Adelantan a diciembre el juicio fijado para 2024 sobre el que se pronunciará el Tribunal Constitucional
El Alto Tribunal resolverá si señalar juicios a tres y cuatro años vista vulnera el derecho de los ciudadanos
El Juzgado de lo Social 11 de Sevilla que está en el punto de mira del Tribunal Constitucional (TC) por señalar juicios a tres o cuatro años vista ha reorganizado su agenda para adelantar el pleito que ha originado un recurso de amparo por la lentitud de la justicia. En concreto, por vulneración del derecho de los ciudadanos a un proceso sin dilaciones. Así lo asegura a este medio Daniel Sánchez Bernal, el abogado sevillano que promovió la demanda admitida a trámite por el tribunal de garantías. Según consta en la sede electrónica de la Junta de Andalucía, la nueva fecha asignada para este juicio, que en un principio se fijó para noviembre de 2024 y, más tarde, para abril de 2023, es el próximo 1 de diciembre.
El letrado, que aún no ha recibido notificación oficial del adelanto de la vista por ser agosto un mes inhábil salvo asuntos urgentes, cree que la decisión viene motivada por la admisión del recurso de amparo y su próxima resolución. “¿Querrá evitar el sonrojo cuando el Tribunal Constitucional resuelva la demanda?”, plantea Sánchez Bernal.
El abogado inició toda una cruzada contra la justicia tardía cuando el 24 de junio de 2021 presentó una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla donde reclamaba una indemnización por daños y perjuicios para su cliente por "incumplimiento de la formalización del contrato postdoctoral". El juzgado fijó el acto de conciliación y el juicio para el 7 de noviembre de 2024. Después de interponer recurso, el abogado consiguió que se adelantar a abril de 2023. Esto es, casi dos años de espera para resolver el pleito.
Sánchez Bernal decidió presentar una demanda de amparo el 21 de diciembre de 2021 que fue admitida a trámite el pasado 10 de mayo. Pese a la falta de medios y recursos, la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas consagrada en la Constitución, exponía, incluye el “derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable”.
El Alto Tribunal ya adelantó el pasado mes de mayo por donde podían ir los tiros al señalar que “la doctrina de este tribunal sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria (...)".
Y es que el caso por el que pelea Daniel Sánchez es uno de tantos que se ven postergados en las agendas de los tribunales. En Sevilla, denuncia, se fijan juicios a tres y cuatro años vista. Ya hay algunos señalados para 2026. Problemas organizativos, falta de personal e incremento de demandas en plena crisis económica hace que los ciudadanos que acuden a la justicia sufran las consecuencias, destaca el letrado. No son los justiciables, defiende Sánchez Bernal, quienes deben pagar estas ineficiencias del sistema. La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Constitucional.