Los procuradores se postulan como mediadores en el pulso entre jueces y fiscales y el Congreso a cuenta de la ley de acceso a la profesión
Las asociaciones de jueces y fiscales han convocado huelgas y protestas para los próximos días
El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha ofrecido este lunes su Instituto de Mediación para resolver el conflicto abierto entre las asociaciones de jueces y fiscales y el Gobierno a cuenta de la reforma del sistema de acceso a la carrera profesional de la judicatura y fiscalía. El Congreso ha comenzado a tramitar la ley en medio de un clima de confrontación con los profesionales. Los procuradores ponen en valor así la ley que potencia la resolución amistosa de los conflictos, que entró en vigor para todos los asuntos civiles y mercantiles el pasado 3 de abril.
Este insólito ofrecimiento se produce en un momento de crispación general tras la remisión al Congreso del proyecto de ley orgánica que modifica aspectos claves del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Varias asociaciones (la Asociación Profesional de la Magistratura —APM—, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria —AJFV—, Foro Judicial Independiente —FJI—, la Asocación de Fiscales —AF— y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales —APIF—) han manifestado su preocupación porque se permita entrar a jueces o fiscales sustitutos “por la puerta de atrás”, lo que podria comprometer al calidad y la independecia de la justicia. Todas ellas, salvo Jueces para la Democracia y APIF, han convocado un paro simbólico de 10 minutos para este miércoles en seña de protesta.
El Consejo General de Procuradores de España abre el proceso de mediación a la participación de otros agentes jurídicos, siempre y cuando no se hayan posicionado ni a favor ni en contra la reforma y puedan mantener la neutralidad necesaria para participar en la mediación.
Ejemplo cívico
El CGPE, que aglutina a 67 colegios profesionales y 9.300 procuradores, ha señalado que ya se reunió con representantes de las cinco asociaciones de jueces y fiscales que se oponen a la nueva legislación. Según informan, el presidente de la Comisión de Mediación del CGPE, José Antonio Fandiño, planteó a jueces y fiscales aprovechar la desavenencia para poner en marcha un protocolo de mediación que evite la confrontación, la judicialización del asunto y sirva de ejemplo a la sociedad española.
“Somos procuradores de justicia y queremos ejercer nuestra misión y, si las partes lo aceptan, poder resolver el problema de una forma consensuada y en beneficio de la mejora del proyecto de ley orgánica publicado el 22 de mayo y que ha de debatir y aprobar el poder legislativo”, explica Ricardo Garrido, presidente del CGPE.
“Es una excelente ocasión para cerrar el círculo. El Parlamento acaba de aprobar y poner en marcha una nueva Ley de Eficiencia Judicial que, entre otras cosas, busca implantar la cultura de la mediación en España y evitar la judicialización de todos los conflictos”, subraya Javier Segura, vicesecretario del CGPE y decano de Barcelona.
El Consejo General de Procuradores de España mostró su preocupación por los efectos de la huelga anunciada contra la reforma aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo. “Creemos que la reforma es notablemente mejorable y una mediación puede ayudar mucho al legislador, tanto para potenciar los méritos y capacidades en el acceso a la carrera judicial, como en su tramitación”, explica Alberto García Barrenechea, secretario del CGPE y decano de Madrid. Barrenechea considera clave que la reforma legislativa, “en vez de realizarse por trámite de urgencia será más constructiva y consensuada si se realiza por el trámite ordinario, lo que hace necesario recabar informes y permitiría la mediación a la que nos ofrecemos”.
