Los bufetes se refuerzan para asesorar en los fondos europeos de recuperación
Los despachos están formando equipos multidisciplinares con perfiles de competencia, ‘corporate’ y tecnología
La activación de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia, una de las dos palancas que, junto con las vacunaciones masivas, Europa se plantea para salir de la crisis, necesita del apoyo del sector legal. Sobre la mesa está el reparto para España de más de 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation, la mitad a través de subvenciones y la otra mitad mediante préstamos, aprobados en julio de 2020 por los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea reunidos en el Consejo Europeo.
Para acceder a estas subvenciones y préstamos, los Estados deben presentar sus planes de gasto e inversión y estos ser aprobados por la Comisión Europea. Diferentes ministerios están lanzando –con la participación de bufetes mediante concursos públicos– convocatorias para nutrirse de ideas a la hora de presentar estos planes.
Expertos y abogados reconocen que, a excepción de las grandes firmas del Ibex 35, existe un gran desconocimiento entre las pymes sobre la puesta en marcha de estos planes, su normativa y las grandes transformaciones que se aproximan. Por ello, despachos y consultoras están reforzando sus departamentos de derecho público.
Ejes de negocio
Los bufetes ya están teniendo un papel activo en el asesoramiento jurídico a empresas y sector público por los fondos Next Generation, un negocio que se incrementará a medida que vayan llegando y distribuyéndose. Para José Amérigo, socio de regulatorio de PwC Tax and Legal, este asesoramiento puede traducirse, en primer lugar y fundamentalmente, en la “explicación de la arquitectura jurídica” que articula el sistema de ayudas a nivel europeo, nivel interno mediante el Real Decreto Ley 36/2020 y normativas autonómicas –como en Cataluña y Andalucía– aprobadas siguiendo la norma estatal.
Otra vía de asesoramiento es la evaluación del impacto de las reformas normativas que incluya el inminente Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que necesitará la evaluación por las instituciones europeas como requisito previo para acceder a estos fondos.
Tras la reciente entrada en vigor del Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los diferentes Gobiernos europeos ya pueden hacer llegar sus planes a Bruselas. Miguel Gil-Tertre, jefe de unidad en el Recovery and Resilience Task Force de la Comisión Europea, asegura que “los desembolsos se irán realizando en función de los cumplimientos de los hitos o reformas programadas” por los Gobiernos.
Amérigo también destaca como otro eje de negocio el apoyo del sector legal en los futuros procedimientos administrativos (contratación pública y subvenciones) para distribuir los fondos y llegar a la economía real. Según este abogado, las dudas generadas entre las empresas por las manifestaciones de interés impulsadas por varios ministerios también son frecuentes, además de las “consultas sobre las herramientas de colaboración público-privada y el régimen de las ayudas de Estado”.
Equipos multidisciplinares
Todos los expertos coinciden en que los equipos de las consultoras y bufetes que asesoren en estos fondos han de ser necesariamente multidisciplinares. Aunque existe un componente jurídico-administrativo muy relevante y los equipos de derecho público tendrán un papel destacadísimo, Alberto Dorrego, socio de derecho público de Eversheds Sutherland, asegura que “todos los departamentos tendrán que estar involucrados” en este asesoramiento.
De forma muy especial tendrán un papel fundamental lo departamentos de competencia (en todo lo referente a ayudas de Estado), corporate (para la estructuración de las relaciones contractuales, UTE, joint ventures y fórmulas de integración de empresas colaboradoras) y, muy especialmente, las áreas de tecnología, medios y telecomunicaciones.
También resultará absolutamente esencial que los despachos de abogados se abran a otras áreas profesionales no estrictamente jurídicas. En este sentido, Dorrego resalta como “fundamentales las áreas de consultoría de negocio y gestión de proyectos, que pueden ofrecer un apoyo integral a las empresas para prepararse y acceder a los fondos europeos”.
Los Perte, una oportunidad para las firmas
Crecimiento. Los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (conocidos como Perte) que se presenten deben tener gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía. Recibirán un trato preferente no solo con subvenciones estatales, sino también en la flexibilización de los procesos o eliminación de barreras burocráticas.
Asesoramiento. Las empresas ya están demandando a los bufetes información sobre los criterios de elegibilidad de los proyectos, la forma de estructurarlos e insertarlos en los Perte, la inclusión de las empresas en los registros administrativos, la incorporación a estructuras jurídicas integradas y los mecanismos de acceso posterior a los fondos. Para Alberto Dorrego, socio de Eversheds Sutherland, son “las pymes e incluso las grandes empresas con poca experiencia en contratación pública las que presentan más necesidad de asesoramiento legal”.
Registro. Para el seguimiento de esta nueva figura, se prevé la creación de un registro estatal de entidades interesadas en los Perte, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Sectores. Grandes empresas energéticas, tecnológicas, de telecomunicaciones, transportes, salud y concesionarias parten con ventaja a la hora de diseñar y estructurar los proyectos vehiculados a través de los Perte.
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