Cuarenta años después: España y la Unión Europea, una historia compartida de transformación
La adhesión marcó el fin de décadas de aislamiento internacional y el inicio de un proceso que transformaría el país en casi todos los aspectos imaginables
Cuarenta años después de su adhesión, España muestra una profunda transformación política, económica y social vinculada a su integración en la Unión Europea (UE), marcada por avances notables, desafíos persistentes y una participación activa en la construcción del proyecto común.
El 12 de junio de 1985, España firmó en el Palacio Real de Madrid el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas. Aquel acto marcó el fin de décadas de aislamiento internacional y el inicio de un proceso que transformaría el país en casi todos los aspectos imaginables. Cuarenta años más tarde, esa decisión sigue proyectando consecuencias que moldean tanto el presente como el futuro político, económico y social de España.
La adhesión fue la culminación de un camino que empezó mucho antes. Durante la dictadura, los intentos de acercamiento a Europa quedaron limitados a acuerdos comerciales, ya que la condición democrática era indispensable para ingresar en la comunidad. Solo tras la muerte de Franco y el inicio de la transición política se dieron las condiciones necesarias. El Gobierno de Adolfo Suárez formalizó la solicitud de ingreso en 1977, con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias. La negociación se prolongó durante más de ocho años, exigió reformas profundas en sectores como la agricultura, la industria y las finanzas, y requirió una compleja labor diplomática, especialmente con socios como Francia e Italia.
El ingreso efectivo el 1 de enero de 1986 dio paso a una etapa de crecimiento económico sostenido. Gracias a los fondos estructurales y de cohesión, España desarrolló infraestructuras, modernizó su tejido productivo y fortaleció sus servicios públicos. El país se integró plenamente en el mercado común, participó en la creación del euro y contribuyó a la ampliación del espacio europeo. Vista desde una perspectiva económica, la incorporación a la Unión ha sido uno de los principales motores de modernización del país.
Durante la llamada “década prodigiosa” que siguió a la adhesión, se duplicaron las exportaciones, se consolidó el sistema sanitario y educativo, y se disparó la formación universitaria. La sociedad española experimentó cambios culturales profundos: aumentó la participación de la mujer en el mercado laboral, se diversificaron los modelos familiares y se afianzó una nueva generación plenamente europeísta. Podría parecer que estos cambios fueron independientes del proceso comunitario, pero el análisis es incompleto sin considerar el marco normativo, financiero y político que brindó la integración europea.
España también aportó a la Unión Europea. No solo como beneficiaria, sino como actor implicado en la reforma de tratados, la política de cohesión, la ciudadanía europea, el programa Erasmus o el desarrollo de derechos sociales comunes. Comisarios españoles han ocupado carteras clave en Bruselas, y el país ha asumido en varias ocasiones la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Adviértase el estrecho paralelo entre la consolidación del Estado autonómico y la integración en la UE: ambos procesos fortalecieron la estructura democrática y proyectaron una visión plural de la identidad española.
No obstante, el camino ha estado marcado por desafíos. La crisis financiera de 2008, la pandemia de Covid-19 y las tensiones territoriales pusieron a prueba tanto las capacidades internas como la eficacia de los instrumentos europeos. A fin de diseñar respuestas adecuadas, España ha participado activamente en debates sobre el futuro de la Unión Europea: desde la transición energética hasta la digitalización, pasando por la política migratoria y la autonomía estratégica.
En el presente, el entorno europeo se ha vuelto más inestable. La guerra en Ucrania, el cuestionamiento del multilateralismo y el auge de discursos populistas han reconfigurado las prioridades. Se ha sugerido que los próximos años serán determinantes para redefinir el equilibrio entre soberanía nacional y gobernanza común. España, como cuarta economía del euro y puente natural con América Latina, África y el Mediterráneo, se encuentra en una posición estratégica para ejercer liderazgo en la búsqueda de consensos.
Hay una coincidencia creciente entre analistas y responsables públicos en que la ciudadanía debe tener un papel más activo en este proceso. La desafección institucional, los desafíos a la democracia representativa y el cansancio ante la complejidad normativa de Bruselas requieren nuevas formas de participación y pedagogía política. Es muy probable que el futuro de Europa dependa tanto de sus élites políticas como del compromiso cívico de sus pueblos.
El aniversario de la adhesión no es solo una efeméride institucional. Es una oportunidad para revisar una trayectoria de éxito, identificar sus límites y proyectar nuevas ambiciones. España ya no es un país que entra en Europa. Forma parte de ella. El reto ahora es contribuir, con responsabilidad y ambición, a hacer de la Unión un espacio más justo, más democrático y más capaz de afrontar los desafíos del siglo XXI.