El CGAE crea dos comisiones para resolver la encrucijada de los mutualistas y consolidar la mediación
El nuevo organigrama de la era González, presentado este viernes, pone el foco en las previsiones sociales, la desconexión digital y el avance en las mejoras para el turno de oficio
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha dado a conocer este viernes su nueva composición. La institución que defiende a los letrados y letradas del país ha aprobado de forma oficial su nuevo organigrama y el nombre de quiénes ocuparán los sillones de consejeros bajo la batuta de Salvador González, electo nuevo presidente de Consejo este verano. Entre las novedades destaca la creación de una nueva comisión que estará dedicada a abordar la previsión social de los profesionales para dar respuesta a las continuas quejas de los mutualistas, que denuncian no poder tener acceso a una pensión digna tras años de pagos al sistema.
“En los próximos diez años se jubilarán más 30.000 abogados”, ha recordado Salvador González, presidente del CGAE, en un encuentro con la prensa que ha tenido lugar minutos antes de celebrar el pleno para aprobar la nueva composición del Consejo. El malagueño ha aprovechado la ocasión para recordar que el sistema de pensiones no puede dejar “a nadie atrás”, porque la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a “una pensión digna”.
La Abogacía debe “mirar de frente” a la situación sobrevenida en que se encuentra miles de mutualistas alternativos a quienes corresponderán pensiones insuficientes y “contribuir de forma constructiva a encontrar soluciones satisfactorias para todos”. “Estoy seguro de que quienes formarán parte de esta nueva comisión jugarán un papel clave en este proceso que será complejo, pero en el que estamos llamados a desempeñar un papel muy relevante”, ha dicho el presidente.
Precisamente, la Plataforma Afectados por las Mutualidades, integrada por abogados y procuradores que no han cotizado a la Seguridad Social, ha convocado una manifestación el próximo 28 de septiembre para exigir una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y optar a las mismas condiciones que aquellos que eligieron cotizar.
Bajas en el turno
Asimismo, el nuevo presidente del Consejo ha instado a “repensar” el sistema del turno de oficio para garantizar que las retribuciones se ajustan a los servicios prestados, advirtiendo de que “empieza a haber bajas”. Si bien el fenómeno no es pronunciado, sí es una tendencia remarcable y exige actuar en consecuencia, ha apostillado.
En este sentido, el Pleno ha aprobado la creación de una nueva comisión que se dedicará de forma exclusiva a la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La ley vigente data de 1996 y el Gobierno ha incluido en su calendario legislativo de este mismo año el inicio en la tramitación de una nueva ley que renueve y solucione los problemas de la actual.
El nuevo Consejo también pondrá el foco en la mediación. La segunda comisión de nueva creación es la que se denominará de Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC), aunque buena parte de sus competencias ya las asumía la subcomisión de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, que hasta ahora dependía de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ). La nueva comisión, además de adaptar su nombre a la denominación de los cambios legislativos en trámite, quiere potenciar todo el trabajo que contribuya a solucionar los problemas sin necesidad de alcanzar las instancias judiciales.
Otro cambio de denominación significativo es el de la Comisión que hasta ahora lo era de Defensa de los Intereses Profesionales y que pasa a llamarse Comisión de Fomento de la Conciliación, Desconexión Digital y Bienestar de la Abogacía, enfatizando su vocación en la mejora de las condiciones en que prestan sus servicios los colegiados.
Manifiesto
El Pleno del CGAE también ha aprobado un manifiesto para dejar clara su postura frente a las posibles soluciones que se manejan para desencallar el problema de las mutualistas. En un comunicado aprobado por unanimidad, la Abogacía ha subrayado que “nuestra Constitución impone en su artículo 50 que ‘los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad’”. “El mandato no puede ser más nítido”.
Añade que, “aunque el Gobierno ya ha asumido la necesidad de abordar la situación para dar cumplimiento a ese mandato, la escasa información que ha proporcionado sitúa su propuesta para solucionar el problema en el ámbito puramente asistencial, limitando la misma a quienes no podrán subsistir sin la ayuda del Estado”.
Por ello, ha reiterado su “más enérgico rechazo” a esta respuesta, reivindicando que “la reclamación pertenece al terreno de los derechos constitucionales”. “Ahí, por mandato legal y por convicción moral, está y estará siempre la posición de quienes representando al conjunto de la profesión queremos contribuir de forma decisiva a la solución del problema”, remacha.
