Movilidad y transporte: ejes clave de los objetivos marcados por la Ley 7/2021
La ley obliga a instalar infraestructuras de recarga eléctrica en las estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo A superen los 5 millones de litros
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el pasado 20 de mayo en el Congreso de los Diputados de España, tiene como objeto asegurar el cumplimiento de la Agenda firmada en Paris en el 2015. En este sentido, la idea es lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se recogen y en donde se establecen dos fechas: 2030 y 2050.
Para entender dicho desarrollo sostenible es necesario tener en cuenta simultáneamente la interrelación entre los diferentes objetivos. Así pues, de aquí a 2050, la Unión Europea quiere lograr una economía neutra en carbono, ambientalmente sostenible, libre de tóxicos y completamente circular. A todo esto, la COVID-19 no ha hecho más que revolucionar aún más la necesidad de llevar a cabo este cambio hacia la sostenibilidad.
El impacto medioambiental
Lo que sí parece ser una realidad es que el consumo de los hidrocarburos y la energía producida con combustibles fósiles está viviendo sus últimas décadas. Esto implica que los 3 actores principales – gobiernos, empresas y ciudadanos – se enfrentan a la necesidad de buscar alternativas que permitan mantener la actividad económica y, al mismo tiempo, reducir el impacto medioambiental de las emisiones.
Las energías renovables, por tanto, deberían de permitir la consolidación de la cadena de valor de esta sostenibilidad a corto plazo, siendo el pilar de la descarbonización. No obstante, para que esto se pueda llevar a cabo, tiene que haber una reducción de precios.
Una movilidad híbrida, en la que pudieran coexistir diferentes tipos de combustibles que utilizaran tecnologías similares (vehículos eléctricos y vehículos de hidrogeno) también permitiría mayor flexibilidad.
Objetivos marcados
La Ley 7/2021 habla de la movilidad y el transporte como uno de los ejes clave para la consecución de los objetivos marcados. Hay que tener en cuenta que el sector del transporte por carretera supone el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, contando con 11.400 estaciones de servicio distribuidas capilarmente por todo el territorio nacional para dar cobertura a esta movilidad. Por este mismo motivo la ley obliga a instalar infraestructuras de recarga eléctrica en las estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo A superen los 5 millones de litros, alcanzando el 10% de la red.
Para ello, quien ostente la titularidad de las instalaciones de suministro de carburante a vehículos cuyo volumen anual agregado de venta de gasolina y gasóleo A en 2019 sea superior o igual a 10 millones de litros, deberán de instalar, por cada una de estas instalaciones, al menos una infraestructura de recarga eléctrica igual o superior a 150Kw en corriente continua, en un plazo de 21 meses desde la entrada en vigor de la ley. Por otra parte, aquellos titulares de instalaciones que en el 2019 tuvieron un volumen anual agregado de gasolina y gasoil A superior a 5 millones de litros y menos de 10 millones de litros, deberán contar con una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 Kw en corriente continua, en un plazo de 27 meses desde la publicación de la Ley.
Por todo esto, las empresas que dan servicio a la movilidad deben prepararse para afrontar estas nuevas obligaciones en lo que a sostenibilidad se refiere. La presión no llega solamente desde un punto de vista legislativo, sino que también lo hace desde un punto de vista de inversiones, así como de clientes y empleados.
A pesar de que aún queda un largo recorrido para conseguir los objetivos marcados, se debería ser más ambicioso y poner en marcha acciones más amplias en campos como el desarrollo del hidrogeno o la eficiencia energética de los edificios.
La oportunidad económica está en los fondos Next Generation. La Unión Europea pondrá en mano de los países miembros 750.000 millones de euros, de los cuales España recibirá 140.000 millones de euros. Quizás esta sea la manera de corregir las desigualdades en la electromovilidad que existen dentro de la zona euro.
Manel Montero, abogado y director general de Grupo Moure