Los abogados del desafío independentista
Conocidos penalistas de Barcelona asesoran a implicados en la causa Han llevado casos tan mediáticos como el del 3%, que salpicó a CiU
La grave crisis política que han provocado los últimos pasos del independentismo en Cataluña tiene un importante componente jurídico; y es que, después de unas semanas calientes para los juzgados de guardia en Cataluña y Madrid, y la batería de denuncias y querellas por el proceso secesionista, parece que llega la hora de la justicia, que va a ser la gran protagonista de los próximos meses.
De entre las causas abiertas por el conflicto separatista, las que polarizan la atención ciudadana en estos momentos son, sin duda, las que implican a los miembros del Gobierno catalán de Puigdemont y a los miembros de la mesa del Parlament. Con este panorama, no hay duda de que la cuestión catalana se dirimirá, en parte, ante los tribunales. La hora dela justicia también será la hora de los abogados, que preparan ya su estrategia para conseguir que sus argumentos legales den, en última instancia, la razón a sus defendidos. Por el momento, la causa por la consulta independentista del 9-N ha centrado la atención en conocidos abogados penalistas de Barcelona.
Los abogados del 9-N
Durante el proceso por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el expresidente Artur Mas argumentó que el suyo se trataba un juicio político, sin base legal. Pero lo cierto es que su abogado, Xavier Melero Merino, le preparó a conciencia para la vista oral ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Suya fue la estrategia, compartida por el resto de letrados, de atribuir la responsabilidad por la organización de la consulta a los “voluntarios” del “proceso participativo”.
El perfil de este letrado es el de un experimentado abogado penalista. Socio director de Melero& Gené Abogados, pasó por otros bufetes de renombre, como Cuatrecasas, antes de fundar su propio despacho. La página web del bufete subraya que el letrado participa desde hace años en la dirección ante los “tribunales del Estado” en varios casos de gran relevancia.
El caso por el 9-N finalizó con la condena de su cliente, Artur Mas, por delito de desobediencia a dos años de inhabilitación especial y a pagar una multa de 36.500 euros. Sin embargo, el tribunal le absolvió del delito de prevaricación del que había sido acusado, pues, según el tribunal, permanecer en la desobediencia no suponía a la vez un acto prevaricador.
Xavier Melero también ha defendido a varios miembros de la familia Pujol, entre ellos a Oriol Pujol, investigado en el caso ITV y por el que será juzgado, junto a su mujer, por un tribunal popular. La estrategia del letrado fue aconsejar a su cliente un pacto con la fiscalía, que implica una pena de prisión de dos años y medio por tráfico de influencias, soborno y falsedad documental.
La defensa de Joana Ortega Alemany, vicepresidenta del Gobierno de Artur Mas y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, fue asumida por Rafael Entrena Fabré, socio director de Entrena Abogados, especialista en derecho penal y exvicepresidente del RCD Espanyol. Se da la circunstancia de que Joana Ortega le confió su defensa cuando ya era pública su relación de pareja. Tras el juicio oral, fue condenada, como cooperadora necesaria, a una pena de inhabilitación para ejercer cargo público de un año y nueve meses y una pena de multa de 30.000 euros.
Los jueces del referéndum del 1-O
Antonio Ramírez Sunyer. Titular del Juzgado de Instrucción n.º 13 de Barcelona. Dirigió la operación de la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, autorizando los registros y las detenciones de hasta catorce autoridades relacionadas con la preparación de la consulta soberanista. Ordenó el cierre de Referendum.cat, la web oficial creada por el Gobierno catalán para informar del referéndum del día 1 de octubre. Este veterano magistrado de 70 años, llevaba investigando siete meses la denuncia sobre la posible comisión de delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, denuncia presentada por Miguel Durán.
Mercedes Armas. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Asumió la investigación de la querella de la fiscalía contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros doce miembros del gobierno catalán por la convocatoria del referéndum del día 1 de octubre. Suya fue la orden de precintar los colegios electorales para evitar la votación de la consulta ilegal, que, en un principio, fue asumida por los Mossos d’Esquadra, pero que finalmente fue cumplida por Policía Nacional y Guardia Civil.
María Eugenia Alegret. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investiga la querella contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, el vicepresidente primero y los tres secretarios de cámara. Se da la circunstancia de que fue la magistrada que admitió la querella de Manos Limpias contra el expresidente Artur Mas.
Carmen Lamela. Titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional. Admitió la denuncia presentada por la fiscalía por delito de sedición contra Josep Lluis Trapero y Teresa Laplana, mayor e intendente respectivamente de los Mossos d’Esquadra, y contra Jordi Sánchez, presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. También fue la magistrada que ordenó la prisión sin fianza del exdirigente del FC Barcelona, Sandro Rosell.
Francisco Miralles Carrió. Titular del Juzgado de Instrucción n.º 7 de Barcelona, que investiga la denuncia presentada por la Generalidad de Cataluña por la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil durante el referéndum independentista. El juez ha abierto hasta veintiséis piezas separadas, una por cada colegio de Barcelona en el que se llevaron a cabo actuaciones.
El penalista Rafael Entrena inició su formación en el bufete Entrena Cuesta y, después de colaborar con varios despachos, constituyó su propia firma, Entrena Abogados, especializada en derecho administrativo y derecho penal económico. Ha sido, durante muchos años, profesor asociado de derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra.
