Marcha atrás en la federalización tributaria y atracción de riqueza
No son pocos los empresarios que están viendo con buenos ojos la huida hacia Navarra o País Vasco
Durante estos meses se ha hablado mucho de la cesión de competencias del Estado a la comunidad autónoma de Cataluña en la recaudación impositiva y el concepto acuñado por el presidente del Gobierno de “federalizar la Agencia Tributaria”. No obstante, sus socios de Gobierno, el partido Sumar, han presentado este mes de noviembre una enmienda en las Cortes Generales que, a grandes rasgos, supone la centralización absoluta del impuesto sobre sucesiones y donaciones bajo el concepto “gran herencia”.
Si bien es cierto que el pretexto de dicho tributo supraautonómico es armonizar el gravamen para los españoles, la realidad es que es una armonización del impuesto solo para los ciudadanos considerados como ricos y que residan en casi toda España, porque el concierto navarro y vasco hace imposible su aplicación en estos territorios históricos.
Sin embargo, en la mayoría de los análisis se ha centrado este nuevo impuesto en un ataque al modelo impositivo de comunidades autónomas como Madrid y Andalucía, pero dicho planteamiento es, una vez analizada la propuesta de Sumar, erróneo porque supone en la práctica quitar a todas las autonomías la capacidad de aplicar bonificaciones.
Trasladándolo a Cataluña, por ejemplo, en una herencia entre cónyuges de tres millones de euros de base imponible, se pasaría de pagar en torno a 6.000 euros a abonar alrededor de 600.000, siendo las diferencias menos sangrantes con descendientes, pero igualmente importantes.
Es evidente que, optando por la tan manida armonización fiscal, se ha elegido como siempre buscar igualar por arriba, en escalas impositivas altas, y no buscando no igualar por abajo, sino hacer una reflexión más general que nos permita analizar cómo tratan nuestros vecinos este impuesto. Si hacemos esa comparación, el resultado es que la distancia de España con los países de la UE se incrementará, dado que en pocos Estados se grava la sucesión como en muchas comunidades de España.
Sobra decir que el revuelo creado en patrimonios relevantes de casi toda la geografía española es notable, y no son pocos los empresarios que están viendo con buenos ojos la huida hacia Navarra o País Vasco, pero es especialmente confuso para empresarios extranjeros que se planteaban residir en España una vez jubilados y que, ante este tipo de propuestas, huyen despavoridos hacia nuestros países vecinos que le ofrecen una mayor seguridad jurídica.
A modo de ejemplo, un empresario residente en Inglaterra que con la desaparición del régimen de non-dom quiera venir a vivir a España, si tuviesen sus herederos una herencia de 100 millones de euros, con la propuesta de Sumar y sin hacer una planificación fiscal que intente mitigar el impacto, tendría que pagar en torno a 34 millones de euros si se instala en Huelva. Entiendo que habrá un sector de la sociedad que, si bien le pueda parecer desmedido, sí considera justo que pague ese impuesto, pero el problema es que si este empresario, que tiene libertad de venir o no a España, se instala en el Algarve portugués, sus hijos no pagarían impuestos de sucesiones.
El resultado de esto es doble, los grandes patrimonios no vienen a residir a España y los residentes que viven en España analizan la forma de estructurar su patrimonio sin que sus herederos tengan un riesgo de delito fiscal por el fallecimiento del patriarca familiar.
A modo puramente egoísta y desde el desarrollo profesional, el agradecimiento al Gobierno con esta y todas las medidas es infinito dado que no existe mejor campaña de marketing para el asesoramiento fiscal que un telediario en el mes de noviembre, pero no es menos cierto, que en la práctica este tipo de medidas expulsa inversión y riqueza en España y en caso de aprobarse, hace pagar impuestos de nuevo a empresarios de pymes y directivos de empresas en su sucesión, mientras que el gran empresario para él que la medida fue creada, consigue evitarlo ya sea con deslocalización o con asesoramiento fiscal.