Jubilaciones precarias: el ICAM espera cerrar una solución para 54.000 mutualistas antes de fin de año
El Colegio de la Abogacía madrileña plantea una solución basada en una pasarela voluntaria para trasladar las cotizaciones de la Mutualidad a la Seguridad Social o para que se equiparen los años cotizados
Es un asunto complejo: actualmente hay más de 54.000 abogados mutualistas que ven peligrar su jubilación y afrontan un horizonte de precariedad cuando llegue la hora de retirarse de la profesión. Se trata de profesionales que, en un momento dado, cuando lo permitieron diversos cambios legales, optaron por cotizar en exclusiva por la Mutualidad de la Abogacía y no por la Seguridad Social. Se les conoce como mutualistas alternativos, para diferenciarlos de otros colectivos, como los que han cotizado ante esta entidad con planes de pensiones y ahorro complementario al sistema público. Si nada cambia, la mayoría se jubilará con pensiones que no llegan a los 500 euros. De ahí que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) haya planteado una solución técnica que llevarán al ministerio que lidera Elma Saiz con la expectativa de alcanzar un acuerdo antes de fin de año.
Así lo ha confirmado esta mañana el decano madrileño, Eugenio Ribón. El colegio ha elaborado a lo largo de cinco meses una propuesta de la mano de la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Doña María Emilia Casas. El informe es de carácter técnico y plantea un abanico de soluciones que tendrá un impacto en la hucha de la Tesorería de la Seguridad Social al asumir parte de la mejora de las pensiones de este colectivo. Pero llegar a un acuerdo no será fácil. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya han advertido que cualquier propuesta se centrará únicamente en los casos que muestren una mayor precariedad. Llegar a un acuerdo puede resultar más difícil de lo esperado, sobre todo por el impacto en la hucha de las pensiones.
La propuesta de la Abogacía madrileña se basa en varios ejes y se puede plasmar tanto mediante una nueva ley como una reforma de la Ley General de la Seguridad Social. La primera de estas líneas maestras es la puesta en marcha de una pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante seis meses, un plazo adecuado para que los mutualistas alternativos -solo ellos en exclusiva, que son quienes tienen este problema de jubilación precaria- puedan informarse sobre las consecuencias de este cambio y realizarlo, si lo consideran mejor. Sin embargo, el ICAM subraya que no se deben imponer “criterios económicos para acceder a esta opción”, algo que choca con lo planteado por el Ministerio.
El segundo eje incluye la transferencia del capital cotizado en la Mutualidad a la Tesorería General de la Seguridad Social, seguida de la conversión de las cotizaciones. Este es un punto sensible, porque se plantean dos opciones de conversión. La primera es de carácter cuantitativo, es decir, se traspasa el capital cotizado y en base a esta cifra se plantean diversas alternativas para que el abogado o abogada mejore su pensión, incluidas la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias o bien compatibilizar la jubilación con el trabajo autónomo cotizando. Pero hay una segunda opción, que el ICAM ha denominado “conversión conceptual”, que equipara los años cotizados a la Mutualidad y los reconoce como cotizados en el RETA.
La polémica surge porque supondría una carga económica mayor a la Tesorería de la Seguridad Social. Pero en el ICAM la defienden bajo un argumento: que en los años en que han cotizado a la Mutualidad los letrados carecían de cobertura sanitaria pública. “Esto es fundamental, dado que muchos mutualistas alternativos han carecido de la cobertura de salud proporcionada por el sistema público durante gran parte de su carrera profesional”, reiteró Eugenio Ribón, que añadió: “Es difícil calcular el impacto porque la idea es que el paso se realice de manera individualizada” y los casos son muy diversos. Sin embargo, recordó que será la Administración la que determine finalmente qué criterios de vulnerabilidad se van a incluir en la solución para el problema de las jubilaciones precarias de los abogados.
Pero el plan del colegio madrileño incluye otros ejes. Se plantean condiciones diferenciadas, con la creación de tres grupos de mutualistas que cuenten con condiciones específicas para cada uno en función de su edad y los años cotizados. En concreto, para los que tengan más de 49 años de edad, pero no hayan cumplido el mínimo de 15 años de cotización, se contemplan condiciones más flexibles para alcanzar ese período.
También se propone un sistema de garantías y ayudas transitorias que faciliten la transición al régimen de autónomos, con una clara apuesta por la adaptación progresiva, incluyendo la posibilidad de mantener la base mínima de cotización y aplicar tarifas reducidas para quienes se encuentren en situaciones económicas más desfavorables.
Y en cuanto a los que ya se han jubilado (mutualistas alternativos pasivos), el informe también aboga por consolidar el programa “Ayudas 65+”, transformándolo en un derecho subjetivo pleno para garantizar un complemento económico estable cuando la pensión resulte insuficiente.
Exenciones fiscales
Otra medida destacada en la propuesta es la consideración de exenciones fiscales temporales para mutualistas que decidan capitalizar sus prestaciones privadas de jubilación, especialmente en casos donde la longevidad pueda generar necesidades económicas adicionales. Además, se aboga por la flexibilización de las normas de compatibilidad entre el trabajo autónomo y la pensión de jubilación, permitiendo a los mutualistas continuar trabajando y cotizando sin perder los beneficios acumulados.
La propuesta también incluye la aplicación de tarifas reducidas o incluso “cuotas cero” para aquellos mutualistas que enfrentan mayores dificultades económicas, de acuerdo con el principio de progresividad fiscal. Esto evitaría que los mutualistas se vean sometidos a cargas contributivas excesivas en su transición al RETA.
La situación actual, según detalla el informe, presenta un conflicto con múltiples aristas que afecta a más del 26% de los mutualistas. Estos abogados cotizan a un sistema de capitalización individual que no garantiza pensiones suficientes, lo que genera desigualdades en las prestaciones en comparación con las ofrecidas por el RETA. Actualmente no existe un marco legal que permita la transferencia de cotizaciones entre la Mutualidad y el RETA. Y se reconoció que, en algunos casos, las bajas jubilaciones responden a una reducida cotización por parte los abogados. De ahí que pusieran el acento en la variedad de escenarios y en los criterios de vulnerabilidad que reconozcan las autoridades.
“Nos encontramos ante una coexistencia de diversas situaciones jurídicas y económicas. Muchos mutualistas reciben pensiones inferiores a los 500 euros mensuales, lo que es incompatible con una jubilación digna, vulnerando el artículo 50 de la Constitución Española, que asegura una cobertura económica suficiente”, explicó Ribón en un desayuno con la prensa, unas horas antes de dar a conocer los detalles a los mutualistas en la sede colegial de la madrileña calle Serrano.
Otro reto es la falta de información y la incertidumbre generalizada entre los profesionales de la abogacía, lo que ha llevado a muchos a no ser conscientes de la necesidad de planificar correctamente su jubilación.
La propuesta, que se dará a conocer a otros colegios de abogados y al Consejo General de la Abogacía, así como a los diversos grupos políticos y a la ministra, pretende dar una vía de solución a los mutualistas alternativos que ven un horizonte negro marcado por una jubilación que no les da para vivir en la última etapa de su vida.
