Guía legal para afrontar los retos de un curso marcado por el Covid

Quince bufetes señalan las claves del ejercicio 2020-21: durante los próximos meses, advierten, tocará seguir muy atentos del BOE

Belén Trincado / Cinco Días

Finalizado el oasis que para muchos ha supuesto el mes de agosto, empresas y profesionales enfrentan ya a su particular vuelta al cole. Este curso, no obstante, se presenta como el más complicado en mucho tiempo para el tejido económico. Al empeoramiento de la crisis sanitaria, que ha trastocado los planes de reincorporación de muchas compañías, hay que sumar unas muy oscuras perspectivas económicas. Y aún no se adivina la luz al final del túnel.

Por si todo ello fuera poco, en el ejercicio 2020-2021 habrá que seguir estando muy pendiente del BOE. A la hiperactividad legislativa habitual en situación ordinaria, que se mantendrá, se añadirá la aprobación de nuevas normas (o reformas de las anteriores) para seguir combatiendo los efectos de la pandemia.

En este contexto, y para ayudar a empresas y profesionales a sobrevivir a los retos legales del curso que empieza, CincoDías ha solicitado a algunos de los principales bufetes del país que radiografíen las claves jurídicas en quince áreas claves del derecho y de la actividad económica.

Mercantil, fiscal y competencia

“Prevemos unos meses de bastantes cambios normativos. Toca estar atentos al BOE” señala Víctor Manchado, socio responsable de Corporate/M&A de Linklaters, que menciona, en concreto, las trasposiciones de la directiva para implicar a los accionistas de sociedades cotizadas y de la directiva para la constitución online de sociedades. También, el “deseable” desarrollo y aclaración de la normativa sobre inversiones extranjeras.

En el ámbito fiscal, Eduardo Abad socio responsable en Garrigues, apunta como el departamento se encuentra trabajando “en todo tipo de procesos de comprobación y recaudación”, fruto de la reactivación de la actividad Agencia Tributaria, así como la de los tribunales económico-administrativos y los de lo contencioso. También en la revisión los modelos de transfer pricing (los precios que pactan las empresas y grupos al intercambiar bienes o servicios) y en impuestos asociados a renegociaciones de contratos, refinanciaciones y concursos.

La tramitación del proyecto de nueva Ley de Defensa de la Competencia es, para Antonio Guerra, socio de Uría Menéndez, uno de los elementos más significativos en su área. Según explica, habrá un incremento en el número de operaciones de concentración notificadas a la CNMC, así como de las reclamaciones de daños por parte de perjudicados por cárteles. “Surgirán nuevos casos al margen del de los camiones”, augura.

Laboral, reestructuraciones y concursal

Pilar Menor, socia responsable de la práctica laboral internacional en DLA Piper, pone el foco en la prórroga de los ERTE, en donde “falta por concretar cuestiones como el alcance temporal y sectorial”. En todo caso, reclama que la extensión sea “ambiciosa”. Otros hitos relevantes, en su opinión, son la inminente ley del teletrabajo y actuar para poner freno a la generalización de los falsos autónomos en la economía digital.

El curso, desde el punto de vista de las reestructuraciones, será “fascinante”, subraya Javier Castresana, socio de Allen & Overy. “El principal reto será la pronta detección de quien la necesite, de manera que pueda salvaguardar sus unidades productivas rentables con soluciones eficaces e imaginativas”. A este respecto, antes de julio de 2021, España debe implementar la Directiva sobre marcos de reestructuración temprana.

El 1 de septiembre, por otra parte, entró en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal. Una norma que, Jordi Albiol, socio responsable del Área de DWF-RCD, confía en que ayude a mejorar la situación de las insolvencias y la tramitación de los procedimientos. “Prevemos un final de año y, sobre todo, un primer trimestre de 2021, una vez finalice la moratoria concursal, con una elevada actividad”, pronostica.

Público, energía y seguros

En el ámbito del derecho público, Luis Pérez de Ayala, socio de Cuatrecasas, cree que el mercado inmobiliario será especialmente relevante, con un impulso del desarrollo del suelo de la periferia de los núcleos urbanos. “Los fondos y los grandes promotores se están posicionando”, afirma. También destacará la contratación pública y la colaboración público-privada, en la que Jorge Botella, consejero del bufete, prevé un aumento de la inversión de la Administración para la construcción y mejora de infraestructuras (sanidad, carreteras, energía o agua).

En el sector energético, según Ignacio Borrego, of counsel de Freshfields, “se espera un profundo cambio en los próximos años”, como consecuencia de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. También se encuentra pendiente de aprobación el Real Decreto que articule un nuevo régimen retributivo para las nuevas instalaciones de renovables, así como el nuevo marco reglamentario de acceso a las redes. Asimismo, el letrado destaca otros dos elementos con especial incidencia en el ámbito de la energía. Por un lado, el futuro de la normativa sobre el régimen de autorizaciones de inversiones extranjeras directas y, por otro, los ajustes en la retribución a inversores con arbitrajes vivos, así como potenciales arbitrajes de entidades financiadoras.

