¿Abogados más baratos? El dilema que plantea la IA
La inteligencia artificial es un argumento tan válido tanto para subir como para bajar las tarifas legales; bancos del Wall Street ya exigen a sus asesores conocer cuánto ahorran con esta tecnología
Un abogado dedica diez horas a revisar un centenar de contratos. Otro, con la ayuda de la inteligencia artificial, tarda la mitad. Si ambos realizan el mismo trabajo y con los mismos resultados, ¿debe el segundo cobrar la mitad? ¿O puede mantener sus honorarios porque ha invertido su tiempo en supervisar y controlar esta tecnología?
El debate por ahorrar en las facturas ha aterrizado en las mesas de negociación. Grandes clientes internacionales, como bancos de la talla de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citi han exigido a sus asesores jurídicos que expliquen qué ahorros obtienen con la inteligencia artificial y cómo se reflejan en sus facturas, según explicó el medio Financial Times. La banca no quiere que la hoja de resultados de los bufetes sea la única que refleje el ahorre de costes de la IA relacionado con temas legales.
La pregunta es: ¿subirán o bajarán los precios en el sector legal? La respuesta varía según a quien se lance la pregunta. Existe una guerra de argumentos: las mismas razones que pueden servir para justificar el aumento de las tarifas, para algunos, también pueden servir como arma para argumentar un descuento para otros. La inteligencia artificial ejercerá una presión a la baja sobre el precio de los servicios jurídicos más repetitivos. Sin embargo, los trabajos de mayor valor añadido no necesariamente sufrirán recortes, según las perspectivas de los analistas consultados por CincoDías.
“No debemos identificar automáticamente el tiempo empleado con el valor del servicio”, apunta Óscar Fernández León, abogado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. En su opinión, si un letrado puede resolver mejor y en menos tiempo un caso gracias a su experiencia, “no tendría sentido penalizar esa eficiencia”, apostilla.
La facturación por horas está en el ojo del huracán. En los últimos años, los bufetes han alimentado el discurso de que este método de pricing, el tradicional en el sector, no refleja los costes reales de un bufete; además, es un foco recurrente de malentendidos y suspicacias. Los clientes, en cambio, defienden la postura de que, bajo el criterio de la facturación por horas, los bufetes no pueden aumentar las tarifas mientras que presumen del ahorro de costes en tareas superfluas y recortan plantillas.
Un informe de Deloitte Legal, basado en una encuesta a 121 responsables jurídicos, prevé que el trabajo facturado por horas caerá del 72% al 44% en los próximos dos o tres años. El 85% cree que la IA alterará la fijación de precios y el 78% señala el ahorro como su principal beneficio, por delante de la calidad. Despachos como Baker McKenzie ya han expresado que su intención es abandonar la facturación por horas de forma progresiva, como algún portavoz adelantó en una reciente conversación con CincoDías.
Para los analistas, una de las claves radicará en saber distinguir el tipo de servicio. “Pensemos en la preparación de una demanda o en la estrategia de un litigio o arbitraje de elevada cuantía y gran impacto para una compañía”, ejemplifica Elisabet Rojano-Vendrell, representante española de la Asociación de Abogados Corporativos (ACC). Ese servicio, subraya la experta, puede mantener “o incluso incrementar su valor, aunque la IA permita realizar determinadas tareas más rápidamente”.
La expansión de la IA plantea, además, una cuestión importante: ¿quién debe beneficiarse del ahorro que genera? Eugenia Navarro, socia fundadora de LOIS, cree que debe repartirse entre las dos partes. El cliente tiene que pagar menos o tener una mayor seguridad sobre el coste final, pero el despacho también debe recuperar la inversión realizada en tecnología, formación y nuevos procesos. “Si todo el ahorro se traslada automáticamente al cliente, desaparece parte del incentivo económico para innovar”, señala la experta.
