¿Hay atasco en las cuentas de consignación judicial?
El ICAM propone el abono de intereses por los retrasos en los pagos. Mientras, los Letrados de la Administración de Justicia niegan que haya dinero inmovilizado, pero reconocen que el sistema tiene margen de mejora
La agilización de las cuentas de consignación judicial — aquellas donde se gestionan los ingresos y los pagos vinculados a procedimientos judiciales — es el nuevo caballo de batalla de los abogados. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) acaba de presentar una proposición no de ley ante el Congreso para reformar el modelo y evitar el “continuo bloqueo” de fondos consignados. Una situación que el colegio ha calificado de “dramática”. ¿Es tan grave el problema?
Según las cifras facilitadas por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el saldo medio de las cuentas de consignación judicial en todo el territorio gira en torno a los 5.000 millones de euros. La iniciativa del ICAM ha generado un amplio eco en la profesión jurídica, con respuestas encontradas entre los distintos operadores. Los primeros interpelados, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), encargados de la gestión de estas cuentas, señalan que no existe dicho bloqueo, sino que se trata del saldo medio consecuencia de las entradas y salidas continuas de dinero. Eso sí, reconocen que el sistema tiene margen de mejora y que necesita un refuerzo de personal y una mayor automatización.
Las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales (CDCJ), reguladas en el Real Decreto 467/2006, actualmente se gestionan por el Banco Santander, adjudicatario del contrato suscrito con el Ministerio de Justicia. En estas cuentas se ingresan las condenas económicas que se imponen por decisión judicial y se abonan a la parte correspondiente. Por ejemplo, una indemnización, una pensión de alimentos, un embargo o las costas del juicio.
Los plazos para cobrar los fondos consignados son desiguales, ya que dependen de la saturación y los medios personales de cada órgano judicial. Consciente de esta problemática, el Ministerio de Justicia está llevando a cabo iniciativas como la aplicación de herramientas de robotización para reducir de forma sustancial los tiempos. Eso sí, de momento, solo en los territorios donde las competencias en justicia pertenecen al ministerio. “El sistema de CDCJ es completamente digital y se está mejorando día a día, por ejemplo, se acaba de poner en marcha la posibilidad de que un ciudadano o empresa pague con tarjeta de crédito o débito, a través de la plataforma Carpeta Justicia, la deuda que tenga”, comentan desde el ministerio.
Propuesta del ICAM
A pesar de estas medidas, Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), señala que las reclamaciones que recibe el colegio de ciudadanos y profesionales por retrasos en el cobro de fondos consignados son constantes y crecientes. Y que, en consecuencia, el ICAM ha propuesto una reforma normativa que obligue al pago de intereses desde el momento en que exista una resolución firme hasta el abono efectivo de las cantidades. Con ello, pretenden que la Administración abone las cantidades consignadas en un plazo razonable y que “fondos reconocidos judicialmente a ciudadanos y empresas no se bloqueen durante meses o incluso años”.
La iniciativa cuenta con el respaldo institucional de la Abogacía, tal y como confirma Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). González señala que “no se puede negar que hay disfunciones graves en determinados órganos judiciales, sobre todo en aquellos especializados en cláusulas suelo”. Si bien matiza que “es necesario valorar el flujo de caja de la CDCJ y no confundir saldo con fondos bloqueados”, considera “razonable” que se paguen intereses si las transferencias llegan fuera de plazo.
Colegios de abogados, como el de Barcelona o Sevilla también muestran su apoyo a la propuesta del ICAM. Jesús M. Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, subraya que si “el ciudadano no recibe la cuantía que le corresponde sufre un perjuicio que debe evitarse”. “Una justicia lenta no es justicia”, defiende. Además, Sánchez denuncia que los profesionales que intervienen en un procedimiento judicial no puedan consultar directamente las cuentas de consignación.
El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, también comparte la preocupación del ICAM por los retrasos en el cobro de los fondos consignados. “Esta situación afecta directamente a los derechos de los ciudadanos y al prestigio de nuestro sistema judicial”, afirma. El decano también apoya gravar con intereses las dilaciones en el pago, “no solo para compensar en parte ese perjuicio, sino que para incentivar una gestión más ágil de los fondos públicos”.
Letrados judiciales
Los abogados tienen en frente a los Letrados de la Administración de Justicia, quienes niegan en bloque la existencia de dinero inmovilizado en las cuentas de consignación judicial. Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), es claro: “No hay bloqueos. El saldo medio es consecuencia de entradas y salidas continuas”. De hecho, remarca que “en 2023 se ejecutó el 101,8% de lo ingresado”. El letrado sostiene que “la cuenta se gestiona con eficacia, de forma telemática, y se revisa jerárquicamente”. A su juicio, “la crítica del ICAM no se ajusta a la realidad y daña injustamente la imagen de los LAJ”.
