Fiscalidad y clase trabajadora: radiografía desde el SMI
El salario mediano en España en 2023 fue de 23.349 euros anuales, lo que equivale a unos 1.667 euros brutos mensuales en 14 pagas. La mitad de los trabajadores españoles gana eso o menos
En España, el debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se suele reducir a cifras brutas y titulares grandilocuentes. Se anuncia con fanfarrias cada subida como si fuera una victoria social definitiva. Pero lo que rara vez se explica es cuánto de ese salario se disuelve antes de llegar al bolsillo real del trabajador. Y, lo que es más grave, cuánto se esfuma tras pasar por caja una vez cobrado.
Veamos un caso real. Una trabajadora, divorciada, con un hijo adolescente a cargo, percibe 1.885,65 euros brutos al mes.
Tras aplicar las correspondientes cotizaciones sociales (122,33 euros) y la retención del IRPF (178,57 euros), su salario neto mensual se queda en 1.584,75 euros. Mientras tanto, el coste total para su empresa asciende a 2.491,07 euros. Es decir, casi 1.000 euros se evaporan entre lo que se descuenta y lo que se paga por ella sin que ella lo vea. Pero la verdadera carga no termina ahí.
De esos 1.584,75 euros netos, una parte importante se destina a bienes y servicios gravados con impuestos indirectos. Pongamos una distribución mensual realista: 100 euros en gasolina, de los cuales más del 50% son impuestos; 300 euros en alimentos y productos de aseo, con unos 30 euros de IVA reducido; 300 euros en ropa y calzado, que incluyen 63 euros en IVA general; 100 euros en electricidad y gas, con cerca de 35 euros en tasas e IVA; 50 euros en telefonía e internet, con unos 10,5 euros en IVA; y 300 euros en ocio, que suponen otros 63 euros en IVA general.
En total, unos 251 euros al mes en impuestos indirectos, que pasan inadvertidos pero son sistemáticos. A esto hay que sumar 100 euros en seguros, también gravados, y 50 euros de IBI. El resultado es que le llega aproximadamente el 50% de lo que produce realmente esta trabajadora. Una cifra que en nada se parece a la promesa de “proteger a la clase trabajadora”.
Este no es un caso anecdótico. Según el INE, el salario mediano en España en 2023 fue de 23.349 euros anuales, lo que equivale a unos 1.667 euros brutos mensuales en 14 pagas. La mitad de los trabajadores españoles gana eso o menos. Es decir, este nivel de asfixia fiscal afecta a millones de personas.
Pero, ¿por qué no lo perciben? Porque el sistema distingue entre “carga fiscal” y “presión fiscal”. La carga fiscal es lo que cada uno paga en impuestos. La presión fiscal, en cambio, es la relación entre lo que recauda el Estado y el PIB del país. Una medida macro que no refleja el esfuerzo individual. Aquí reside la trampa: mientras la presión fiscal española parece moderada en comparación europea, la carga fiscal real de quienes menos ganan es altísima y progresivamente injusta.
La fiscalidad indirecta, especialmente el IVA, penaliza el consumo sin distinguir capacidad adquisitiva. Grava igual a quien cobra el SMI que a quien cobra cinco veces más. En la práctica, eso significa que los trabajadores con rentas bajas soportan una proporción mucho mayor de su renta dedicada al Estado. Y lo hacen sin saberlo. O sin poder evitarlo.
Este panorama se agrava cuando añadimos una variable estructural: la baja productividad de la economía española. Según el IVIE y la Fundación BBVA, España es el país desarrollado que más ha retrocedido en productividad total de los factores entre 2000 y 2022, con una caída del 7,3 %. Incluso Italia, con un -5,1 %, ha tenido un mejor desempeño. Mientras tanto, Alemania y EE.UU. han crecido más de un 10 %.
La trabajadora de nuestro ejemplo lo percibe cada día: demasiada gente que podría trabajar, no trabaja; demasiados sectores intensivos en mano de obra de baja cualificación como la hostelería, el turismo y la construcción; demasiadas inversiones en ladrillo y pocos activos intangibles como I+D, TIC o formación. La consecuencia es un modelo que necesita mucha gente trabajando para producir poco valor, lo que reduce el margen para subir salarios sin ahogar al sistema.
No es casual que esta mujer se pregunte si la socialdemocracia le ha estafado. Porque mientras se le promete protección, ella observa cómo su esfuerzo sostiene un sistema donde apenas se recompensa el trabajo y la eficiencia. Donde el crecimiento del PIB se debe más a sumar personas que a multiplicar valor.
Y no sería serio por parte de ninguno de nosotros olvidar décadas de corrupción sistémica, a diestra y siniestra. Porque no hay estructura fiscal ni modelo productivo que resista si el destino de los fondos públicos ha sido, durante años, el enriquecimiento particular y no la inversión en prosperidad común.
No basta con subir el SMI si la arquitectura fiscal sigue succionando silenciosamente la mejora. Porque la verdadera injusticia no está solo en lo que no se cobra, sino en todo lo que se paga sin entenderlo. Y eso también es una forma de desigualdad.