Albania nombra a la primera ministra IA: Djella, ¿puede una inteligencia artificial ser ministra?
Este caso abre un debate que va mucho más allá de lo simbólico: ¿estamos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de personalidad jurídica?
El reciente anuncio del Gobierno de Albania, que ha incorporado a una inteligencia artificial llamada Djella como “ministra virtual de Contrataciones Públicas”, ha generado titulares llamativos, suspicacias políticas y, sobre todo, preguntas jurídicas de fondo. ¿Puede un algoritmo ocupar un cargo público? ¿Tiene sentido atribuirle funciones ejecutivas? ¿Estamos ante una innovación técnica o ante un vacío constitucional deliberado?
Más allá de la anécdota o el gesto simbólico, el caso merece atención por su valor anticipatorio. Como ya apuntábamos en una columna anterior (¿Puede heredar una inteligencia artificial?), la progresiva incorporación de sistemas autónomos a la toma de decisiones plantea la posibilidad, cada vez más cercana, de atribuir personalidad jurídica a entidades artificiales. Este debate, que parecía reservado a la ciencia ficción o al bioderecho ambiental (donde ríos, bosques o especies protegidas han sido reconocidos como sujetos de derechos), entra de lleno en la esfera pública y administrativa.
Djella no es un ente físico, ni una persona natural, ni un órgano colegiado. Es una interfaz conversacional con funciones automatizadas, desarrollada por el propio gobierno albanés, con capacidad para interactuar con ciudadanos y tramitar procedimientos. A partir de ahora, será también la encargada de gestionar licitaciones públicas, con la promesa de garantizar procesos “100 % libres de corrupción”.
Desde un punto de vista estrictamente normativo, el nombramiento de Djella plantea problemas de constitucionalidad evidentes. La mayoría de los ordenamientos europeos exigen que los titulares de cargos públicos sean personas físicas, responsables jurídicamente y sometidas a controles de legalidad y fiscalización. La inteligencia artificial, en su estado actual, no cumple esos requisitos.
Además, no se ha informado sobre la existencia de protocolos de supervisión humana, ni sobre mecanismos claros de asunción de responsabilidad por decisiones automatizadas. ¿Quién responde si Djella comete un error? ¿Qué tribunal puede revisar sus actos? ¿Qué garantías procesales tiene un ciudadano ante una decisión tomada por una máquina?
El riesgo aquí no es solo jurídico, sino democrático. Atribuir funciones ejecutivas a un sistema opaco y no responsable —por muy eficiente que parezca— puede derivar en una forma de gobernanza algorítmica sin control, donde la responsabilidad política se diluye y el ciudadano queda indefenso ante un nuevo tipo de arbitrariedad: la del código.
El gesto de Albania puede leerse como una forma de desconfianza institucional: si los humanos fallan, que decida la máquina. Pero esa lógica encierra una peligrosa simplificación. La corrupción no se combate con software, sino con instituciones sólidas, transparencia efectiva y responsabilidad jurídica personal.
Aunque la ministra Djella no tenga personalidad jurídica (aún), su nombramiento abre la puerta a una nueva fase del derecho administrativo: aquella en la que la personalidad funcional, esto es, la capacidad de actuar válidamente dentro de un marco legal, puede desligarse de la naturaleza humana de su titular. Estamos, en definitiva, ante una rara avis jurídica, con epicentro en un país que históricamente ha desafiado los estándares europeos. Si la Unión Europea aspira a integrar a Albania, será necesario evaluar no solo su estabilidad política, sino también el encaje jurídico de estas innovaciones simbólicas en un marco de Estado de Derecho.
No somos pocos los que preferiríamos en la actualidad a un Agente de IA de Ministro.
La reciente decisión del Gobierno de Albania de nombrar a una inteligencia artificial llamada Djella como “ministra virtual de Contrataciones Públicas” ha provocado una oleada de titulares entre lo pintoresco y lo alarmista. Pero detrás del gesto se esconde una cuestión más profunda: ¿es jurídicamente viable delegar funciones ejecutivas en una inteligencia artificial? ¿Y qué diferencias reales hay con el uso habitual, aunque encubierto, de herramientas como ChatGPT en la acción de gobierno?
En España, el Consejo de Estado, la Abogacía del Estado y los Consejos Jurídicos autonómicos ejercen funciones de control mediante informes preceptivos y, en algunos casos, vinculantes. Su objetivo es garantizar que toda actuación administrativa esté jurídicamente motivada, atribuida a un órgano competente y sujeta a control judicial.
En el contexto europeo, el principio de legalidad y responsabilidad administrativa impide que decisiones públicas vinculantes se adopten por entes sin personalidad jurídica ni control humano significativo. Así lo establece la propuesta de Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial (AI Act), que exige trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas.
Ahora bien, ¿quién puede asegurar en pleno 2025 que los responsables públicos no están ya utilizando, más mal que bien, herramientas como ChatGPT para redactar discursos, informes o incluso propuestas normativas?
El debate no está en la IA como ministra, sino en la opacidad con la que ya se integra la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas, sin protocolos, sin supervisión y sin dejar huella en el expediente.
Como apunta Del Águila Yagüe (La Administración Pública ante la inteligencia artificial, Civitas, 2023), estamos ante una “IA administrativa de facto”, donde los algoritmos influyen en decisiones humanas sin estar sometidos a las garantías del procedimiento administrativo.
El caso albanés puede parecer una excentricidad política. Pero en realidad funciona como espejo de una transformación más silenciosa y peligrosa: la entrada progresiva de sistemas automatizados en la gestión pública sin control jurídico efectivo. Por eso, más allá de titulares vistosos, conviene preguntarse: ¿Y si el verdadero ministro ya es un Agente GPT, pero nadie lo ha declarado?