La inteligencia artificial, sin embargo, puede servir para meter la tijera en el precio de las due diligence: allí donde antes un equipo de abogados invertía numerosas horas en revisar cientos de contratos, clasificarlos, compararlos o identificar determinadas cláusulas, la IA lo hace en un pestañeo. “Es lógico que esa reducción de costes termine trasladándose, al menos parcialmente, al cliente”, valora Fernández León.
Reinventarse o morir
La tecnología promete grandes mejoras de productividad, pero pocos despachos tienen claro cómo traducirlas en sus presupuestos. “Hoy en día solo el 20% de los ingresos viene de fórmulas alternativas a la hora, y apenas un 10% de los socios directores tiene una estrategia clara para cambiarlo”, expresa Ignacio Gómez Garzón senior partner & managing director en Simon-Kucher. Según el experto, los despachos estarán cada vez más presionados para ofrecer modalidades de facturación alternativas en los servicios y tareas más repetitivas.
“El cliente no compra horas; compra una solución, seguridad jurídica, criterio, capacidad de negociación, reducción de riesgo o la ejecución de una operación”, expresa, señala Eugenia Navarro. La IA puede reducir una jornada de horas en apenas unos minutos, pero Navarro descarta que este recorte deba tener su reflejo automático en la factura. “La hora ha sido históricamente una manera sencilla de medir ese trabajo, pero no necesariamente la mejor manera de ponerle precio”. La experta repara que, de no cambiar sus esquemas tarifarios, los bufetes de abogados encaran una llamativa paradoja: “. Cuanto más invierte un despacho en tecnología, conocimiento, procesos y automatización para hacer mejor y más rápido un trabajo, menos factura si sigue cobrando exclusivamente por tiempo”.
Eso no significa, puntualiza Navarro, que los despachos deban dejar de medir las horas. El tiempo seguirá siendo un instrumento relevante para calcular costes o analizar la rentabilidad de los asuntos. “Debemos separar dos conceptos que tradicionalmente han estado demasiado unidos: la hora como unidad interna de medición y la hora como unidad externa de facturación”, señala. La primera puede conservar su utilidad para la gestión del despacho; la segunda, simplemente, perderá protagonismo en la relación con el cliente.
El criterio se paga
Mientras las tareas rutinarias se abaratan, el asesoramiento de los abogados más especializados puede mantener su precio o incluso encarecerse. En asuntos complejos, el cliente buscará un perfil que le saque las castañas del fuego a toda costa. Esa intervención puede justificar una tarifa elevada. Incluso el cliente “puede estar dispuesto a pagar más por esa intervención”, opina Marc Gericó, socio director global de Gericó Associates.
Otros factores, como la urgencia o disponibilidad, puede comprometer el precio de las facturas. Un despacho puede justificar honorarios más elevados si garantiza la intervención personal de un socio en una negociación crítica o resuelve con rapidez un problema cuyo retraso cuesta dinero al cliente, apunta Gericó. “Pensemos en una operación en la que cada día de demora supone 50.000 euros de coste. Si el despacho permite adelantar el cierre dos días, con la revisión necesaria, existe un beneficio económico identificable”. En estos casos, aclara, el cliente no paga solo por las horas trabajadas; paga, además, por obtener una solución rápida que le permita evitar pérdidas.
¿Precios cerrados?
La alternativa son los precios cerrados. Estos permiten al cliente saber de antemano cuánto pagará. No obstante, si el despacho calcula el precio estimando las horas necesarias y multiplicándolas por la tarifa de sus abogados, el sistema sigue dependiendo del tiempo de trabajo. Para Eugenia Navarro el cambio real llegará cuando los honorarios se fijen teniendo en cuenta el servicio prestado y el valor que recibe el cliente. “No basta con sustituir las horas por precios cerrados. Un precio fijo mal calculado puede ser simplemente una tarifa horaria escondida”, advierte.
