Fútbol y concurso de acreedores, una relación muy distinta al pasado
En 2010, más de la mitad de los equipos estaban en situación de insolvencia y la deuda con Hacienda era 100 veces más que la actual
En las pasadas jornadas de estudio de la insolvencia en la que se dan cita magistrados de lo mercantil de toda España para analizar las novedades concursales del último año, escuchaba con atención la mesa que dedicaban a los concursos del sector deportivo. Se comentaba con cierta sorpresa como el volumen de concursos en el sector deportivo había disminuido considerablemente con respecto a la situación que se vivía a principios de 2010.
Todo parecía indicar que la ley del deporte aprobada en diciembre de 2022 contemplaría previsiones relativas a la insolvencia de las federaciones deportivas españolas. Sin embargo, simplemente se explica el paso de la normativa anterior, que exigía la transformación de los clubes en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) para participar en competiciones oficiales profesionales de ámbito estatal (salvo las excepciones conocidas por todos de FC Barcelona y Real Madrid en fútbol y baloncesto, y Athletic de Bilbao y Osasuna en fútbol).
Ese preámbulo recoge cómo el transcurso del tiempo ha evidenciado la ineficacia de un modelo que buscaba terminar con la insolvencia de los clubes. Hasta hace bien poco vivimos unos años muy duros para las entidades deportivas donde los problemas económicos, insolvencias y procesos concursarles se contaban por docenas hasta convertirse en un problema endémico. Especialmente acuciante fue en el fútbol profesional, cuya recuperación se ha debido a otros factores que nada tienen que ver con la exclusión de otras formas jurídicas para la participación en esta clase de competiciones y que le ha obligado a un replanteamiento del modelo.
A principios de la anterior década, más de la mitad de los equipos de fútbol estaban en situación de insolvencia y la deuda con Hacienda y la Seguridad Social era 100 veces más que la actual. La razón del cambio en estas cifras se halla, por una parte, en el control económico férreo que impone la normativa recogida en el Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, que exige estar al orden de los pagos para poder expedir las fichas de los jugadores.
En concreto, para los clubes de primera y segunda división, el control lo han aprobado los propios clubes a través de sus estatutos exigen para estar afiliado a dicha liga, estar al corriente de pago de sus obligaciones fiscales, con la Seguridad Social; así como no tener deudas con jugadores y técnicos, la Real Federación Española de Fútbol, la propia Liga de Fútbol Profesional (LFP) y con las Sociedades Anónimas Deportivas o clubes afiliados. Estos estatutos prevén también un fondo de garantía concursal que la LFP constituye para cada temporada, por el cual ofrece avales para el caso de que alguno de los clubes afiliados sea declarado en concurso y mantenga deudas con sus jugadores.
Parece difícil que se vaya a repetir de nuevo una situación como la de hace una década, en la que un equipo de futbol en situación de insolvencia pueda ganar una competición deportiva a uno que si lo está, por el simple hecho de que su reglamento le impedirá jugarlo. Algo lógico pero que pasaba hasta no hace tanto.
Itsaso Santos Olalde, socia de reestructuraciones e insolvencias de PKF Attest.
