51.000 abogados de oficio para 1,8 millones de asuntos
La letrados reciben solo 133,5 euros por expediente Atienden al turno de oficio y a las víctimas de violencia machista
Hablar de Justicia Gratuita es hablar de un servicio público básico para el funcionamiento de la Administración de Justicia, especialmente en los ámbitos de la jurisdicción penal y de la violencia de género, en los que son muy numerosos los asuntos tramitados. Sin la prestación de este servicio, que ha supuesto en 2017 más de 1,8 millones de asuntos tramitados, no cabría hablar de Estado de Derecho.
Se trata de un derecho reconocido constitucionalmente en los artículos 24 y 119 de la Constitución española, y regulado por la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita. Como tal servicio público, es financiado por el Estado y por las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia. Prestado por los abogados que se inscriben voluntariamente en los diferentes turnos, después de cumplir los requisitos de formación preceptiva. Su organización administrativa descansa sobre la estructura, medios personales y técnicos de los 83 colegios de abogados.
El 12 de julio se celebra el Día del Abogado de Oficio, con tal motivo se presentó la XII Edición del Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-Wolters Kluwer. El referido informe recopila multitud de datos económicos del coste de este Servicio público: datos por comunidades autónomas, por jurisdicciones, por tipos de asuntos, por colegios etc. Es una radiografía detallada de la litigiosidad en este ámbito.
Según recoge la encuesta realizada por Metroscopia a los usuarios para el XII Informe justicia gratuita Abogacía Española-Wolters Kluwer, es un derecho bastante conocido por los ciudadanos, fundamentalmente con la denominación genérica de turno de oficio, que valoran especialmente bien la rapidez y eficiencia de la tramitación para su concesión. Para ser reconocido como beneficiario es necesario acreditar que se carece de recursos económicos suficientes, lo que dispensa del pago de honorarios de abogado y procurador, así como de los gastos derivados de peritaciones, fianzas, tasas judiciales, etc. En definitiva, exime del abono de todos los gastos del litigio en las diferentes jurisdicciones.
Pueden disfrutar del beneficio los ciudadanos españoles y nacionales de los demás Estados miembros de la Unión así como los extranjeros que residan en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos. También las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como las asociaciones de utilidad pública y fundaciones inscritas en el registro administrativo correspondiente.
El umbral económico, en el caso de las personas físicas, está fijado en unos ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen dos veces el Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples); dos veces y media cuando se trate de familias con menos de cuatro miembros y el triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros.
Rompen estereotipos
Lejos de los tópicos que remiten a un estereotipo de joven y poco experto, el promedio de edad es de 41,5 años, con una media de 13 años de experiencia y 3 años mínimo de ejercicio profesional. De los 144.212 letrados ejercientes en los 83 Colegios de Abogados, el 36% están adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. De ellos, más de 42.000 abogadas y abogados desarrollan su actividad profesional en Asistencia Letrada al Detenido y cerca de 23.000 están adscritos al Servicio de Violencia de Género. En el Servicio de Extranjería hay 10.672 abogados.
Durante el año 2017 el número de abogadas adscritas al Turno de Oficio ya representa el 48% lo que supone un incremento del 15% sobre los datos de 2016. Por otro lado, más de 20.100 abogadas atienden el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido. En violencia de género, el número de mujeres adscritas a este servicio supera con creces al de hombres, con 12.399 letradas –54% del total– frente a los 10.570 abogados registrados en el Servicio de Violencia de Género.
Servicio público
Este servicio público costó al Estado 243,2 millones de euros en 2017, atendiendo más de 1,8 millones de asuntos. De ello se desprende que la retribución media del abogado de oficio por cada asunto fue de 133,5 euros, y el coste para cada ciudadano, de 5,22 euros por año. La inversión total representa el 0,021 % del PIB nacional.
Cataluña en 2017, al igual que en años anteriores, es la comunidad autónoma que más invierte en justicia gratuita con 54,8 millones de euros lo que representa un incremento de casi el 3% con respecto a 2016. En segundo lugar, se encuentra Madrid con 40,3 millones y un incremento del 6%. A continuación se encuentran Andalucía que invierte 39,6 millones, Canarias y País Vasco ocupan los siguientes puestos Poniendo en relación la inversión de cada comunidad autónoma, con el número de ciudadanos, el resultado es que la mayor inversión en Justicia Gratuita por ciudadano corresponde a Melilla 19,81 euros y Ceuta 17,34 euros, seguidas de Cataluña 7,26 euros, Madrid 6,20 euros, ocupando las últimas posiciones, Murcia 3 euros y La Rioja 2,79 euros.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones propuestas por el Comité de expertos del Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-Wolters Kluwer, resultan destacables las propuestas de ampliación del servicio de orientación jurídica a las personas con discapacidad, a los presos y los menores en centros de internamiento. Por otro lado, ponen de relieve la necesidad de una regulación específica del Turno de Oficio en los supuestos de macro-procesos. Respecto a la asistencia letrada en sede policial en los supuestos de entradas masivas de inmigrantes, habrá de garantizarse que el letrado mantenga una entrevista personal y reservada con el extranjero con presencia de intérprete. Por último, hacen una valoración positiva de las medidas aprobadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en concreto la asistencia letrada a las víctimas antes y en la formulación de la denuncia con carácter preceptivo.
En los últimos años diversos ayuntamientos se han sumado al homenaje a los abogados de oficio, actualmente más de 30 localidades han dedicado alguna calle, plaza o jardín al abogado de oficio o al turno de oficio. Por su parte la ONCE se une a ese homenaje poniendo a la venta el 12 de julio el cupón que conmemora el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Con esa iniciativa cinco millones y medio de cupones de la ONCE divulgan la labor de los 51.300 abogados adscritos a este servicio público.
Las cifras de la justicia gratuita
- Retribución media. Los abogados de oficio cobran por cada asunto una media de 133,5 euros.
- Coste para el ciudadano. El coste de la justicia gratuita para cada ciudadano es de 5,22 € por año.
- Quejas. El número de quejas planteadas por los usuarios del Servicio de Justicia Gratuita en 2017 han sido 6.294, de las que 4.634 fueron archivadas y 228 acabaron convirtiéndose en expedientes sancionadores a abogados.
- Jurisdicciones. La jurisdicción penal duplicó en número de asuntos a la siguiente jurisdicción que ha sido la civil en datos de 2017, seguida por la contenciosa y finalmente la social.
- Violencia de género. En cuanto al número de designaciones para la atención de asuntos de violencia de género, en números absolutos aparece en primer lugar Andalucía, Madrid y Cataluña, cerrando ese listado La Rioja.
- Comunidades autónomas. Cataluña en 2017, al igual que en años anteriores, es la comunidad autónoma que más invierte en Justicia Gratuita con 54,8 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra Madrid con 40,3 millones y un incremento del 6%. A continuación se encuentran Andalucía que invierte 39,6 millones, Canarias y País Vasco ocupan los siguientes puestos.
- Inversión. La mayor inversión en justicia gratuita por ciudadano corresponde a Melilla, con 19,81 euros por ciudadano y Ceuta, con 17,34 euros. A continuación siguen Cataluña, con 7,26 euros y Madrid, con 6,20 euros. Ocupando las últimas posiciones, Murcia, con 3 euros por ciudadano y La Rioja, con 2,79 euros de inversión.