El informe Casas propone una pasarela para todos los abogados mutualistas que quieran cotizar a la Seguridad Social
La ex presidenta del Constitucional considera que no debería haber limitaciones por edad ni por vulnerabilidad para acceder al RETA
El Colegio de Abogados de Madrid ha presentado este martes las conclusiones de un informe encargado a la ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, para dar solución al conflicto abierto con los letrados que reivindican pensiones dignas. El informe Casas contempla la creación de una pasarela que permita a todos los abogados que han estado ahorrando para su jubilación a través de la Mutualidad de la Abogacía, traspasar ese dinero a la Seguridad Social y poder así cobrar una pensión pública. En el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones analizarán esta iniciativa, si bien recuerdan que este departamento ya hizo una propuesta completa para tratar de solventar esta situación.
La elección de María Emilia Casas para la elaboración de este informe busca fraguar en torno a su figura un consenso político y sectorial que permita resolver una situación enquistada desde hace años, y que ha llevado al colectivo afectado a embarcarse en constantes movilizaciones y protestas. La magistrada fue la primera mujer catedrática en derecho del Trabajo y Seguridad Social y es una de las personalidades más expertas en la materia.
El problema de base es que la normativa permite a los abogados ahorrar a través de su mutualidad, y que estas aportaciones sean oficialmente una alternativa a la cotización a la Seguridad Social. Durante años, los límites de aportación eran bajísimos y solo a partir de 2013 se exigió que contribuyeran al menos con el 80% del mínimo de aportación al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). Esa escasez en el dinero ahorrado ha hecho que al jubilarse estos abogados estén cobrando, de media, menos de 600 euros al mes en 12 pagas, una cifra muy inferior a la pensión mínima de jubilación para 65 y más años (en 2024 esta prestación es de 823 euros al mes en 14 pagas y 1.033 euros mensuales en 14 pagas para quienes tienen un cónyuge a cargo).
De los 65.042 mutualistas por cuenta propia que cotizan en la Mutualidad como régimen alternativo al RETA, hay 54.827 que tienen en la entidad este único plan de ahorro básico. En la Mutualidad hay otros 150.000 abogados que sí que cotizan a la Seguridad Social y que utilizan a la entidad para tener un ahorro complementario, como los planes de pensiones.
El decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha explicado durante las presentación del informe Casas que la propuesta de Casas “tiene como objetivo pactar de forma urgente la creación de la ansiada pasarela voluntaria de la mutualidad al RETA, para mejorar la situación precaria que viven y van a vivir muchos compañeros al jubilarse”.
Los planes del Gobierno
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, recogió el guante lanzado por el colectivo y anunció en marzo que aceptarían la creación de la mencionada pasarela, pero con importantes limitaciones: solo podrían adherirse a ellas quienes fueran mutualistas antes de 1996 y que estuvieran en una situación de vulnerabilidad económica. Unos meses después el ministerio movió otra vez ficha y aceptó que se acogieran quienes pertenecieran a la Mutualidad de la Abogacía al menos desde 2005.
La propuesta de María Emilia Casas va más allá y propone que la pasarela voluntaria esté abierta para todos los letrados, sin limitaciones cronológicas ni criterios de vulnerabilidad. Para la ex magistrada, el propio hecho de pedir el cambio de régimen ya demuestra que la persona está en una situación difícil.
Fuentes de la Seguridad Social han asegurado, tras conocerse el documento elaborado por Casas, que “como no puede ser de otra manera, se analizará con detalle” y esta misma semana el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez se reunirá con el presidente de la Mutualidad de la Abogacía. Si bien, estas fuentes han recordado que los responsables ministeriales “han tenido ya diversos encuentros con estos colectivos, y está en permanente contacto con las mutualidades y colegios” afectados. De hecho, mantienen que el ministerio que dirige Elma Saiz “ya hizo una completa propuesta formal”.
El debate más intenso vendrá a la hora de fijar las fórmulas que se utilizarán para convertir el dinero ahorrado en la Mutualidad de la Abogacía en derechos de cobro de pensión pública. Aquí es donde se podría ser más o menos exigente.
El Colegio de Abogados de Madrid quiere que la conversión sea con la equivalencia uno a uno. Es decir, que cada año en que se ha aportado a la Mutualidad equivalga a un año de cotización a la Seguridad Social, aunque la cuota a la Mutualidad fuera muy inferior. Ribón lo justifica con que durante años los abogados “ni siquiera teníamos acceso a la sanidad pública”.
Frente a esa propuesta de máximos, el informe Casas incide en una conversión más ecuánime. Se trataría de transferir a la Tesorería de la Seguridad Social todo el capital cotizado a la Mutualidad por cada abogado mutualista que quiera pasar al RETA, integrando tanto las aportaciones ordinarias, extraordinarias y los rendimientos obtenidos.
Con esta conversión cuantitativa real, “la Tesorería convertirá esas cotizaciones a la mutualidad en cotizaciones al RETA a partir de sus bases y tipos mínimos, obtendrá los años cotizados necesarios para poder acceder a la pensión, la base media por la que se ha cotizado los últimos 25 años [...] y calculará la cuantía de las pensiones de jubilación a partir de los 15 años que obligatoriamente integran el periodo mínimo de cotización”, se explica en el informe.
En teoría, hay un cierto consenso político para que la pasarela salga adelante. En casi todos los parlamentos autonómicos y en las Parlamento nacional han salido adelante propuestas no de ley reclamando este modelo, con el respaldo de todo tipo de grupos políticos, desde Podemos a Vox, pasando por los nacionalistas y los grandes partidos. Ahora bien, la negociación con el Ministerio de Seguridad Social no será sencilla, ni tampoco el proceso legislativo, con Gobierno en precaria mayoría y una polarización política creciente.
“Aquí no se trata de que la Seguridad Social se haga cargo de toda la insuficiencia de aportaciones pasadas, sino de buscar fórmulas equitativas para solucionar un problema, más aún teniendo en cuenta que con otros colectivos, como los notarios, los registradores o los sacerdotes, ya se buscaron fórmulas creativas para integrarles en el sistema”, explican fuente jurídicas.
Desde el colegio de abogados recuerdan que la transición al RETA puede ser muy exigente para muchos abogados. Por ejemplo, los letrados que llevan 10 años como mutualista han estado cotizando un 52% de lo que tendrían que haber aportado a la Seguridad Social. Tras cambiar de régimen, tendrían que llegar al 100% de las bases mínimas, que rondan los 300 euros mensuales.
El informe Casas también contempla que los mutualistas pasivos (los que ya estén jubilados) queden al margen de la pasarela; aplicar una serie de garantías y ayudas transitorias para facilitar la transición al RETA y flexibilizar las normas de compatibilidad entre el trabajo autónomo y la pensión de jubilación, para permitir así que los mutualistas que vayan a la pasarela tengan más margen para completar sus años de cotización.
Las asociaciones de letrados, que empiezan a conocer la propuesta del Colegio de Abogados de Madrid, están haciendo una valoración positiva. Raquel Rico, vocal de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (Anama) se muestra agradecida con la ex presidenta del Tribunal Constitucional “por su implicación” y destacan la importancia de que “se elimine el concepto de vulnerabilidad para que la pasarela sea posible a todo el que la quiera sin requerimientos subjetivos y que el informe evidencia la necesidad de esta pasarela por justicia social”.
