, es decir, este 2024 se abonó el impuesto correspondiente a 2023. Y para recaudar el impuesto correspondiente a los resultados de 2024 (que se pagaría en 2025) sería precisa esta prórroga. La recaudación estimada de ambas figuras (banca y energéticas) es de unos 3.500 millones de euros al año.
Ambos impuestos fueron puestos en marcha en 2022 de forma temporal como parte de las medidas de alivio aplicadas ante la escalada de los precios tras el estallido de la guerra en Ucrania y ya fueron prorrogados para este año, aunque el energético fue ligeramente modificado ante la exigencia del PNV tras las protestas que lanzó Repsol. De hecho, la petrolera es una de las empresas afectadas que más se ha manifestado en contra de la tasa surgida como contribución de las empresas por los ingresos extraordinarios obtenidos al incrementarse los precios de la energía durante el conflicto bélico. El pasado mes de septiembre, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, abogó por su supresión y aseveró que “cuanto antes desaparezca y tengamos una situación normalizada desde el punto de vista fiscal, más aceleraremos la inversión”. Las petroleras reconocieron el año pasado que tenían inversiones pausadas o paralizadas por cuantía de 16.500 millones por el gravamen.
En la misma línea se ha manifestado el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en junio advirtió al Ejecutivo que debían ser “limitados y temporales”, dado que podrían ser “particularmente distorsionadoras y crear incertidumbre”, desincentivando la inversión. La hipotética reconversión de estas tasas en permanentes no es nueva e incluso algunas firmas de análisis como Goldman Sachs ya la daban por descontada hace justo un año. Los expertos del banco estadounidense apuntaban entonces que el Ejecutivo las extendería, al igual que el impuesto extraordinario a las grandes fortunas y el impuesto sobre el patrimonio para afianzar la senda de consolidación fiscal y poder dar más presupuesto a las comunidades autónomas.
Bien es cierto que, por un lado, la evolución de los precios energéticos ha sido descendente en los últimos dos años -el barril de Brent roza los 79 dólares, frente a los 122 que llegó a tocar en mayo de 2022- y que, por otro lado, las medidas de alivio frente a la escalada de los precios se han ido suprimiendo. Así, en septiembre se elevó el IVA de los alimentos básicos -pan, huevos, verduras o fruta- del 0% al 2% y el Ejecutivo estudia retirar en enero las ayudas al uso del transporte público. Entre las firmas de análisis reconocen que en la jornada de este jueves se ha producido cierta sobrerreacción en el mercado. En el último informe sobre las utilities europeas de Goldman Sachs, publicado hace solo una semana, no se hace ningún comentario sobre este gravamen a las energéticas españolas, sino que revisan al alza sus estimaciones de beneficio hasta 2026 tras los resultados del primer semestre.
El gravamen ha llegado a ser recurrido por las propias empresas. La patronal eléctrica (Aelec), a la que pertenecen Iberdrola, Endesa y EdP, presentó el año pasado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y calificó a la figura de “discriminatoria e injustificada”. En la apelación apuntaba que la tasa recae sobre la facturación de estas empresas y no sobre sus ganancias, a diferencia de la puesta en marcha en Europa y que “solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas”.
