Wolters Kluwer abre un foro de debate sobre la reforma de la justicia

El espacio invita a todos los actores del mundo judicial a compartir sus ideas contra el colapso por la Covid-19

Wolters Kluwer abre un foro de debate sobre la reforma de la justicia
EFE

La declaración del estado de alarma por la Covid-19 del pasado 14 de marzo ha provocado una situación excepcional en la justicia. La crisis sanitaria ha obligado a reducir la actividad jurisdiccional al mínimo, ventilándose solo los asuntos más urgentes. Al mismo tiempo, para evitar perjuicios a los ciudadanos, se han suspendido los plazos procesales, de modo que multitud de asuntos han pasado a estar en una especie de estado de hibernación.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia están trabajando ya en una batería de medidas para paliar las consecuencias de un previsible colapso judicial cuando, una vez levantado el estado de alarma, los juzgados comiencen a tramitar los asuntos pendientes, a los que se sumen una avalancha de nuevos procesos por el aumento de la litigiosidad (sobre todo en mercantil y social).

Una situación incierta que sitúa a la justicia en un momento crucial en el que las aportaciones de los profesionales jurídicos son más necesarias que nunca. Con esta finalidad, Wolters Kluwer ha abierto un nuevo canal de debate para la confrontación de propuestas que permitan reanudar la actividad judicial con eficacia tras la crisis. La plataforma Plan de Choque de la Justicia se configura como una nueva sección en el Diario La Ley, publicación especializada en el mundo jurídico.

A través de este cauce, los juristas podrán compartir ideas, opiniones y criterios sobre cómo puede afrontar la justicia la crisis creada por la Covid-19, que ayuden a construir soluciones concretas. Los primeros trabajos publicados en la sección, coordinada por el letrado de la Administración de Justicia Álvaro Perea, apuntan ya algunas propuestas de reformas legales. El magistrado Vicente Magro considera necesaria, por ejemplo, la modificación de la ley de obligatoriedad de mediación para resolver conflictos civiles, teniendo en cuenta que la conflictividad se concentrará en materia de arrendamientos e incumplimientos de contrato. En el ámbito de los concursos de acreedores, el magistrado José María Fernández Seijo propone ampliar los plazos para la solicitud del insolvente, fijados ahora en dos meses, así como los plazos de responsabilidad de los administradores sociales.

La plataforma irá sumando aportaciones con la finalidad de alimentar el diálogo y construir las bases sobre cuál debe ser el futuro de la justicia.

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