La Unión Europea se remanga para acabar con el postureo verde
El Consejo quiere poner fin al blanqueo ecológico de algunos emisores de bonos
La Unión Europea quiere poner coto al blanqueo ecológico, la hipocresía sostenible o el postureo verde. Son algunas de las traducciones al castellano que recibe el término greenwashing, combinación de las palabras en inglés green (verde) y washing (lavado). El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo anunciaron un acuerdo para acabar con esta práctica, consistente en disfrazar de ecológicas actuaciones empresariales que, en realidad, no lo son, a través de una normativa pionera para controlar la emisión de bonos verdes. Un anuncio que en España ha levantado diversidad de reacciones.
La nueva regulación, cuyo acuerdo preliminar anunció la ministra de Hacienda de Suecia y actual presidenta de turno del Consejo, Elisabeth Svantesson, traerá nuevas obligaciones para los emisores de "bonos verdes europeos" o "BVEu". Aunque son pocos los detalles conocidos de la futura normativa, fuentes comunitarias adelantan que uno de los objetivos será garantizar que las ganancias procedentes de los BVEu se invertirán en otras actividades sostenibles. Los organismos internacionales y nacionales, por su parte, reforzarán la vigilancia para detectar y sancionar empresas que se pinten la cara de verde cuando no toca.
Las autoridades españolas ya habían anunciado pasos esta dirección. Hace unos días, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, manifestaba, en un acto para presentar los objetivos del organismo hasta 2024, que la lucha contra el postureo verde entre las cotizadas será una prioridad. Días después, Carlos Torres, presidente de BBVA, dejaba caer que, si se perseguía en exceso el greenwashing, los bancos podrían verse abocados a "salir de los compromisos" asumidos en materia climática, según recogía Europa Press. "El greenwashing tenemos que acotarlo a las acciones en las que exista una intencionalidad y un daño"..
Por el momento, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) valora positivamente el anuncio, pero alertan que una hiperregulación podría ser contraproducente, puesto que las normas vigentes en materia de sostenibilidad ya se traducen en una enorme carga de deberes a las mercantiles. "El proceso de identificación de factores ESG en las empresas está siendo enormemente complejo y en bastantes ocasiones ni si quiera se dispone de las metodologías y datos necesarios para hacer frente a las obligaciones impuestas", remarcan fuentes de la patronal.
Controles necesarios
Aunque varios abogados consultados coinciden en definir el plan de la Unión Europea como pionero y necesario, otros vaticinan que un control excesivo podría traer problemas. "Es previsible que en los próximos años haya cada vez más oportunidades de inversión relacionadas con las energías renovables, infraestructuras y construcciones sostenibles y eficiencia de recursos, que no deben ver disminuido su atractivo, añadido al puramente económico, por la competencia desleal de otras prácticas con nombre verde, pero con ningún impacto real en estos objetivos", señala Gaspar Atienza, socio de mercantil de Garrigues. Y advierte: "un exceso de regulación puede llevar a que el inversor o los participantes tengan excesivas barreras".
Otro peligro es que cada país regule el maquillaje verde de forma dispar. Lo que en cierta medida ya está ocurriendo, advierte Fernando Calancha, socio de energía de Hogan Lovells: "Los procesos legislativos para evitar el greenwashing se están extendiendo por todos los Estados", corrobora. Por lo que "la Comisión Europea no tiene más remedio que adelantarse a la normativa nacional y establecer un marco común para todos los Estados Miembros".
Por su parte, Guillermo Guerra, socio de mercantil de Gómez-Acebo & Pombo, detalla que la nueva regulación impondrá el deber a las empresas de "revelar información sobre su forma de operar y gestionar los riesgos sociales y ambientales" y pondrá coto a "declaraciones falsas o difíciles de verificar en folletos de emisión de bonos o documentación comercial". La meta es que las sociedades cumplan con la llamada "taxonomía verde europea", un mecanismo para diferenciar los proyectos que afectan positivamente al medio ambiente de aquellos que lo hacen de pega. La Unión castigará con multas a las mercantiles que intenten pasar el filtro con prácticas poco honestas.
Antecedentes
Australia. Las autoridades australianas han identificado, en un reciente informe con una muestra de 247 empresas, que un 57% de las sociedades realizaban declaraciones medioambientales "vagas o poco claras". "En lugar de introducir cambios legítimos en sus prácticas y procedimientos, algunas empresas utilizan afirmaciones falsas o engañosas", concluía Catriona Lowe, vicepresidenta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés). El organismo estudiará sancionar a estas empresas.
Francia. La lucha contra el blanqueo ecológico está en las prioridades del país galo desde 2021, donde la Ley sobre el Clima y la Resiliencia acota ya el uso de alegaciones sobre la sostenibilidad de los productos que sean poco claras o genéricas. Países Bajos o Noruega también cuentan con su propia normativa.
Estados Unidos. Uno de los casos más sonados de greenwashing salpicó al intermediario financiero Goldman Sachs Asset Management: por incumplir sus propias políticas de sostenibilidad, la firma fue multada con cuatro millones de dólares por las autoridades de control estadounidenses.