España se la juega: estos son los obstáculos legales que frenan la transición energética
La falta de coherencia y la dispersión normativa amenazan los objetivos de descarbonización, advierten los expertos
Más allá de estar en el ojo del huracán por el apagón peninsular del 28 de abril, las energías limpias son el tren para frenar el cambio climático. España se ha convertido en uno de los países europeos con mayor crecimiento en energías renovables, pero los expertos advierten que hay lagunas legales que amenazan con ralentizar la transición energética. “Hay varios aspectos normativos que aún necesitan ser abordados”, avisa Antonio Morales, socio responsable del departamento de derecho público, energía e infraestructuras de Baker McKenzie.
El mix de generación eléctrica en 2024 refleja una creciente diversidad tecnológica: la eólica aportó un 23%, la nuclear un 20%, la solar fotovoltaica un 17%, los ciclos combinados un 13,6% y la hidráulica un 13%. La energía eólica lidera gracias a “una combinación de madurez tecnológica, costes competitivos y disponibilidad geográfica”, expone Morales. Sin embargo, es la energía solar fotovoltaica la que más impulso está ganando por su facilidad de implementación a distintas escalas y el elevado potencial del territorio español. La hidráulica, por su parte, mantiene un papel relevante, aunque limitado por su dependencia de los factores climáticos.
Esta pluralidad en el mix de generación eléctrica responde, según apunta Teófilo de Luis, director del área de regulación y políticas públicas de la consultora PKF Attest, “a la necesidad de adaptarse a distintos escenarios —como los condicionantes climáticos— y evidencia la relevancia estratégica que aún conserva la energía nuclear”. Y es que, como advierte Morales, la energía nuclear aporta estabilidad ante la intermitencia de las renovables. “Para que el sistema pueda asumir más renovables con garantías, se requiere una transición cuidadosamente planificada, con inversiones en almacenamiento energético, redes inteligentes y tecnologías de gestión de la demanda”, expone el abogado.
De hecho, De Luis, prevé que la transición energética conllevará un aumento de la demanda eléctrica y que para garantizar la seguridad del suministro será necesario “eliminar las actuales barreras a la inversión en infraestructuras”. Los abogados coinciden en que la red actual no está preparada para absorber grandes cantidades de energía renovable ni gestionar su intermitencia. Además, añaden que la falta de planificación territorial y las dificultades para acceder a la red son grandes obstáculos estructurales.“Es crucial mejorar y expandir las infraestructuras de energías renovables y redes de distribución, desde la modernización de la red eléctrica para manejar la intermitencia de las energías renovables hasta la integración de tecnologías de almacenamiento de energía”, subraya Morales.
Una de las patas esta transición se apoya en el fomento del autoconsumo y la creación de comunidades energéticas, aunque, actualmente, sea un canto al sol. Se trata de fomentar que los ciudadanos sean autosuficientes, pero “a pesar del impulso del Real Decreto 244/2019 aún existen barreras normativas y burocráticas” para las instalaciones en alquiler y el autoconsumo compartido, lamenta Antonio Morales. Por otro lado, hay un embrollo legal con las comunidades de propietarios y se echa en falta un desarrollo normativo claro para los grupos locales.
Laberinto legal
Resulta paradójico que el mismo esquema regulatorio que adolece de normativa específica para el florecimiento de la energía verde se transforme en un laberinto legal para los inversores cuando se trata de planificar proyectos específicos por la gran cantidad de leyes sectoriales y de distinto nivel que deben tener en cuenta.
La dispersión normativa, reconoce Morales, provoca para los promotores “barreras burocráticas significativas, lo que puede retrasar o, incluso, impedir el desarrollo de nuevas instalaciones”. La coexistencia de múltiples normas “puede hacer que los procedimientos administrativos sean complejos y lentos”, explica el abogado. Los problemas se agravan por “la falta de coherencia, los frecuentes cambios de las normativas” y la descoordinación entre administraciones, añade Morales.
“El sector energético en España opera bajo una intensa carga regulatoria”, corrobora Teófilo de Luis. “Esta superposición se traduce en procesos burocráticos complejos que dificultan y retrasan el desarrollo de inversiones clave”, alerta. En un contexto en el que la descarbonización es un objetivo de interés público superior, “se hace imprescindible una armonización normativa que preserve la unidad de mercado y facilite su cumplimiento”, defiende de Luis.
Riesgos
El capital busca mercados estables y es alérgico a la incertidumbre, tanto de precios como del entorno regulatorio. Los temores pueden provenir, en primer lugar, por los “cambios frecuentes en las políticas y las regulaciones”, apunta Morales. La falta de coherencia también puede complicar la planificación y ejecución de los proyectos. “Cualquier alteración abrupta del marco normativo puede comprometer su rentabilidad, erosionar la confianza del sector e hipotecar el desarrollo de nuevas iniciativas”, señala De Luis. Por otro lado, la volatilidad de los precios de la energía genera un riesgo financiero para el inversor. “En 2024, por ejemplo, se registraron precios negativos en el pool eléctrico durante varias horas, lo que obligó a algunos productores a detener sus instalaciones”, recuerda Morales.
Los elevados costes de financiación y el riesgo operativo —la intermitencia de energías limpias como el sol y el viento complican su gestión e integración en la red eléctrica— son un coctel explosivo, sobre todo si la red no puede absorber la energía, lo que se traduce en pérdidas económicas.
El impacto de estos frenos, coinciden los expertos, pueden hacer descarrilar la Agenda 2030. “La transformación del modelo energético deba alejarse de planteamientos dogmáticos y responder a una visión realista”, defiende De Luis. Sin su implicación, augura, será difícil alcanzar los objetivos climáticos.
Propuestas para cumplir con la Agenda 2030
- Reforma fiscal. Establecer incentivos fiscales para promover inversiones en energía limpia.
- Educación energética. Formar a los ciudadanos para un consumo responsable y eficiente de energía.
- Estabilidad normativa. Dotar de un marco legal predecible que garantice seguridad jurídica a largo plazo y atraiga la inversión privada.
- Planificación territorial. Ordenación del suelo que equilibre renovables y protección ambiental.
- Impulsar la digitalización y el autoconsumo. Digitalizar el sistema eléctrico e incentivar que los ciudadanos puedan producir su propia energía.