¿Y en el ámbito de los seguros? Luis Alfonso Fernández Manzano, socio de Hogan Lovells, asevera que la pandemia traerá un aumento de las reclamaciones, aunque advierte que “las aseguradoras no cubren en España las pérdidas ocasionadas por interrupciones de actividad, al no existir un daño material que active la cobertura”.

Asimismo, el letrado apunta que un auge en la siniestralidad puede desembocar en un incremento de primas, aportando mayor liquidez a las compañías “que puede resultar atractiva para los inversores”.

Penal y procesal

El penal económico, de acuerdo con Abraham Castro, miembro del consejo académico de Broseta, estará “fuertemente marcado por un auge de la litigiosidad en procedimientos relacionados con insolvencias punibles”, como alzamientos de bienes o concursos fraudulentos, entre otros. La crisis también potenciará algunos delitos societarios. Particularmente, agrega el abogado, el de falsedades en las cuentas y las infracciones contra el mercado. Asimismo, Castro también anticipa un aumento de las infracciones contra la seguridad y salud de los trabajadores, “relacionados con la correcta implantación de las medidas higiénico-sanitarias”.

En todo periodo de crisis aumenta a litigiosidad. “Vinculado con el Covid, hemos visto diversos conflictos asociados a las dificultades para cumplir los contratos asociados a industrias y sectores como la construcción y el turismo, consecuencia de las medidas legislativas contra la pandemia”, expone Félix J. Montero, socio responsable de Litigación y Arbitraje de Pérez-Llorca. El virus, continúa, también ha tenido impacto en las transacciones de M&A, “en las cuales se han activado cláusulas MAC (material adverse change) o donde los criterios de valoración de las compañías, lo cual ha generado un cierto trabajo prelitigioso”.

Privacidad y nuevas tecnologías

La gestión de los datos, el petróleo del futuro, seguirá teniendo un papel sustancial para las empresas. Como explica Isabel Martínez Moriel, directora de Privacidad de Andersen, la pandemia ha potenciado el modelo digital a través del teletrabajo, la educación a distancia y el uso de las nuevas tecnologías. Todo ello “exige implantar medidas de seguridad para proteger la información que se comparte”. Asimismo, la abogada resalta la importancia de la recién creada Oficina del Dato y la inminente tramitación del Reglamento e-Privacy.

En el área de las nuevas tecnologías estará muy vinculada al Plan España Digital 2025, una batería de normas y medidas que verán la luz en los próximos años. Así lo manifiesta Cristina Villasante, socia de TMT de Ecija, que destaca la importancia de varios de estos textos, como el proyecto de ley para la transformación digital del sector financiero y otra destinada a regular los servicios electrónicos de confianza. También la elaboración de una Carta de Derechos Digitales, “que formulará con un lenguaje actual los derechos de ciudadanía y empresas en el mundo tecnológico”.

Propiedad intelectual

Finalmente, el Covid está teniendo una especial incidencia en los departamentos dedicados a la propiedad intelectual e industrial. En esta materia, en los últimos meses se ha registrado un aumento de las consultas y procedimientos para dotar de protección jurídica (ya sea mediante patente, modelos de utilidad, diseño industrial, marcas o similares) nuevos dispositivos o productos que han sido creados con el objetivo de luchar contra el virus. “La innovación ha demostrado ser una herramienta realmente eficaz para luchar contra la pandemia”, concluye Nuria Marcos, directora general de Pons IP.

Derecho de familia: ¿más divorcios?

Conflictos. Si hay un ámbito sobre el cual la pandemia ha tenido un impacto muy sensible es en el derecho de familia. El exceso de convivencia, la situación de vulnerabilidad económica de muchos hogares y las reticencias de algunas empresas para volver a la oficina de manera presencial han disparado las consultas sobre la materia. Entre las más recurrentes se encuentran las relativas a la modificación de régimen de visitas, pensión de alimentos, medidas de conciliación y, por supuesto, divorcios. “Hemos observado un incremento de rupturas internacionales; es decir, progenitores que tenían su residencia fuera de España y el confinamiento ha llevado a una necesidad de cambio o planteamiento de vida”, comenta Paloma Zabalgo, abogada especializada en derecho de familia.

Atasco judicial. El aumento del número de conflictos es, para la letrada, un hecho más que palpable. Así, detalla que desde la finalización del confinamiento los procedimientos judiciales en esta área han estado a la orden del día. “No solamente aquellos que se encontraban suspendidos, sino los que se han generado con la propia situación vivida”. Al incremento de la litigiosidad se suma, además, la dificultad de celebrar presencialmente los juicios, traduciéndose todo ello en un inevitable atasco que sin duda alargará la resolución de este tipo de conflictos.

Acuerdos. La clave reside, por tanto, en apostar por otros métodos basados en la colaboración entre las partes, como puede ser la mediación o los acuerdos extrajudiciales. “Se trata de elementos que siempre han sido fundamentales, pero que se hacen aún más necesarios en la situación que estamos viviendo”, recalca Zabalgo.