Reestructuraciones y concursos de personas físicas, protagonistas de las polémicas tras la reforma concursal
Vitoria dio inició los pasados 25 y 26 de mayo un ciclo de jornadas para hacer seguimiento de la puesta en práctica de los últimos cambios de la Ley Concursal
Más de 130 expertos y cerca de 30 ponentes se dieron cita en las primeras Jornadas de Estudio de la Insolvencia, celebradas en Vitoria-Gasteiz, que se repetirán en octubre en Bilbao y en enero en San Sebastián. Analizaron los vacíos normativos y dificultades interpretativas constatadas en los ocho primeros meses de vida de la nueva normativa sobre insolvencias, estructurando los debates en tres bloques de cuestiones: reestructuraciones, segunda oportunidad y medidas para eficiencia del concurso.
El encuentro contó con la presencia de abogados, economistas, auditores, letrados de la administración de justicia y magistrados especialistas en mercantil, competentes para conocer de todas las cuestiones relacionadas con la insolvencia. Entre ellos, Pedro Malagón, destacó que “es un momento ilusionante, de cambio crucial para el derecho de la insolvencia, que ya no se centra en el concurso sino en el momento previo”. “El concurso va a ser residual y para personas físicas”, vaticinó, aludiendo a las últimas estadísticas del colegio de registradores, que demuestran un aumento de concursos con respecto a ejercicios anteriores, pero con un porcentaje cercano al 80% de concursos de personas físicas.
Reestructuraciones polémicas
¿Puede aprobarse el plan de reestructuración por acreedores que representen menos del 20% del pasivo total, imponiendo quitas del 85% a los acreedores financieros? ¿Puede competir el plan preparado por el deudor con el de uno o varios acreedores o solo puede tramitarse el primero que se presente? ¿Puede formarse una clase de acreedores por un solo acreedor? Son algunas de las cuestiones que los expertos lanzaron, a la vista de las primeras resoluciones judiciales sobre planes de reestructuración no consensuales (es decir, no aprobados por todas las clases de acreedores). En el caso concreto de planes competidores, el magistrado Víctor Casaleiro destacó que uno de los problemas procede de que la norma no prevé expresamente la contradicción entre las partes, por ejemplo, para el caso de que existan valoraciones distintas de la empresa entre deudor y acreedores. Como posible solución, apuntó a la posibilidad de propiciarla, “como juez, para respetar las reglas de la buena fe que prevé el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para todos los procedimientos”.
Segunda oportunidad
El magistrado Andrés Sánchez Magro puso el acento en la “marea exoneradora” de los últimos meses, aludiendo al perdón de las deudas de personas físicas insolventes . En un contexto en el que “todos somos forofos de la segunda oportunidad, no hay que olvidar que no todo el monte es orégano”, comentó, aludiendo a posibles fraudes. Como contrapunto, Gustavo Andrés Martín, magistrado que ha planteado una de las cuatro cuestiones prejudiciales en esta materia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisó que el legislador ha querido que “el concepto de buena fe sea normativo, no valorativo”.
Eficiencia del concurso
La letrada de la administración de justicia, María Palmero, realizó una demostración en vivo del sistema electrónico de microempresas inaugurado en enero, de cuyo grupo de trabajo forma parte. Constató las numerosas críticas recibidas por los constantes fallos. “Para que todo funcione bien se requiere una coincidencia casi cósmica”, admitió. La buena noticia, se dará “en las comunidades autónomas que no tienen LexNET, donde el sistema se integrará con sus sistemas de gestión”, anunció, lo que facilitará su uso. También desveló que algunas de las funcionalidades de la plataforma de liquidaciones estarán operativas en septiembre, apelando a la necesidad de que exista un grupo de expertos que verifique los datos y acciones que requiere la herramienta, “porque los juzgados no tienen medios para ello”.
Los concursos sin masa fueron protagonistas de muchos debates, como el que planteó el magistrado Guillermo Fernández: “¿Es posible la aplicación del concurso sin masa a los procedimientos de microempresas?”. A lo que Francisco Soriano respondió criticando la inseguridad jurídica que provocan los criterios radicalmente diferentes adoptados por los jueces mercantiles de Sevilla y los de Madrid para resolver esta cuestión.
Europa anuncia nuevos cambios
La hoja de ruta marcada por Europa presagia nuevos cambios en algunas de las cuestiones ya modificadas por la última reforma. Es el caso de las ventas de unidades productivas, en las que la proposición de directiva presentada en diciembre pasado prevé una protección de la “oferta piloto”, señaló la magistrada Margarita Póveda. Esta medida será alabada por los fondos de inversión, indicó José María de Retana, director de inversiones de Sherpa Capital, admitiendo que “cuando una empresa como Sherpa lanza una oferta, los competidores saben que está analizado y pueden aprovecharse de nuestro trabajo”. Otra de las materias a armonizar, indicó Edmundo Rodríguez, será la persecución de activos, lo que permitiría a los profesionales el “rastreo de activos (saldos bancarios, muebles, inmuebles, etc.) en cada país de la Unión, a través de los juzgados”.
Marcos Bermúdez, magistrado mercantil y miembro del comité científico de las Jornadas, señaló que “estamos asistiendo a los primeros pasos de la mayor refoma de nuestro derecho de la insolvencia desde la Ley Concursal, que en breve cumplirá 20 años”, destacando “la potenciación de la reestructuración preventiva de las deudas y la mejora a través de la simplificación del procedimiento concursal”. Bermúdez considera imprescindible la formación,“para entender, conocer en profundidad la norma, y aplicarla para conseguir la viabilidad de la empresa, motor de la economía y del bienestar social”. En esta tarea, jornadas de estudio de la insolvencia como la celebrada en Vitoria-Gasteiz, y a la que seguirán las de Bilbao y San Sebastián, “cumplen una función esencial, aunando reflexiones de todos los operadores jurídicos, desde los jueces de lo mercantil, hasta los administradores concursales y asesores de las empresas, acreedores y trabajadores, sin olvidar la doctrina científica más autorizada procedente de la Universidad”, concluyó.
Las ponencias serán recogidas en breve en un libro conmemorativo que publicará la editorial Aranzadi.