Entrena dirige actualmente, junto a Joana Ortega, E&TConsulting, una consultora que asesora en cuestiones de transparencia a entidades públicas. Recientemente ha sido contratado por Antoni Vives, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, para defenderle en la causa por el conocido caso del 3%, en la que se investiga el pago de comisiones ilegales de empresarios a la antigua Convergència.
Jordi Pina i Massachs, abogado penalista y socio en Molins & Silva, fue el letrado defensor de Irene Rigau i Oliver, consejera de Enseñanza del Ejecutivo de Artur Mas, en el juicio por el 9-N. Su cliente fue también condenada por el TSJC, como cooperadora necesaria, a una pena de un año y seis meses de inhabilitación, y 24.000 euros de multa. En una entrevista en TV3, emitida el día siguiente al de la sentencia, Jordi Pina declaró que habían conseguido que no se produjera la “muerte política” de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Jordi Pina también ha asumido la defensa del presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, en la causa abierta ante la Audiencia Nacional por posible delito de sedición. En el caso de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, Marina Roig es la letrada que le defiende. Esta abogada especialista en derecho penal económico y derecho penitenciario, es socia fundadora del bufete Roig & Bergés & Martínez, de Barcelona. Marina Roig es presidenta de la sección de Derecho Penal del ICAB.
El abogado anunciaba entonces que recurrirían en casación ante el Tribunal Supremo, recurso que se formalizó posteriormente y en el que se alegó la conculcación de derechos constitucionales como la libertad ideológica y de expresión. Expresando su confianza en ganar este recurso, Jordi Pina aseguró que, de no ser favorable la nueva sentencia, acudirían en amparo al Tribunal Constitucional y, en última instancia, al Tribunal de Estrasburgo.
Como los demás letrados del caso 9-N, Jordi Pina también desarrolla una significativa labor docente, y es profesor de derecho penal y procesal de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Precisamente, en las últimas elecciones al decanato del ICAB celebradas el pasado 28 de junio, formó parte de la candidatura de María Eugenia Gay Rosell, actual decana, siendo elegido vicedecano del Colegio.
No hay que olvidar que la causa del 9-N también se dirimió ante el Tribunal Supremo. La abogada penalista Eva Labarta i Ferrer, se encargó de la defensa del entonces diputado Francesc Homs i Molist, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalidad, que no fue juzgado en el TSJC por su condición de aforado. La estrategia de la letrada en la vista oral fue similar a la de sus colegas, negando ante el tribunal que los actos revistieran un carácter delictivo. También la condena de Francesc Homs fue análoga: pena de inhabilitación de un año y un mes y multa de 30.000 euros por delito de desobediencia, quedando absuelto del delito de prevaricación.
Eva Labarta, especialista en derecho penal y criminalística, es intérprete y traductora jurídica franco-española, y ha sido secretaria de la Junta de Gobierno del ICAB y presidenta del Observatorio DESC, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tomó parte en la organización del referéndum del 1 de octubre al ser nombrada segunda suplente de la de la Sindicatura Electoral, aunque esta fuera posteriormente disuelta para evitar las importantes multas con las que el Tribunal Constitucional advirtió a sus miembros.
Las consecuencias jurídicas del proceso independentista continúan en la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por el uso indebido de fondos públicos. Los abogados de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, acudieron el pasado mes de septiembre a la sede del tribunal para formular sus alegaciones en este proceso por desfalco. Ese día se les dio a conocer el acta de liquidación provisional, un total de 5.251.948 euros a los que tendrán que hacer frente con su propio patrimonio los acusados, y que sus abogados han recurrido.
El gabinete jurídico de la Generalidad, a pleno funcionamiento
Las Administraciones autonómicas han ido perfilando sus propios cuerpos de letrados, funcionarios que realizan labores de asesoramiento y representación legal de la comunidad autónoma. En este sentido, Cataluña cuenta con un gabinete jurídico, responsable de la defensa legal del Gobierno y de su Administración. Los miembros de este gabinete son los asesores jurídicos dela Generalitat y entre sus funciones se encuentra la de elaborar estudios sobre doctrina jurisprudencial, así como la selección, recopilación y tratamiento de legislación, jurisprudencia y doctrina.
Este gabinete está dirigido actualmente por Francesc Esteve Balagué, abogado catalán especializado en derecho público, sobre el que pesa una querella por la compra de urnas para el referéndum.
Para afrontar las responsabilidades legales que se pudieran derivar de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, la Administración catalana cuenta también con los servicios jurídicos del Departamento de Interior, que se ocupan, entre otras funciones, del asesoramiento y la defensa penal en juicio de los miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra.
Los abogados adscritos a este departamento, cuya responsable es Marta Gordi i Aguilar, han asumido la defensa de Josep Lluís Trapero Álvarez, mayor de los Mossos, y de la intendente Teresa Laplana, por la acusación de sedición en la causa que investiga la Audiencia Nacional. También deberán defender a los Mossos por las diligencias abiertas por posible delito de desobediencia en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Seud’Urgell y en el Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida.
Por otro lado, la Generalitat dispone de un órgano consultivo, el Consejo de Garantías Estatutarias, una suerte de “tribunal constitucional” que vela por la adecuación a la Constitución y al Estatuto de las leyes catalanas. A su dictamen acudieron los parlamentarios de la oposición para evitar la aprobación de las llamadas leyes de desconexión.
Junto a los juristas del Consejo de Garantías, los letrados del Parlament han cuestionado las bases jurídicas del proceso independentista. En este sentido, el letrado mayor Antoni Bayona ha sido especialmente rotundo en sus informes.
