La Fiscalía suiza abre una investigación sobre la compra de Credit Suisse
Estudia posibles infracciones por parte del Gobierno, los reguladores y los ejecutivos bancarios
La Fiscalía Federal de Suiza ha abierto una investigación sobre la toma de Credit Suisse por parte de UBS, respaldada por el Estado Helvético con una inyección de liquidez de 100.000 millones de euros y garantías por 9.000 millones. Investiga si en la transacción el Gobierno, reguladores o ejecutivos de ambos bancos quebraron la ley del país.
“La Fiscalía Federal quiere cumplir de forma proactiva su misión y su responsabilidad de contribuir a un centro financiero suizo limpio y ha establecido una vigilancia para actuar de inmediato en cualquier situación que entre dentro de su campo de actividad”, ha indicado este fin de semana este organismo, que pilota el fiscal general Steffan Blättler, a Financial Times. Considera que hay muchos aspectos de la transacción que requieren investigación para investigar si pueden ser crímenes bajo la lupa de esta institución.
El Gobierno y las autoridades suizas instaron a una operación de salvamento de Credit Suisse por parte de UBS en pleno fin de semana, a mediados de marzo. Tras la quiebra de Silicon Valley Bank, las miradas de los inversores se volvieron, como en 2008 tras la caída de Lehman Brothers, a buscar las debilidades del sector financiero. Y ahí encontraron a Credit Suisse, tras meses en la picota por una concatenación de escándalos.
Los mercados comenzaron a elevar la presión sobre el banco suizo, con fuertes caídas en Bolsa y fuga de depósitos, lo que obligó al Estado transalpino a actuar y promover un rescate de la mano de UBS, el otro gran banco del país. Esta entidad pagará 3.000 millones por el capital, pero dejará a cero el valor de los bonos híbridos (cocos, en la jerga). Este último punto también será una fuente de pleitos para el banco, puesto que en principio contradice los esquemas de rescate interno de los bancos que impulsaron los reguladores tras la crisis de 2008, que imponen que los accionistas asuman pérdidas antes que los bonistas.
Así pues, Blättler ha emitido una serie de “órdenes de investigación” a organismos gubernamentales. Su oficina también se ha puesto en contacto con los gobiernos federal y cantonal y es probable que intente interrogar a autoridades clave en relación con la adquisición, si bien no ha detallado qué aspectos concretos de la operación resultan sospechosos.
La transacción ha suscitado una fuerte oposición tanto entre la opinión pública suiza como entre muchos partidos políticos, que buscan forzar una comisión de investigación en el Parlamento. Reclaman, además, forzar la división del gigante que se creará con la unión de Credit Suisse y UBS y reclamar la devolución de sueldos a algunos directivos implicados.
Por el momento, esta semana, Credit Suisse celebrará su última junta de accionistas, que se prevé peliaguda. Norges Bank ha anunciado este fin de semana que votará en contra de la reelección del presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, y seis consejeros más. También el proxy advisor ISS ha anunciado un voto negativo a estos nombramientos.
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