La abogacía iberoamericana: garante de prosperidad, justicia y cohesión
La profesión jurídica debe garantizar un acceso efectivo a la justicia, promover marcos normativos sólidos y ejercer un control riguroso sobre el poder público
No hay crecimiento económico sostenible sin justicia. No hay cohesión social sin confianza en las instituciones. No hay bienestar sin legalidad. Por eso, si aspiramos a una Iberoamérica más próspera, justa y cohesionada, debemos colocar al Estado de derecho y a la abogacía en el centro del proyecto regional.
Con este marco, celebramos estos días en Madrid —convertida en el epicentro del debate jurídico iberoamericano— la II Cumbre Internacional del ICAM, con la participación de más 50 personalidades y expertos y como antesala del 50º aniversario de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) y la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 2026.
El Estado de derecho y la seguridad jurídica —la certeza de que las normas se aplican de forma estable, previsible y justa— son la base para el desarrollo económico, la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales. Sin ella, los ciudadanos pierden confianza, las inversiones se retraen y el poder tiende al abuso.
La evidencia es clara. Según el World Justice Project, el 78 % de los países iberoamericanos ha experimentado un retroceso en calidad institucional desde 2016. Y el deterioro del Estado de derecho no es solo una preocupación jurídica o política: tiene consecuencias directas sobre la inversión, la productividad y la movilidad social.
De acuerdo con el Banco Mundial, los países con mayor calidad institucional y menor percepción de corrupción crecen hasta dos puntos porcentuales más al año que aquellos con instituciones débiles. Esta diferencia marca el límite entre el estancamiento y el progreso.
En este contexto, la abogacía iberoamericana está llamada a desempeñar un papel clave: no solo como defensora de derechos, sino como motor de transformación institucional. La profesión jurídica debe garantizar un acceso efectivo a la justicia, promover marcos normativos sólidos y ejercer un control riguroso sobre el poder público. Nuestra misión es convertir la legalidad en una fuerza de desarrollo.
Hoy, sin embargo, enfrentamos obstáculos estructurales. Litigar un contrato en tribunales latinoamericanos toma en promedio 768 días, con costes procesales que en países como Chile alcanzan el 25 % del valor en disputa. En Colombia, puede superar los 1.200 días. Esta ineficiencia judicial no solo frustra el acceso a la justicia: expulsa inversiones, fomenta la informalidad y alimenta la impunidad.
La corrupción agrava el panorama. El índice de percepción de la corrupción regional promedia 41/100. Esta debilidad institucional desalienta el emprendimiento, encarece las transacciones y contribuye a la fuga de talento.
Tampoco podemos ignorar la desconfianza ciudadana. Solo el 20 % de los ciudadanos en Bolivia confía en el sistema judicial. En Argentina, la confianza en los partidos políticos ha caído al 12 %. Esta crisis de legitimidad institucional alimenta la polarización, dificulta el diálogo social y mina la estabilidad democrática.
Ante esta realidad, la abogacía debe posicionarse como actor estratégico de desarrollo. En tanto que garantes del principio de legalidad, los abogados tienen la capacidad —y la responsabilidad— de impulsar un nuevo ciclo de institucionalidad sólida, transparente y eficaz.
En el caso de Venezuela, el colapso del Estado de derecho ha sido especialmente devastador. El país ocupa el último puesto (142/142) en el ranking del World Justice Project, con una puntuación de apenas 0,26. A la cooptación del sistema judicial y la represión de derechos se suma una impunidad criminal superior al 90 %, una crisis humanitaria con más de siete millones de personas desplazadas, y un entorno económico inviable para cualquier actor productivo. Por eso le dedicamos la apertura de la Cumbre. Porque sin restaurar el Derecho, no es posible reconstruir ni la economía, ni la democracia, ni la dignidad de una sociedad.
Esta cumbre no es un gesto aislado. Se enmarca en una estrategia jurídica e institucional más amplia. El ICAM ha suscrito más de 30 convenios de cooperación con colegios latinoamericanos, ha establecido vínculos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha impulsado iniciativas para reforzar la independencia judicial, como en el caso de México.
Además, con el lanzamiento de ICAM Universidad, un centro de formación jurídica avanzada adscrito a la Universidad Complutense, el Colegio apuesta por formar una nueva generación de abogados y abogadas con vocación pública, rigor técnico y liderazgo ético. Porque solo con profesionales comprometidos será posible consolidar el Estado de derecho como pilar de un desarrollo inclusivo y sostenible.
En un momento de fragmentación global, Iberoamérica tiene la oportunidad de actuar como puente normativo entre continentes, promover el multilateralismo y demostrar que la seguridad jurídica puede ser un motor de prosperidad compartida. Para ello, necesita una abogacía fuerte, ética y cohesionada.
Los colegios de la abogacía no somos espectadores, sino actores institucionales. Defender la legalidad no es un ejercicio técnico, sino un compromiso cívico. Y frente a los desafíos de autoritarismo, corrupción o arbitrariedad, nuestra respuesta debe ser firme: más Derecho, más garantías, más Justicia.