La oficina que blindará los derechos de autor ya es una realidad
Es una oportunidad para paliar la posición de debilidad y falta de liderazgo estratégico de España en esta materia
A finales de diciembre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Según recoge el texto, el motivo por el que se crea esta nueva Oficina responde a que “el actual marco institucional resulta insuficiente para impulsar una política integral efectiva de promoción y protección de los derechos de autor y conexos, acorde a la importancia de este activo en el sector cultural español”.
Las industrias culturales y creativas en España aportan alrededor de un 3,4% al PIB y un 3,6% al empleo total, con más de 710.000 puestos de trabajo, según la Cuenta Satélite de la Cultura. Gracias a estas cifras tan relevantes, esta industria ha sido incluida dentro de las 10 políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, sin lugar a duda, justifica por qué una industria que hasta ahora se ha visto poco respaldada a nivel administrativo y estatal, empiece a dotarse de una estructura nacional y, por tanto, de un reconocimiento.
La posibilidad de contar con una oficina nacional con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, además de una autonomía de gestión que permita la correcta realización de la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad intelectual, es una oportunidad para paliar la posición de debilidad y falta de liderazgo estratégico de España en esta materia.
Inicialmente, las funciones y competencias que serán atribuidas a esta nueva Oficina serán las actualmente atribuidas a la Subdirección General de Propiedad Intelectual y a la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, en materia de propiedad intelectual. Ello incluye las competencias del Registro de Propiedad Intelectual que, a pesar de no tener carácter constitutivo, sí tiene una grandísima relevancia a la hora de acreditar y hacerse valer de los derechos reconocidos por la Ley de Propiedad Intelectual.
Además, el refuerzo de la estructura administrativa de esta materia irá también dirigido a mejorar la capacidad para llevar a cabo las funciones que actualmente ya se ejercen en materia de propiedad intelectual, como las competencias relativas a la vigilancia del cumplimiento de la legalidad o las funciones regulatorias, lo que incidirá en la mejora de la calidad normativa en la materia, que tanta falta hace. Esta mejora y desarrollo en las normas de la materia, esperemos, progresará en función y a medida de los importantes avances tecnológicos que se están produciendo en esta era, con retos tan relevantes como el metaverso y la inteligencia artificial.
Además, esta mayor especialización y organización institucional y gubernamental en una materia que goza de tanta importancia permitirá una mayor y mejor especialización de los empleados públicos de esta nueva oficina. Ello redundará, en definitiva, en una mayor calidad, eficacia y eficiencia en las políticas públicas y en los procedimientos relativos a esta especialidad.
Precisamente, en los últimos años la actividad relacionada con la propiedad intelectual ha experimentado una constate expansión provocada, principalmente, por las redes sociales, que se han convertido en el principal canal de comunicación pública y de reproducción de las obras protegidas por derechos de autor. Además, la transformación de los usos de dichas obras se está acompañando de nuevas formas de vulneración de estos, dando lugar a nuevas estrategias de piratería que, evidentemente, requieren atención.
Por otro lado, las plataformas de streaming han revolucionado el consumo de contenido audiovisual protegido por derechos de autor, que requieren una adaptación constante de legislación y de las herramientas al servicio de la protección de dichos derechos y de la promoción del sector.
No es de extrañar, por tanto, que el Consejo de Ministros acordara solicitar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para agilizar al máximo su aprobación, haciendo uso de la posibilidad prevista en los correspondientes artículos de los reglamentos del Congreso y del Senado. De esta forma, el acuerdo consideró la importancia de garantizar la entrada en vigor de este proyecto de ley en el menor plazo posible, tanto por su relevancia para el sector de la cultura como por el avance de la tecnología digital.
Una vez aprobada la ley, durante este año podrán aprobarse los estatutos del organismo y dar cumplimiento a los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Carmen Romero Sánchez, abogada en Balder