El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre si la lentitud de la justicia vulnera los derechos de los ciudadanos

Ha admitido a trámite un recurso de amparo por el señalamiento de un juicio para 2024 y advierte que los juzgados podrían estar incumpliendo reiteradamente

El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre si la lentitud de la justicia vulnera los derechos de los ciudadanos
EFE

El Tribunal Constitucional tomará cartas en el asunto de la lentitud de la justicia. El Alto Tribunal tendrá que posicionarse sobre si el señalamiento tardío de los juicios conculca el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial y, en este caso, qué consecuencias tiene. En una nota de prensa publicada este martes ha informado de la admisión a trámite de la demanda de amparo que el abogado Daniel Sánchez Bernal presentó contra el señalamiento de un juicio laboral para noviembre de 2024.

La notificación señala que ha decidido pronunciarse sobre el ampara "apreciando que concurre en el mismo una especial transcendencia constitucional (artículo 50.1 LOTC) como consecuencia de que la doctrina de este tribunal sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria (...)".

En su demanda, fechada el 21 de diciembre, el abogado expone los datos y razones que le han llevado a solicitar el amparo del Alto Tribunal. La tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, consagrada en la Constitución, expone, incluye el “derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable”.

La cruzada emprendida por este abogado sevillano contra la excesiva demora en la administración de justicia ha conseguido así una primera e importante victoria en los tribunales. Hay que tener en cuenta que solo un 10 % de los recursos presentados ante el Constitucional pasan el filtro y llegan a analizarse por los magistrados. El letrado escribía en sus redes sociales, “Hoy creo que va a ser un gran día para los justiciables. Tengo esa corazonada”. Su pálpito no se equivocaba. Recién conocida la notica, Daniel Sánchez declaraba a a este medio que "hoy han ganado la primera batalla los justiciables; yo he aportado mi granito de arena". La primera llamada del letrado ha sido para su cliente, "y hemos llorado los dos de alegría".

Ahora resta ver cuál será la decisión del Alto Tribunal y si ordenará al juzgado que reorganice su agenda para que el juicio previsto para 2024 se señale en otra fecha acorde con el derecho a una respuesta en un plazo razonable. En el fondo de asunto está la exploración de medidas concretas contra las ineficiencias del sistema y sus consecuencias para los ciudadanos.

Tres años de espera

La congestión en los juzgados no es algo nuevo, aunque hay algunos órganos especialmente saturados. La duración media de un asunto civil en España es de 9 meses y 4 días. Sin embargo, el tribunal más lento, según los datos que arroja la plataforma de análisis predictivo Jurimetría, es la Audiencia Provincial de Huesca, que tarda en resolver una media de 30 meses y 5 días. Para zanjar un asunto en el orden social hay que esperar 11 meses y 16 días de media. Cifras que pulveriza el juzgado número 3 de Sevilla, en donde se tarda 36 meses y 3 días en conseguir una sentencia. En 2021, la tasa de litigiosidad se ha incrementado en un 13,6 % según datos del Consejo General del Poder Judicial.

La realidad es que estas altas demoras en los señalamientos de juicio las viven día las personas que acuden a los tribunales paras defender sus derechos. Hace unos días, el propio letrado se hacía eco de una noticia en la que se señalaba que un profesor acudía a los juzgados para prejubilarse a los 60 años y le daban fecha de juicio a los 64.

En su movilización, Daniel Sánchez ha recabado el apoyo institucional de diferentes instituciones, como el Consejo Andaluz de los Colegios de Abogados o el Colegio de Abogados de las Islas Baleares, a las puertas de las que ha llamado para empujar una solución al problema. Sin embargo, su propio colegio de abogados, el Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), guarda silencio. “Lo que está clarísimo como el agua es que mi colegio no me apoya. Aún se mantiene en absoluto silencio ante mi petición de apoyo”, clama el letrado. Incluso, ha presentado queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para que requiera al colegio una respuesta.

Polémica en los juzgados

Hace unas semanas las redes sociales de multitud de juristas echaban humo ante la noticia de que un juzgado de familia en A Coruña dejaba de tramitar procedimientos por falta de personal. Los internautas compartían un cartel, colgado a la puerta del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de A Coruña, en el que se podía leer: “A partir de ahora, los procedimientos de trámite acabados en 1, 2, 3 y 4, y los procedimientos de ejecución que terminen en 1, 2 y 3 no se tramitarán por falta de personal”.

Otros juzgados de lo civil también han colgado en sus respectivas sedes carteles en los que se quejan de que no se cubren las bajas de los funcionarios.

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