Qué exigen las empresas para contratar un bufete
Los ‘in-house’ rechazan la facturación por horas e insisten en el valor de la confianza y especialización
Experiencia, confianza y profesionalidad son los factores que más valoran las asesorías jurídicas internas a la hora de externalizar servicios legales. Así lo muestra el último informe del Observatorio Legal de Deloitte Legal, que aporta datos sobre la realidad de estos departamentos en las empresas, así como los intereses de los abogados in-house cuando contratan un despacho.
La encuesta, que recoge la opinión de casi 240 compañías en España, apunta que nueve de cada diez organizaciones creen que la demanda de servicios legales crecerá o se mantendrá a lo largo de este año. Un nivel de actividad que, no obstante, no permite a los bufetes relajar la calidad y atención que ofrecen a sus clientes, dado el contexto de alta competitividad que se ha instalado en el mercado.
En este sentido, la mayoría de los in-house consultados por este diario ponen de relieve la importancia de los precios fijados a la hora de elegir una firma. Se acabó la tradicional facturación por horas. “Como principio general, buscamos presupuestos cerrados”, apunta Pedro Blanco, director de la asesoría jurídica interna en Airbus Defence and Space en España. Un modelo preferible, “sobre todo cuando el proyecto es largo y complejo”.
Sin embargo, no basta con que el bufete aplique este modelo, sino que “ha de explicar la eficiencia en el proceso”, apunta Eugenia Navarro, profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de Esade, quien remarca el valor de la transparencia a través de la especificación de las gestiones concretas que lleva a cabo la firma, ajustando los honorarios a la realidad de la misma. “Tan importante como el precio es el modelo de facturación”, insiste.
La encuesta de Deloitte Legal, no obstante, muestra que, para la mayoría de los letrados de empresa, el peso del precio cede ante otros factores como la calidad o la especialización.
Factor confianza
Los procesos de selección que llevan a cabo las asesorías jurídicas internas han variado en los últimos años. Así, el formato que se impone en los últimos años es el de la elección por concurso.
La empresa abre el proceso y los despachos interesados presentan su oferta. De entre ellos, el departamento jurídico selecciona los que más se adaptan a sus intereses o el que mejor puntuación global recibe.
Airbus, según explica Blanco, tiene elaborado un amplio panel con las firmas de abogados de cada país en el que opera la compañía. En función de las características del asunto, se elige a la que mejor se adapte al mismo. En el método de la compañía, la confianza juega un papel determinante porque, en caso de que hayan quedado satisfechos con el servicio prestado, pueden dirigirse al despacho y contratarlo de forma más directa.
Ejemplos como el descrito ponen de relieve el peso del factor confianza en la contratación del asesoramiento legal. No en vano, es el tercero de los aspectos más valorados según los encuestados.
Necesidades específicas
A la hora de elegir qué servicios se externalizan, las asesorías internas siguen diversos criterios. El primero es que el proyecto en cuestión exija unos conocimientos excesivamente técnicos con los que el equipo interno no cuenta. En esos casos se busca el asesoramiento de firmas especializadas y con amplia experiencia en la materia.
En esta línea, Navarro apunta que “las empresas se están segmentando”. Y pone de manifiesto la necesidad de los despachos de focalizarse no solo en sectores concretos de actividad, “sino también en un tipo específico de tarea”. A su juicio, la evolución que seguirá el mercado es que las asesorías jurídicas internas asuman cada vez más las labores de las que configuran el core business de la empresa y externalicen el trabajo más sofisticado y complejo, así como los procesos de estandarización.
Internacionalización
El perfil de la compañía (y las necesidades que ello conlleva) también ejerce una influencia determinante en la selección del bufete. Así, por ejemplo, las compañías que tengan sucursales en varios países tenderán a buscar un asesoramiento jurídico que pueda acompañarlas a las distintas jurisdicciones. Es el caso de Aena, que, tal y como relata su secretario general, Juan Carlos Alfonso, aprecia como requisito imprescindible la internacionalización del despacho. “Al afrontar una operación en el extranjero, es preferible trabajar con alguien que conozca la realidad de tu empresa”, indica; “es un factor que aporta mucha tranquilidad”.
Clara Cerdán, directora de la asesoría jurídica del grupo FerroAtlántica, añade a lo expuesto otro factor que permite elegir qué tareas se externalizan: la “tediosidad” o que ocupen un excesivo número de horas. “Puede tratarse de un asunto sencillo pero que nos exija muchísimo tiempo de trabajo”, explica. En estos casos, a pesar de contar con capacidad para asumirlo, les resulta mucho más rentable remitirlo a un despacho.
‘Compliance’
El barómetro también señala que el mayor riesgo legal al que se enfrentan en la actualidad las empresas es la dificultad para adecuarse a la legislación vigente. Además, el 54% de los encuestados identifica el compliance como uno de los principales campos en los que se concentrará la demanda de servicios legales en los próximos meses.
En este sentido, Cerdán incide en la importancia que ha adquirido el cumplimiento normativo, y no solo en el ámbito penal. En privacidad, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de plena aplicación desde el pasado 25 de mayo, ha disparado las obligaciones de las compañías. “El nivel de exigencia por parte de la empresa a la asesoría jurídica es altísimo”, indica. En estos casos, reforzar su trabajo con el asesoramiento “sólido” de un despacho es muy útil para “tener la certeza de que se está cumpliendo la normativa de la mejor manera posible”.
Valor añadido
La entrada de nuevos despachos internacionales, así como el desarrollo de los pequeños y medianos, ha provocado un cambio sustancial en el mercado. “Ha aumentado significativamente la oferta”, asegura Alfonso. El resultado es que, en un entorno de mayor competencia, las empresas han incrementado sus niveles de exigencia “tanto en calidad como en precio”. De hecho, la presión a la baja en los honorarios que llega desde los in-house es uno de los factores que más quejas suscita entre los abogados.
Por tanto, para destacar, a los bufetes se les exige que aporten valor añadido, atendiendo a las preferencias y peticiones de las compañías. “Lo que espero hoy de un despacho es que conozca mi negocio”, subraya Jorge Muñoz, responsable de la sección europea de la Association of Corporate Counsel (ACC), la mayor organización de abogados de empresa a nivel mundial, con más de 45.000 miembros en 85 países.
La accesibilidad en el trato, la transparencia en los procesos y la adopción de una estrategia acorde con la empresarial son otros factores valorados por los in-house. También la practicidad a la hora de aportar soluciones, que han de ser, tal y como remarcan varios de los consultados, “claras y concisas”.
Además, Muñoz resalta cómo las empresas cada vez valoran más la existencia de políticas en el despacho en materia de diversidad, igualdad o, incluso, ciberseguridad. “Es uno de los temas que más quita el sueño a las compañías”, señala Muñoz, quien incide en la relevancia de medidas de protección de datos y encriptación de las comunicaciones.
Otros datos relevantes
Igualdad. Cada vez más, las compañías españolas toman en consideración la existencia de políticas de igualdad dentro de los despachos, llegando a fijarlo como criterio en sus requisitos de contratación. De hecho, los anglosajones no solo abordan la discriminación contra la mujer, sino también la racial, por orientación sexual o contra los discapacitados.
Digitalización. De acuerdo con el informe del Observatorio Legal de Deloitte, menos de la mitad de las asesorías jurídicas internas cuentan con herramientas digitales para facilitar su desempeño, aunque el 63% pretende implantarlas el próximo año. De acuerdo con el informe, el impacto que supondría la implementación de estas medidas incrementaría el valor del servicio de los departamentos jurídicos en un 33%.
Falta de estrategia. Definir una estrategia es uno de los retos a los que se enfrentan las asesorías jurídicas. Así, solo el 44% tiene fijado un plan definido para este departamento. No obstante, esta tendencia no está presente en sectores como banca y finanzas, telecomunicaciones y tecnología.
Funciones internas. Las principales responsabilidades que asume la asesoría jurídica interna son: coordinación de asesores externos, gestión de conflictos y litigios y la gestión diaria de asuntos societarios.
Fiscal y procesal. Los asuntos referentes a las materias de fiscal y procesal son los que más tienden las empresas a externalizar, especialmente por las empresas con menor facturación. De hecho, más de un 70% de los encuestados acude a firmas jurídicas para resolver estos asuntos.
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