No obstante, sí reconocen algunos problemas puntuales. Silvia Santana, LAJ del Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid y miembro de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), insiste: “No se puede generalizar”. Santana reconoce que hay problemas ajenos a la voluntad de los letrados tales como “ingresos erróneos, retrasos procesales o datos incompletos que frenan las transferencias”. Desde UPSJ, consideran clave abordar una automatización inteligente. “Debemos exigir que el sistema informático procese de forma automática las consignaciones, para evitar errores manuales y reducir los tiempos”, propone Santana.
Para Álvaro Perea, LAJ del Juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada, las demoras son fruto de un problema estructural. “Hay un volumen catastrófico de entrada y pendencia de asuntos, plantillas infradotadas y ausencia de mecanismos informáticos eficaces y basados en la automatización”, alerta. Perea advierte de que la propuesta del ICAM es como el chocolate del loro: “se olvida que esos intereses en último término los pagaría el Estado, es decir, el contribuyente”.
Supervivencia
En el fondo de esta batalla está la supervivencia de muchos abogados autónomos y pequeños bufetes. Eugenio Ribón señala que “la dilación en la entrega de estos fondos está estrangulando financieramente a muchos despachos, especialmente los que dependen del turno de oficio”. También subraya que los procedimientos de familia son especialmente sensibles a estas demoras.
Desde la trinchera del día a día judicial, los abogados consultados por CincoDías sostienen que, por lo general, los pagos no suelen demorarse en exceso tras una resolución firme. Sin embargo, reconocen que cuando esto sucede las consecuencias pueden llegar a ser trágicas. Inmaculada Clemente, abogada colegiada en Cáceres, recuerda como un cliente víctima de una estafa bancaria de unos 4.000 euros necesitó un año para recuperar su dinero pese a ganar la demanda. “Cada día de retraso puede poner a alguien contra las cuerdas, desde la supervivencia de una familia a la de una pequeña empresa”, advierte.
Por su parte, el penalista Joan Comorera, colegiado en Barcelona, agrega que estos retrasos también afectan a abogados y procuradores. “Significa llamadas y gestiones que suponen tiempo de trabajo y, en ocasiones, el enfado de los clientes”. En su opinión, “el pago de intereses por fondos retenidos sería justo ya que no es problema del cliente que los juzgados estén saturados”.
Mar Hermano, abogada colegiada en Sevilla coincide en que la propuesta del ICAM de abonar intereses por retrasos en los pagos es justa y necesaria. “Si la Administración penaliza con intereses cuando pagas tarde, debería aplicárselo también a ella misma”, afirma.
Para Elena Novel, abogada colegiada en Madrid, “el retraso daña la relación con el cliente que termina por pensar que el abogado no ha hecho bien su trabajo”. La abogada cree que el origen de los cuellos de botella está en la saturación de causas, las plazas de gestores procesales que no se cubren y los asuntos que “directamente se eternizan hasta que llega un nuevo funcionario”.
Deficiencias del sistema y posibles soluciones
Retrasos en los pagos. Uno de los principales problemas es la demora entre la sentencia firme y la entrega del dinero. En algunos casos se prolonga durante meses, generando importantes perjuicios económicos a particulares, empresas y abogados, especialmente, a los del turno de oficio. Las jurisdicciones más afectadas son la civil (en particular los procedimientos de familia) y la social.
Sobrecarga funcional. Los LAJ, responsables de la gestión de estas cuentas, afrontan una carga de trabajo que supera con creces los recursos disponibles. Muchos señalan que el problema es estructural: escasez de personal, picos de actividad y falta de refuerzo.
Falta automatización. Gran parte del proceso sigue realizándose manualmente. La ausencia de automatización ralentiza los pagos y genera errores. Tanto los LAJ como los colegios de abogados coinciden en que es urgente la digitalización total, la aplicación de herramientas de inteligencia artificial que agilicen el proceso y la conexión de los sistemas informáticos de la Administración de Justicia.
Escasa trazabilidad. Los beneficiarios muchas veces no pueden saber en qué punto está su dinero. La opacidad del sistema provoca inseguridad jurídica. Los profesionales reclaman un canal único y transparente de seguimiento de los mandamientos de pago.
Ingresos erróneos. Cada juzgado tiene un código identificativo de su propia cuenta de consignaciones y en cada una existen tantos números de cuenta como procedimientos judiciales haya en dicho órgano judicial, por lo que pueden producirse equivocaciones. Lo ideal sería que quien realiza la consignación se identifique para poder advertirle en caso de error.
La propuesta del ICAM. El ICAM plantea reconocer el derecho a intereses cuando se incumpla el plazo de pago, así como implementar un régimen de responsabilidad y un control efectivo sobre los retrasos.