Los precios cerrados ganarán terreno en los servicios más estandarizados, mientras que otros trabajos podrán cobrarse en función del valor y el resultado obtenido. La IA facilitará nuevas prestaciones, como los servicios continuos de monitorización o soluciones basadas en suscripciones. La factura reflejará “no solo cuánto tiempo ha trabajado un abogado, sino qué servicio se ha prestado y qué valor se ha generado”, expone Gómez Garzón.
El uso de IA también debe explicarse al cliente. Marc Gericó recomienda indicar desde el principio, preferiblemente en la hoja de encargo, qué tareas podrán apoyarse en estas herramientas, cómo se protegerá la información y qué supervisión humana habrá. “Eso permite al cliente establecer límites antes de comenzar”, advierte.
No será necesario detallar en la factura cada tarea automatizada, salvo que se haya pactado, opina Gericó. Sin embargo, el despacho deberá respetar el sistema de cobro acordado. “Si se factura por horas, se cobran las efectivamente dedicadas, incluida la revisión, sin añadir las que la IA ha ahorrado. Si existe un precio cerrado, automatizar parte del proceso no implica por sí solo un descuento”, apostilla.
La responsabilidad, en todo caso, seguirá recayendo sobre el abogado. Como recuerda Óscar Fernández León, el profesional deberá comprobar la información, preservar la confidencialidad y revisar los resultados para detectar posibles errores, sesgos o alucinaciones. “El reto de la abogacía será conseguir que las ganancias de eficiencia beneficien al cliente sin devaluar el conocimiento, el criterio y la responsabilidad profesional del abogado”, concluye.
La IA legal, en cifras
Recorte de horas. El informe Future of Professionals 2025 de Thomson Reuters calcula que los profesionales jurídicos esperan liberar cerca de 240 horas anuales gracias a la IA, frente a las 200 horas estimadas en 2024. El informe asigna a ese tiempo un valor medio aproximado de 19.000 dólares por profesional y año. El 80% de los profesionales de despachos considera que la tecnología jugará un papel central en sus flujos de trabajo en los próximos cinco años.
Abogados in house. Aunque el 77% del gasto en despachos todavía se factura por horas, el 61% de los responsables jurídicos considera prioritario avanzar hacia precios basados en el valor u otras fórmulas alternativas, según el 2025 State of the Corporate Law Department Report, elaborado por ACC y Thomson Reuters. La tendencia continúa: en julio de 2026, Jason L. Brown, presidente y consejero delegado de ACC, señaló que el 43% de sus miembros espera aumentar la facturación basada en el valor y el 40%, una mayor variedad de modelos alternativos. “El cliente externo contratará allí donde el despacho pueda aportar algo que no pueda obtener razonablemente con sus propios recursos y herramientas”, resume Elisabet Rojano-Vendrell, representante española de la ACC.
Sin ahorro por ahora. Casi el 60% de los abogados de empresa todavía no ha percibido un ahorro significativo por el uso de IA de sus asesores externos, según una encuesta de ACC y Everlaw a 657 profesionales de 30 países. El 58% cree que los despachos no han adaptado sus precios a las eficiencias obtenidas, aunque el 63% considera que puede ser demasiado pronto para medir el impacto económico.
Eficiencia. Los despachos destinan aproximadamente el 70% de su inversión en IA para mejorar procesos, reducir costes y acelerar trabajo. Solo el 30% se dirige a crear nuevos productos, servicios o modelos de negocio, según The AI-Conomics of Legal Services, elaborado por Simon-Kucher y the Bucerius Center on the Legal Profession.
Transformación. El 60% de los despachos analizados ya trabaja en la transformación de sus procesos para aprovechar la IA. Sin embargo, el 40% todavía no ha iniciado ese camino y, entre las firmas que sí lo han hecho, el 80% reconoce que aún no ha alcanzado sus objetivos, según el estudio de Simon-Kucher y the Bucerius Center on the Legal Profession.