La abogacía, en guerra por los juicios en agosto
La medida desata la polémica entre los letrados; mientras unos reclaman poder descansar, otros piden un esfuerzo
La apertura de los tribunales en agosto, periodo tradicionalmente vacacional en Justicia, ha desatado una gran polémica entre el sector jurídico. Esta medida, que establece la habilitación para todas las actuaciones judiciales (que se declaran urgentes) desde el día 11 al 31 de ese mes, fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros y se presenta como una de las soluciones estrella en la Administración de Justicia para retomar el pulso tras la Covid-19. Por otro lado, durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, habrá doble turno en los órganos jurisdiccionales. Además, el decreto establece una serie de medidas procesales, reiniciando el cómputo de plazos suspendidos y regulando procedimientos para agilizar ciertos asuntos, como el de familia y menores, así como de apoyo a la digitalización
Desde el inicio, los abogados mostraron su rotundo desacuerdo. Jueces, letrados judiciales y funcionarios tampoco ven con buenos ojos esta solución. Los profesionales del sector legal reprochan a Justicia no haber contado con ellos en la aprobación de esta medida. Por su parte, el Ministerio afirma que el texto es fruto del “diálogo constante y reforzado” con los operadores durante todo el estado de alarma. Junto con otros actores, señala, la Abogacía también ha participado en las reuniones de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el Covid-19. Estas reuniones se han mantenido, en esta cuestión, con los representantes de los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. El departamento reconoce que, si bien aprobó los términos del decreto, en el que se han acogido varias de sus propuestas, "mostró su disconformidad con habilitar parte del mes de agosto para dar salida a los procedimientos pendientes".
En estos términos, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) emitió un comunicado en el que manifestaba su rotunda oposición a la medida y la calificaba de “ineficaz”. Victoria Ortega, su presidenta, lamenta que el departamento dirigido por Juan Carlos Campo no haya valorado “otras opciones que podrían haber mejorado la eficiencia y el funcionamiento de los tribunales”, como la concentración de todas las vacaciones de los operadores de la justicia en el mes de agosto.
Precisamente, este es uno de los argumentos que enarbolan muchos letrados: o trabajan todos durante esas semanas o no servirá para agilizar lo pendiente. Abrir los juzgados en agosto, habilitándo esos veinte días para trámites judiciales, será, dicen, inoperativo porque el escalonamiento de las vacaciones de jueces, fiscales y personal dejará los juzgados a “medio gas” durante más tiempo.
Por otro lado, esta medida supone para los abogados (la mayoría autónomos o pequeños despachos) una pérdida directa de sus días de descanso hasta el año siguiente, ya que el mes estival es el periodo en el que se garantiza que no hay señalamientos ni actividad procesal. Con esta decisión, denuncian indignados, se vulnera su derecho al descanso y a la conciliación. Más necesario, si cabe, tras el aluvión de trabajo que han tenido como consecuencia de ERTE y otras situaciones relacionadas con la crisis.
Falta de medios
Otro de los argumentos en los que se escudan los profesionales es la inexistente dotación presupuestaria para hacer frente al reto. La Administración de Justicia arrastra una falta de medios, que impide agilizarla. Y ello, insisten, no se va a solucionar celebrando juicios en agosto o por las tardes, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente hay vistas fijadas para el 2023.
Justicia ha pedido un esfuerzo colectivo, pero abogados, procuradores y graduados sienten que ellos son los más perjudicados. Además, consideran que el sacrificio resultará inútil, entre otros motivos, porque muchos juicios se suspenderán por incomparecencia de testigos o justiciables.
“Lo que más echo en falta es la alusión concreta y clara a más medios personales”, afirma María Fernández-Hierro, abogada especializada en civil con despacho en Bilbao. Para la letrada, el plan hace aguas por la falta de concreción sobre refuerzo de personal. No se aclara si va a haber jueces sustitutos que cubran las vacaciones de los titulares. Tampoco cuándo van a poder poner sentencias si tienen vistas por las tardes e, incluso, los sábados. A ello suma “la situación de absoluta desventaja que tenemos en País Vasco, donde no está implantado el expediente digital”.
Otra cuestión que preocupa a los profesionales es que se garanticen las medidas necesarias para evitar contagios en los juzgados. El decreto prevé el establecimiento de turnos de trabajo, limitación de aforo y actuaciones telemáticas. Además, dispensa a los letrados del uso de la tradicional toga por motivos higiénicos (evitando así su préstamo). Un símbolo de la profesión que, para muchos, permite igualar a las partes y un correcto código de vestimenta en sala, por lo que abogan por su mantenimiento en un futuro.
Partidarios
Por otro lado, hay letrados que están a favor de habilitar agosto como solución a una circunstancia excepcional. Oscar Cano, abogado de familia y sucesiones, cree que en la profesión hay “una extensa clase media que necesita volver al trabajo” después de meses sin apenas ingresos ni ayudas. “Solo unos pocos pueden permitirse pensar en vacaciones”, afirma. En su opinión, es el momento de que el colectivo demuestre su vocación en la defensa del ciudadano y “arrime el hombro”.
La voluntad de colaborar en la reactivación tras el parón de estos meses no está en entredicho para Marina Guillén, abogada dedicada al Derecho penal económico (ámbito en el que agosto sí es hábil generalmente). “No podemos perder de vista que por encima de todo esto, se encuentra que se garanticen los derechos de los ciudadanos”. Ahora bien, Guillén cree que esta situación debe servir para abrir un debate sobre “la manera de garantizar el derecho de los profesionales a sus vacaciones y a la desconexión digital más allá del mes de agosto”. Entiende el malestar de sus compañeros, especialmente autónomos y bufetes pequeños, que no van a poder prever vacaciones o intercambiarlas con compañeros, como sí podrán hacer despachos profesionales con más personal.
Despachos grandes
En esta línea, Emilio Gude, socio del área de litigación de Ceca Magán, rechaza de plano que habilitar juicios en agosto beneficie a las firmas de mayor tamaño. Esta afirmación, explica, supone un desconocimiento de la realidad de estos bufetes, en los que el peso del departamento de procesal es muy inferior frente a áreas con más peso económico como fusiones y adquisiciones. “El 80 % de nuestros abogados no van al juzgado”, apunta. Tener que exigir más horas de dedicación al personal sobre casos ya “vendidos” es, al contrario, ineficiente y perjudicial. Tampoco existe rivalidad, añade, porque no compiten por los mismos clientes.
El letrado no cree que la habilitación parcial de agosto vaya a resolver el atasco por los juicios suspendidos durante el estado de alarma. En su opinión, "lo interesante sería que se concentraran todas las vacaciones en agosto y poder disponer de los otros dos meses a pleno rendimiento".
Competencia
Por último, los operadores creen que los avances no vendrán de legislar a golpe de decreto sino de un gran pacto para la reforma de la justicia. De hecho, la convalidación de la ley en el Congreso peligra, con PP y Vox en contra. Hay juristas que han rechazado la fórmula empleada para implantar esas medidas urgentes por modificar una ley orgánica mediante una norma de rango inferior. Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, muy crítico, cree que el Gobierno “ha invadido la potestad auto organizativa del Consejo General del Poder Judicial”, que podría plantear un conflicto de competencia. El artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), establece: "serán inhábiles los días dle mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones".