El juego online y su regulación en España, a debate
Todo indica que las autoridades españolas abordarán esta cuestión desde una perspectiva de equilibrio
Recientemente el gobierno italiano publicaba el "Decreto Dignità" que, entre otras cuestiones, prohíbe la publicidad de actividades de juego y apuestas. Además, a partir del 1 de enero de 2019 quedará prohibido también en Italia el patrocinio de eventos por parte de compañías operadoras de estas actividades. Justifica el gobierno italiano esta medida en la tutela de los derechos de los consumidores, así como en la adopción de medidas de lucha contra la ludopatía.
La posición conservadora del nuevo gobierno italiano no es compartida por las autoridades de otros países europeos, tampoco por España, que han optado por un enfoque más constructivo. Consideran que la protección de los usuarios no está reñida con las actividades de juego, siempre que esta oferta sea garantista y permita a los usuarios acceder a un entorno seguro y regulado, pero también atractivo. Esto es, se ha considerado que regular para proteger a los consumidores no debe significar necesariamente prohibir.
En España, en 2011, se optó por establecer un modelo de co-regulación en materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego. Para ello, la autoridad reguladora de estas actividades, la Dirección General de Ordenación del Juego, y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) establecieron un Código de Conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que ha regulado la publicidad de estas actividades desde entonces.
A este Código se han adherido casi todos los operadores de juego online de España, así como el resto de actores implicados en la publicidad de este tipo de actividades, ofreciendo un entorno regulado y transparente sobre el alcance y los límites que debe respetar la publicidad de este sector. Sin perjuicio de ello, la elaboración de un Reglamento sobre publicidad y juego responsable que supere el actual régimen de co-regulación, es una asignatura pendiente, sobre la que las autoridades están trabajando (ha habido ya varios borradores, si bien finalmente ninguno ha sido aprobado).
Hasta el momento, en la regulación del juego online en España se ha buscado permitir la oferta de este tipo de actividades en un entorno seguro y garantista (solo pueden ofrecer y publicitar actividades de juego operadores previamente licenciados), pero a su vez atractivo.
Este enfoque de equilibrio ha permitido un crecimiento continuo y consolidado del sector, garantizando el cumplimiento de los principios de juego responsable que eviten el acceso a menores o personas con problemas de adicción, así como el uso (o "abuso") de este tipo de plataformas para la realización de actividades fraudulentas.
Entre tanto, las autoridades españolas en materia de juego online han aprobado numerosas novedades los últimos meses: se ha publicado la tercera convocatoria de licencias que permitirá la entrada en el mercado de nuevos operadores; se ha aprobado la tan esperada bajada del impuesto del juego (el tipo de gravamen pasa de un 25% a un 20%), y se ha puesto el foco en el impulso económico de Ceuta y Melilla (donde el tipo puede llegar a bajar al 10% para los operadores basado en ese territorio), que podrían llegar a configurarse como una alternativa muy interesante a otros territorios, como Gibraltar, en los que tradicionalmente se basaban empresas comunitarias dedicadas al juego online, pero que podrán verse afectados por el Brexit. Todo ello sin perjuicio de una más que posible regulación de nuevas modalidades de juego, como son los fantasy games.
El 2018 está resultando ser un año muy interesante para la industria del juego en España, especialmente para el sector del juego online. Si bien la regulación de la publicidad de esta actividad aún queda pendiente, nada parece indicar que las autoridades españolas vayan a seguir el enfoque del gobierno italiano, limitándose a prohibir la misma y evitando abordar el tema en profundidad.
Todo indica que las autoridades españolas abordarán esta cuestión desde una perspectiva de equilibrio, entre la protección de las personas especialmente vulnerables y el legítimo derecho de los operadores licenciados a promocionarse.
Paula González de Castejón es Of Counsel DLA Piper, y Elisa Lorenzo es Senior Lawyer DLA Piper
